En lo que va de año, más de 18.000 personas han llegado en patera a las Islas Canarias y, actualmente, el número de personas migrantes que permanece en las islas asciende ya a 9.000. Las autoridades canarias han exigido al Gobierno español que ponga en marcha una política de derivaciones de forma inmediata.
En este contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su rechazo a ejecutar estos traslados, aduciendo que este traslado es "inaceptable" y que hay que "evitar que se establezcan vías de entrada irregulares a Europa".
A juicio de Miguel Urban, estas declaraciones han dado a entender que, "en virtud de la norma comunitaria, estos traslados no pueden ejecutarse". En este sentido, el eurodiputado recuerda que "desde la presidencia de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, se ha insistido en que no existe nada en el derecho de la Unión Europea que impida los traslados y reasentamientos".
De acuerdo a esto, Urban ha registrado la pregunta "¿Existe alguna disposición en el marco legal europeo que impida a los Estados miembro mover a personas migrantes dentro de su territorio?", con el objetivo de conocer el posicionamiento de la Comisión Europea. Urban recuerda que el Estado español es "soberano dentro de sus fronteras, en esta materia, y puede por tanto ejecutar traslados de las Islas a la Península".
El eurodiputado de Anticapitalistas ha criticado que "el Gobierno español está defendiendo una política migratoria que es la misma que hacen los gobiernos europeos con una clarísima política antimigratoria". En este sentido, ha advertido que "el Nuevo Pacto Migratorio quiere que las Canarias sean cárceles a cielo abierto".
Urban ha recordado que el Gobierno español "tiene potestad para trasladar a las personas dentro de su territorio, y de evitar que sigan viviendo de forma indefinida en tiendas de campana. Lo puede evitar. Está en su mano. No es competencia de la Unión Europea".
Sin embargo, "decide no hacerlo porque eso rompería el círculo vicioso formado por grandes empresas que se benefician de militarizar las fronteras y la clase política encargada de legitimar políticamente esa necesidad de 'protección'".
Asimismo, Urban ha denunciado que "no nos dejaron entrar ni en Barranco Seco ni en el CIE de Las Palmas, la semana pasada", recordando que "sí que pudimos entrar en otros campos, como el de Moria, en Lesbos, teniendo en cuenta que el Gobierno griego es ultraderechista".
"El Gobierno español defiende una política migratoria que es la misma de los gobiernos europeos con una clarísima política antimigratoria"
