La actual tramitación del Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA) de los centros de datos de Microsoft en Aragón va a permitir eludir a la multinacional el ICIO, uno de los impuestos más importantes para los ayuntamientos. Lo sorprendente de este ‘regalo’ se da cuando un estudio patrocinado por la tecnológica estima que hasta siete territorios, que no albergarán ninguna ‘nube’, tendrán una mayor contribución fiscal de la compañía sin necesidad de sufrir el consumo intensivo energético e hídrico de estas infraestructuras digitales. A todas estas ventajas, se suma también la habitual estrategia de elusión fiscal que realizan las grandes tecnológicas dentro de la Unión Europea, así como las multas y litigios con la Agencia Tributaria.
La Dirección General de Política Económica, encabezada por Javier Martínez Suárez, emitió en marzo un informe favorable para declarar el centro de datos de Microsoft en Puerto Venecia como inversión de interés general autonómico. Una de sus argumentaciones era “la obtención de una importante suma de ingresos en tasas e impuestos locales”, al mismo tiempo que en otros párrafos utilizaba datos económicos de un informe de la consultora International Data Corporation (IDC) financiado por la tecnológica. Pues este mismo informe estima que en siete comunidades autónomas, que no albergarán centros de datos, Microsoft haría mayor contribución fiscal que en Aragón. Estos territorios son Catalunya, Andalucía, País Valencià, País Vasco, Castilla y León, Galiza y Canarias. Cabe recordar, que la primera del ranking, Madrid sí alberga la Región Spain Central de la tecnológica desde 2024.
La financiación de este informe es una de las estrategias de marketing utilizadas por Microsoft tanto internacionalmente como en el Estado español. El infobrief de IDC carece de fuentes, informes u otras concreciones necesarias para tener una mínima rigurosidad. En el breve análisis metodológico final define esta contribución como: “Ingresos locales, autonómicos y estatales derivados de la fiscalidad sobre inmuebles, empleos e ingresos”. Según refleja el documento, esta cifra incluye conceptos como Impuesto sobre bienes inmuebles, IRPF, cotizaciones sociales, Impuesto de Sociedades o IVA.
La anulación del ICIO es arbitraria
La Dirección General de Política Económica emitió el pasado marzo un informe favorable para declarar de interés autonómico de interés general la ‘nube’ de Microsoft pese a no cumplir el requisito de impacto laboral. En la orden del Gobierno de Aragón, esta misma dirección también utiliza un argumento fiscal de forma muy torticera. El documento expresa literalmente sobre el proyecto: “Dará lugar a la obtención de una importante suma de ingresos en tasas e impuestos locales durante las próximas décadas, lo que repercute favorablemente en su capacidad económica, dotando a las entidades locales de recursos para acometer tanto la ampliación de los servicios existentes, como la implantación o mejora de los equipamientos necesarios”.
Lo que no explica esta argumentación genérica es que los impuestos a los que se refiere son el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), sin embargo nada dice del ICIO perdonado a la tecnológica. Lo relevante es que esta dispensa es una decisión totalmente arbitraria y caprichosa por parte del gobierno de Azcón, ya que la legislación existente ni cita este impuesto, ni exige su condonación. Esta práctica administrativa del ejecutivo aragonés se ampara en la competencia exclusiva en ordenación del territorio que se le otorga en los procedimientos especiales de los PIGA. Es un privilegio exclusivo para Microsoft y otras grandes multinacionales como Amazon en materia de construcción, del que carecen otras empresas, cooperativas o tejido productivo que sí impactan laboralmente y económicamente en las poblaciones locales.
Amazon se ahorró la cifra de 33 años de IBI e IAE en Villanueva
La relevancia económica de este impuesto para los ayuntamientos se puede comprobar con la llegada de la ‘nube’ de Amazon en Aragón. En su día el alcalde de Villamayor reclamó cobrar casi 3,5 millones de euros que le correspondería abonar a la multinacional por su implantación en este municipio. Lambán le hizo una oferta que no pudo rechazar, la presión mediática, y así llegar a un posterior acuerdo sin tanto foco para silenciar la legítima demanda del consistorio. ¿Cuanto se ahorró Amazon? Dando por correctas las cifras del alcalde sale un ahorro más que considerable. Villanueva cobra de Amazon anualmente 33.400,42€ por el IAE y 71.333,38€ por el IBI, sumando un total 104.733,8€. El ahorro del ICIO ‘regalado’ a Amazon sería similar a anular los impuestos del IBI e IAE durante más de 33 años.
Este regalo a las grandes empresas perjudica principalmente a las poblaciones más pequeñas que albergan estos centros de datos, ya que las tres capitales más populosas incluyen la posibilidad de bonificar este impuesto hasta un 95% a empresas que cumplan distintos requerimientos, siendo relevante el del impacto laboral. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, incluso se explícita esta casi rebaja total del ICIO en su Plan Fiscal de Atracción de Inversiones. Este regalo del ejecutivo aragonés es aplicado generalmente a todos los PIGA, independientemente de que se circunscriban o no a proyectos de centros de datos.
Pese a este abuso, pocas han sido las alcaldías que se han atrevido a plantar cara a las regalías del ejecutivo aragonés con las grandes empresas. Destaca la claridad de lo expuesto en un caso por las alegaciones realizadas a este respecto por el ayuntamiento de Pedrola: “La utilización generalizada de este instrumento especial de ordenación territorial puede vaciar de contenido las competencias urbanísticas que tienen atribuidas los municipios, vulnerando su autonomía”.
Por otro lado, el actual gobierno de Azcón ha heredado de Lambán las prácticas de presión a los ayuntamientos que se han atrevido a levantar la voz sobre la ‘alfombra roja’ a los PIGA para la llegada de centros de datos. El Ayuntamiento de Villamayor de Gállego, población que ya sufrirá el proyecto de Microsoft, se quejó en mayo de un nuevo PIGA en esta localidad promovido en esta ocasión por Azora capital. Esta entidad es una gestora de fondos de inversión fundada por dos exdirectivos de Banco Santander que creció al calor de sus inversiones inmobiliarias. A los pocos días de la queja del consistorio, el consejero de Fomento, Octavio López no dudó en abrir la puerta a una nueva ubicación si no llegaban a un acuerdo: "Intentaremos ayudar a la empresa a ubicarse en algún escenario que cumpla más o menos los requisitos que han establecido. Y si tenemos que rehacer el DIGA, lo reharemos, pero no vamos a permitir que se vaya una inversión de más de mil millones de euros". Cabe recordar que la mayoría de esta inversión solo beneficiará a la constructora que levantará el centro de datos y a la entidad de suministro eléctrico, no al ayuntamiento.
La estrategia de elusión fiscal en Europa
El objetivo fiscal de Microsoft es pagar la menor cifra posible y para ello no duda en utilizar el entramado societario más apropiado para sus intereses. Aragón, pese a sus regalías en el PIGA, se queda fuera de esta estrategia impositiva. El proyecto de la tecnológica es promovido por la compañía Microsoft 7724 Spain SLU, registrada en la Comunidad de Madrid, que tiene como socio único a Microsoft Ireland Operations Limited, que, a su vez, es una filial indirectamente participada por Microsoft Corporation, sociedad con domicilio en One Microsoft Way, Redmond (Washington).
En la última década, las multinacionales tecnológicas en Europa han utilizado una estrategia que permite facturar la mayor parte de sus ingresos desde otros países comunitarios. El truco consiste en inflar los gastos de la filial española mediante facturación interna al grupo, de modo que el beneficio (y los impuestos) se trasladen a países con fiscalidad mucho más baja, minimizando así el pago de impuestos en el Estado español.
Para frenar estos fraudes financieros, la Unión Europea propuso en 2023 una directiva sobre los precios de transferencia. Pero, esta medida no entrará en vigor hasta 2026, ya que los estados miembros tienen de plazo hasta el próximo 31 de diciembre de 2025 para transponer esta directiva a su legislación estatal. Entre otros aspectos, esta directiva, mediante la imposición de criterios homogéneos, pretende limitar las estrategias de elusión fiscal y traslado artificial de beneficios, prácticas habituales en grandes tecnológicas.
Hasta la fecha, la empresa tecnológica que ha recibido la mayor sanción en cuanto a impuestos por parte de la Unión Europea ha sido Apple. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sancionó a la multinacional a a pagar 13.000 millones de euros de impuestos. La tecnológica se benefició durante once años (2003-2014) de acuerdos fiscales especiales con Irlanda, conocidos como ‘tax rulings’, que le permitieron pagar una tasa impositiva extremadamente baja, llegando a ser en 2014 al 0,005% sobre sus beneficios europeos. Estos acuerdos permitían que la mayor parte de los beneficios generados por Apple fuera de Estados Unidos se registraran en filiales irlandesas, pero sin apenas tributar en ese país.
Registro mercantil en Madrid
A nivel estatal, su estrategia ha sido registrar la sociedad promotora del proyecto, Microsoft 7724 Spain, SL, en la Comunidad de Madrid. Este territorio aplica bonificaciones y reducciones fiscales muy superiores a las de otras comunidades, además de elusión de impuestos autonómicos. Así, entre otras medidas, la tecnológica se puede beneficiar de bonificaciones completas en impuestos como el de patrimonio, o también de un tipo de 15% en el impuesto de sociedades (un 10% menor del general) durante sus dos primeros años.
La multinacional acostumbra a guardar hermetismo sobre estas estrategias. El objeto social de Microsoft 77224 es la “prestación o el procesamiento de servicios de comunicaciones y telecomunicaciones, recuperación y entrega de información y bases de datos” según el Boletín del Registro Mercantil (Borme). No se conocen públicamente los beneficios de dicha sociedad, sin embargo sí que se han desvelado recientemente los obtenidos en 2024 por la otra entidad española vinculada a la multinacional norteamericana, Microsoft Ibérica. En el pasado ejercicio incrementó en un 21,4% su facturación y en un 47% su beneficio neto, curiosamente gracias a los servicios de la nube.
Ante este entramado es difícil determinar qué conceptos de la nube de la multinacional debería facturar cada una de estas dos entidades, ya que el objeto social de Microsoft Ibérica es: “La importación, exportación, producción, distribución, marketing y cesión de licencias de productos informáticos de software y hardware en su propio nombre y cuenta o en nombre y por cuenta de terceros”. Es el código numérico de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de donde se deduce que la entidad del proyecto en Aragón sería la más apropiada para facturar los servicios de los centros de datos. El de Microsoft 77224 (6311) se corresponde con “Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas”, mientras que el de Microsoft Ibérica (4651) pertenece a “comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos”.
Multas millonarias con Hacienda
Según pública Expansión sobre una auditoría de Deloitte, Microsoft Ibérica tiene abierto dos procesos de inspección del Impuesto sobre Sociedades. En el primero de ellos, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) suspendió la tramitación de una sanción de 8,57 millones, mientras se resuelve el proceso amistoso sobre una reclamación fiscal de 12,99 millones. El segundo está vinculado con una liquidación de la Agencia Tributaria de 8,95 millones de euros correspondiente al Impuesto sobre Sociedades de 2012-2014.
Con anterioridad, Microsoft ya ha sido condenada por los tribunales en varias ocasiones para pagar impuestos millonarios a Hacienda. En 2018 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional por la que debía pagar a la Agencia Tributaria 11,9 millones de euros por una investigación del Impuesto de Sociedades y también del Impuesto sobre la Renta de No Residentes de los ejercicios 2004 y 2005. En 2019 comenzó una negociación con Hacienda por el pago de 18,6 millones de euros tras investigar el Impuesto de Sociedades pagado entre los ejercicios 2007 y 2009.
