Un incremento hasta del 4% del PIB (2.685 millones de euros) y un aumento de hasta un 6% de empleos (más de 5.000) en Aragón durante el período del 2026 al 2030. Estos son los únicos datos cuantitativos en los que se ha basado la Dirección General de Política Económica, encabezada por Javier Martínez Suárez, para declarar el data center de Microsoft en Zaragoza como inversión de interés general para Aragón (DIGA), a tenor de una Orden publicada en el BOA.
Además de la opacidad y falta de fiabilidad de estos datos recogidos en un informe de la consultora International Data Corporation (IDC) y financiado por la multinacional tecnológica, cabe destacar que no cumplen con el requisito de impacto laboral para ser una inversión de interés para Aragón, ya que la legislación exige concretar el número de “puestos de trabajo directos equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual”.
La calificación favorable del informe de la Dirección General de Política Económica se conoció al publicarse en el BOA a finales de marzo la orden que dio publicidad a la declaración como “inversión de interés autonómico con interés general de Aragón” del proyecto ‘Nuevo Campus de Centros de Datos Microsoft’ en el municipio de Zaragoza, concretamente respecto al centro de datos que se desea ubicar junto a Puerto Venecia.
La DGA regala a Microsoft tiempo e impuestos
En la actualidad, el Gobierno de Aragón ya ha comenzado a tramitar el PIGA (Plan de Interés General de Aragón), lo que va a permitir a la multinacional tecnológica reducir a la mitad los tiempos de tramitación administrativa, además de ahorrarse una gran suma de dinero en impuestos. Para la tramitación de dicho PIGA era condición imprescindible que los tres centros del proyecto, La Muela, Villamayor de Galligo y Puerto Venecia, fueran con anterioridad declarados como inversión de interés autonómico y de interés general por el Gobierno de Aragón.
En las órdenes que dan publicidad a las Declaraciones de interés general del Gobierno de Aragón, las distintas direcciones generales emiten informes favorables como inversión de interés autonómico con interés general. Para ello, cada dirección expone, en su respectivo apartado, los argumentos que justificarían el correspondiente informe favorable.
Las únicas cifras reflejadas en la argumentación de la Dirección General de Economía Política son: “La promotora estima que la implantación del proyecto de inversión presentado, y posibles futuras expansiones, podría tener un impacto en el PIB de Aragón de entre el 2% y el 4% en el periodo de 2026-2030”, “De nuevo en base al informe de IDC referenciado en la documentación facilitada, se prevé un aumento estimado en la generación de empleos de entre el 2% y el 6%. Durante el período 2026-2030, se espera que la posible extensión cloud de Microsoft en la región España norte, podría crear más de 5.000 empleos (directos e indirectos)”.
Más allá de la cuestionable fiabilidad de las estimaciones patrocinadas por Microsoft, éstas no corresponden a los requisitos necesarios sobre impacto laboral que marca la ley. La Declaración como inversión de interés general para Aragón (una DIGA es previa y obligatoria para un PIGA) fija sus requisitos en el artículo 6.2 del Decreto-Ley de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica: “Para declarar de interés autonómico un proyecto inversor deberá considerarse su impacto en términos de creación en Aragón de puestos de trabajo directos equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual”.
Idéntico requisito indica el artículo 7.6: “Para otorgar la declaración de interés autonómico con interés general deberá considerarse su impacto en términos de creación en Aragón de puestos de trabajo directos equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual”. Sin embargo, la Dirección General de Política Económica se basa en una estimación en la que Microsoft mezcla empleos directos e indirectos sin diferenciar cifras.
Las mentiras de los empleos directos
Lo curioso de la orden emitida por el Gobierno de Aragón es que las estimaciones de empleo directo aparecen en la parte inicial del documento, no en las argumentaciones de la Dirección General de Política Económica, que es la responsable de emitir los informes sobre impacto laboral. Así, según el Decreto 2/2024 (art.8.e), es esta Dirección General la que debe valorar la “creación de nuevos puestos de trabajo” en relación “con los proyectos de inversión de interés autonómico”. En cualquier caso, lo más relevante de estas cifras es que vuelven a ser erróneas, en ocasiones por no ser nada realistas y en otras, por no delimitar correctamente la actividad económica que se circunscribe a los centros de datos.
En la orden se afirma: “Durante la fase de construcción, además de los futuros empleos directos creados, estimamos que se necesitarán entre 1.000 y 2.000 trabajadores (una media anual aproximada de 300-400 empleos) para completar el desarrollo del Campus en su totalidad”. Esta redacción equívoca trata de hacer pasar por empleos directos del sector tecnológico aquellos que en cualquier estudio similar se asignarían al sector de la construcción. Los puestos de trabajo directo son aquellos en los que se desempeña la propia actividad económica de los centros de datos de la multinacional, mientras que los indirectos se corresponden con los generados en otras empresas, como por ejemplo, la construcción de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sus servidores.
La otra falsedad laboral de la orden late tras la errónea estimación de empleos directos. El anuncio del Gobierno de Aragón expresa: “Una vez concluida la fase de construcción, se espera poder generar hasta 300 empleos fijos (estimados en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo) en la fase operativa del Campus”. La realidad, como se ha podido conocer tras la implantación de Amazón en Aragón, es que un centro de datos como los proyectados (llamados de hiperescala) apenas tiene un impacto local de entre 20 y 30 empleos (60-90 entre los tres centros).
Además, salvo algún cargo de gerencia o gestión, la mayoría de estos trabajos se subcontratan y son los peor retribuidos, ya que se refieren principalmente a funciones de reparación, mantenimiento y custodia (seguridad) de la infraestructura digital. El resto de empleos directos generados, los mejor retribuidos al necesitar mayor cualificación profesional, son en modalidad remota (sin necesidad de presencia física) y pueden desempeñarse fuera de Aragón. Es decir, no se circunscriben al territorio local, que es elegido únicamente por el acceso a energía y agua para el funcionamiento de los servidores que ocupan los centros de datos.
Falta de transparencia del informe de IDC
El informe de IDC patrocinado por Microsoft en que se apoya el Gobierno de Aragón carece de transparencia. En principio, la orden del ejecutivo aragonés alude al informe bajo el título de “Evolución de la Nube Microsoft en España 2026-2030: Impacto económico y social de una posible inversión de Microsoft en la nueva región España-Norte (2023)”. Pero ni en la web oficial de IDC ni en la de Microsoft existe rastro de ningún informe con el título citado en el BOA.
Por lo comprobado en la documentación pública de las dos empresas, el informe en que se basan las estimaciones de Microsoft se denomina en realidad: “Evolución del ecosistema cloud de Microsoft en España 2024-2030: Impacto económico y social de la apertura de las Nuevas Regiones Cloud de Microsoft en España”. Pero tampoco hay fácil acceso público a dicho documento. Para consultar este informe es necesario registrarse con datos personales y de empresa en un formulario de Microsoft.
