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Más de 54 personas candidatas a las elecciones locales de Colombia han sido asesinadas, amenazadas o han sufrido atentados

Ante esta situación, el europarlamentario por Podemos, Miguel Urbán ha liderado la iniciativa de hacer llegar sendas cartas a los embajadores de la UE en Colombia, y de Colombia ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea para pedir que se posicionen en contra de esta represión política y exijan que Colombia garantice un proceso electoral pacífico
| 4 octubre, 2019 11.10
Más de 54 personas candidatas a las elecciones locales de Colombia han sido asesinadas, amenazadas o han sufrido atentados
El uribista Iván Duque, nuevo presidente de Colombia.

El próximo 27 de octubre se celebrarán las elecciones locales, municipales y departamentales en Colombia. Según la Misión de Observación Electoral (MOE) desde octubre de 2018, cuando se inició la inscripción de las candidaturas hasta su cierre el pasado 27 de julio, hubo 43 precandidatos y precandidatas electorales víctimas de violencia, nueve de estas personas fueron asesinadas. Después del 27 de julio, con las campañas en firme, y hasta el 20 de septiembre la situación continuó agravándose y ya hay al menos 54 personas candidatas que han sido víctimas de violencia: siete han sido asesinadas, 6 han sufrido atentados, 2 han sido secuestradas y 40 han recibido amenazas.

Ante esta situación, el europarlamentario por Podemos, Miguel Urbán ha liderado la iniciativa de hacer llegar sendas cartas a los embajadores de la UE en Colombia, y de Colombia ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea para pedir que se posicionen en contra de esta represión política y exijan que Colombia garantice un proceso electoral pacífico.

Asimismo, se han presentado también amenazas colectivas a través de panfletos en varios departamentos del Estado, sin que hasta la fecha haya ningún resultado en materia de investigación. Entre ellas, Urbán destaca la recibida en el pasado 20 de septiembre contra varios partidos políticos (Partido Comunista, Unión Patriótica –UP-, Polo Democrático Alternativo, Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena Social –MAIS-, Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común, – FARC-), organizaciones sociales (Sindicato de Educadores de Caldas EDUCAL, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, -CPDH-CDS) y líderes sociales (Darío Eccehomo Díaz -candidato al concejo de Manizales por la coalición Alternativa), Nora Milena Contento, José Alejandro Peña, Laura Montoya, Rafael Betancurth, Eduardo Medina y Leo Ricardo García).

Según han trasladado las organizaciones implicadas, la situación es tan dramática que en algunos municipios incluso se ha considerado la posibilidad de cancelar las elecciones. De hecho, según la defensoría del pueblo, hay 402 municipios en riesgo de sufrir violencia política.

“Estos hechos se han producido en medio de un clima de violencia sistemática y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales”, señala en la carta a la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart. Las cifras que diversas instituciones oficiales y no gubernamentales han presentado sobre las agresiones contra defensores y defensoras son alarmantes e indican que Colombia “sigue siendo uno de los países más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos”, apunta la carta.

Según Indepaz, desde el 24 de noviembre de 2016 cuando se firmó el acuerdo de paz hasta el 20 de julio de 2019, han sido asesinadas 765 personas reconocidas como lideresas en sus comunidades, ex combatientes que se acogieron al proceso firmado en La Habana y algunos de sus familiares. El punto 2 del Acuerdo de paz cobijaba una serie de medidas bajo el paraguas de apertura democrática con el objetivo de fortalecer la participación de toda la población en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz; sin embargo, para Miguel Urbán, “este parece ser uno de los bloques que cuenta con una menor implementación”.

Lo mismo sucede con las medidas acordadas en el punto 3 del acuerdo en lo relativo a las garantías para la defensa de los derechos humanos; las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno son insuficientes, no oportunas y no integrales. “Persiste una visión de la protección basada meramente en medidas físicas, otorgadas por la Unidad nacional de Protección (que además ha sido al centro de varios escándalos de corrupción), y no en la prevención y abordaje de las causas estructurales de la violencia”, plantea la misiva.

Entre las medida que se solicitan en la carta se encuentra la petición al Gobierno colombiano de la renovación integral del mandato de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU por al menos tres años, como muestra de voluntad real de mejorar la crítica situación de derechos humanos, y la colaboración y cooperación multilateral, así como auspiciado por la Alta Representante Federica Mogherini. También insta a la Fiscalía General de la Nación a que adelante las investigaciones pertinentes que tengan como resultado el esclarecimiento de los hechos y la captura de los autores materiales e intelectuales y se solicite que se avance en la implementación del acuerdo, en particular en el punto 2 de participación política, y en las entidades creadas por el Acuerdo de Paz como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, o la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Por último, la carta pide que el Gobierno colombiano reanude los diálogos con la guerrilla del ELN.

4 octubre, 2019

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