Más de 400 entidades se oponen al Real Decreto que exime a los macro proyectos de renovables evaluaciones ambientales

Los art. 22 y 23 de este Real Decreto vulneran las normativas europeas. Las principales entidades ecologistas pierden la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones.

Congreso español para ilustrar las renovables | Foto: Ángel Giménez.
Congreso español | Foto: Ángel Giménez.

Este martes 24 de enero del 2023, en sesión extraordinaria, el Congreso español convalida el Real Decreto Ley 20/2022. Los artículos 22 y 23 de este RDL permiten que los MACRO proyectos de renovables de más de 50 MW no estén sujetos a ninguna evaluación ambiental y su aprobación por silencio administrativo.

Cerca de 400 entidades de todo el Estado español, vinculadas a los territorios afectados, asociaciones ecologistas y ayuntamientos han mostrado ya su oposición en un documento conjunto publicado en macrorenovablesNO.org.

Este movimiento lucha por la justicia climática, y apoya una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético distribuido y justo. Advierten que el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición en la actualidad favorece a las promotoras, anula a la ciudadanía, promueve la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad.

Representantes y vocales de las diversas entidades ciudadanas y ecologistas acudirán al Congreso a entregar este documento a los diputados y diputadas, y a manifestar su oposición a un modelo que pone en peligro su modo de vida y sus actividades, así como el patrimonio ambiental y cultural de estos territorios.

El Real Decreto 20/2022 no se ajusta a las normativas europeas. Vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana y priva incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones.

La aprobación del Reglamento europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre, precisamente establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica. “Condiciones cruciales que han sido obviadas en este Real Decreto 20/2022. La desprotección ambiental, la inseguridad jurídica y el agravio comparativo están servidos”, denuncian desde Paisajes de Teruel.

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