Más de 150 entidades presentan una proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda

En este momento y con los apoyos parlamentarios que ya se han comprometido a respaldarla, sólo la negativa del PSOE impide que el Derecho a la Vivienda pase a estar protegido con todas las garantías

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Presentación de la ley. Foto: Sindicato de Inquilinas.

En la mañana de este jueves, 150 entidades y nueve grupos parlamentario han registrado en el Congreso español la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, una ley elaborada por la ciudadanía en un ejercicio de defensa propia ante la sistemática vulneración de este Derecho por parte de los poderes públicos del Estado español.

Esta Propuesta de Ley ha sido elaborada por organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años trabajando sobre el terreno la problemática de la vivienda ante la falta soluciones y la escasez de recursos por parte de la administración pública, y cuenta con el respaldo de más de 120 organizaciones de todos los ámbitos: sociales, sindicales, juveniles, de pensionistas y de consumidores.

“Nuestra Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada afronta los diferentes aspectos que se deben abordar si se quiere garantizar el Derecho a la Vivienda y resolver la crisis habitacional que arrastra nuestro país”, señalan en un comunicado.

Para su registro, se ha contado con el apoyo de los partidos políticos Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG, que han comprometido con sus firmas el apoyo tanto a esta ley, como a las medidas que contiene.

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Las entidades junto con representantes de los partidos políticos que apoyan la ley frente al Congreso español. Foto: Sindicato de Inquilinas.

Un paso adelante frente al bloqueo del PSOE

La elaboración y el registro de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda se da frente al inmovilismo de un PSOE que prometió la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para el pasado mes de febrero y que también ha incumplido su compromiso con la sociedad y con sus socios de Gobierno de regular el alquiler e impedir los desahucios. Un compromiso que le permitió aprobar los presupuestos 2021.

“Pero esta ley no surge de un conflicto entre socios, sino de un conflicto social que enfrenta a poderosos lobbies financieros e inmobiliarios que ven en la vivienda una forma de especulación y enriquecimiento, con el resto de la sociedad”, señalan desde la organización

En los primeros 6 meses de 2021 se han acumulado 22.532 desahucios a pesar de las medidas especiales de protección por la pandemia confirmando para las entidades el carácter sistémico de la emergencia habitacional que sufre el Estado español.

Y precisamente, el Estado español es uno de los lugares del mundo en los que las familias destinan mayor proporción de sus ingresos a pagar el alquiler a causa de las desproporcionadas subidas durante los últimos seis años, hecho que ha generado un empobrecimiento sistémico en los hogares inquilinos.

Por todo ello, las organizaciones que defienden la vivienda han dado un paso adelante y han registrado esta ley para garantizar la protección del Derecho a la Vivienda: “Este gesto lo hacemos acompañadas de una gran mayoría social representada a través de más de 120 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, de pensionistas, de consumidores... en definitiva con una transversalidad tan amplia como lo es este Derecho”.

El contenido de la ley

Esta ley se desarrolla en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado español en materia de Derechos Humanos, así como del propio mandato constitucional, para garantizar el Derecho a la Vivienda y eliminar las trabas que impiden a cientos de miles de ciudadanas el acceso a una vivienda adecuada y digna.

La Ley que han registrado se estructura en nueve títulos, con un total de 94 artículos, en los que se establecen las bases para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Como aspectos fundamentales se establece el Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo exigible para asegurar su protección, y se establecen nuevas garantías judiciales muy definidas para evitar el abuso de Derecho contra los habitantes susceptibles de desahucio, lo que ha sido condenado reiteradamente por los Tribunales de Justicia Europeos y el Comité DESC de Naciones Unidas.

En materia de desahucios, la ley prohíbe los desahucios a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado, y obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el desahucio.

Se prohíben expresamente los desahucios con fecha abierta y se legislan diferentes medidas para evitar el sobreendeudamiento, como son la dación en pago y se limita la responsabilidad al bien hipotecado incluyendo mayor efectividad a una segunda oportunidad y lograr dejar atrás la ley hipotecaria injusta que se ha llevado por delante el sueño de miles de familias y de sus avalistas.

En materia de alquileres, la ley presentada implementa una regulación de los alquileres flexible en base a un índice de mercado con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población.

Así mismo, la renovación automática y obligatoria de los contratos de arrendamiento siempre y cuando el inquilino o inquilina haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no precise de la vivienda para disfrute propio o de un familiar. Los honorarios, serán siempre a cargo de la parte arrendataria.

Sinhogarismo

En el ámbito del sinhogarismo, la Ley establece el Derecho a la Vivienda como Derecho subjetivo y garantiza la protección inmediata en alojamientos adecuados para toda persona que caiga o se encuentre en situación de sinhogarismo.

En cuanto al parque de vivienda pública, con el objetivo de protegerlo y ampliarlo se prohíbe su venta y se fija un objetivo de solidaridad urbana del 20% antes del año 2050 para movilizar vivienda mediante diferentes herramientas como son la cesión obligatoria, el tanteo y retracto de grandes tenedores como puede ser la SAREB y entidades financieras rescatadas con dinero público en 2009.

Así mismo se garantiza el acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial.

Para finalizar la Ley desarrolla la participación ciudadana en políticas de vivienda y se aborda el régimen de control y sancionador para desarrollar las diferentes medidas explicadas.

“Este conjunto de medidas estructurales son necesarias para revertir un modelo anti social de vivienda basado en el trasvase sistemático de dinero público a bolsillos privados, sin generar ningún valor al patrimonio público (la libre especulación) que ha llevado a decenas de miles de personas a perderlo todo ante la inacción de los diferentes Gobiernos”, señalan desde las entidades que han presentado la iniciativa.

En este momento y con los apoyos parlamentarios que ya se han comprometido a respaldarla, sólo la negativa del PSOE impide que el Derecho a la Vivienda pase a estar protegido con todas las garantías.

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