Este miércoles ha tenido lugar la segunda reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Ambos líderes han calificado dicha reunión como “positiva”, pero poco más que añadir. La única novedad es la fecha marcada por Rajoy, el próximo 17 de agosto, para que la Ejecutiva del PP vote el documento presentado por Ciudadanos y que incluye las seis condiciones impuestas por la formación naranja. Por lo demás todo sigue igual.
La reunión ha terminado sin que el líder Popular pusiera fecha para el debate de investidura, algo que Rivera exigió el pasado martes cuando presentó el documento. Y ya van cuatro reuniones de las que Rajoy sale sin dar una fecha concreta para dicha celebración. Algo, que por otra parte sí que le exigieron de manera contundente a Pedro Sánchez cuando intentó formar gobierno en su día, entonces advertían que el PSOE vulneraba la Constitución. Parece que ahora no es así.
Por otra parte, cabe recordar que las condiciones impuestas por Ciudadanos y a las que supedita su apoyo a Rajoy, no lo ponen en ningún aprieto, porque para que varias de esas condiciones se cumplan se necesita el apoyo del PSOE. Por ejemplo, la reforma de la ley electoral o la petición de poner fin a los aforamientos, modificaciones para las que habría que reformar la Constitución. Por lo tanto Rajoy, o en este caso el Comité Ejecutivo, puede dar luz verde a este documento pero ya está, sin más, no los comprometen a nada.
En cuanto a la exigencias en materia de corrupció, la situación es sin duda llamativa. Ciudadanos exige que los cargos políticos investigados abandonen sus cargos y no formen parte de las listas electorales. Pero la formación liderada por Albert Rivera olvida, o no, que el Partido Popular se encuentra en estos momentos imputado, ahora se denomina investigado, como responsable civil subsidiario en la Trama Gürtel y procesado por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Es decir, por un lado exige al Partido Popular que aparte de sus listas a los cargos investigados, pero por otro está dispuesto a dar su apoyo a un partido imputado por los tribunales de justicia. Circunstancias que denotan una absoluta incoherencia.
Al mismo tiempo llama la atención que Rita Barberá, senadora del Partido Popular, tenga que votar el próximo 17 de agosto si se muestra a favor de estas medidas, ya que podría ser imputada por el Tribunal Supremo en las próximas fechas, un hecho cuanto menos curioso. Además, otra de las condiciones presentadas por Rivera consiste en establecer una comisión de investigación para dirimir responsabilidades sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Una situación más de incoherencia por parte de Ciudadanos. De nuevo olvidan, o no, que para poner en marcha dicha comisión bastaría con ponerse de acuerdo con PSOE y Podemos. Simplemente con la suma total de los votos la comisión de investigación saldría adelante.
Por lo demás, la reunión de hoy entre los dos líderes ha dejado muchas respuestas pero las mismas preguntas. No tenemos fecha de investidura y lo que es más importante, Rajoy ha vuelto a señalar que sin el apoyo o la abstención del PSOE no se presentará al debate de investidura, o lo que es lo mismo, iremos camino de unas terceras elecciones.
Mientras tanto, el líder Popular se marcha de puente y hasta que no vuelva no va a dar más explicaciones, según han indicado desde su partido. Y por otro lado, poner fecha para una posible investidura se complica, ya que a primeros de septiembre el presidente en funciones tiene un viaje a China para reunirse con el G20, y a mediados del mismo mes comienzan las campañas electorales en Euskadi y Galiza.
El tiempo pasa. Y hasta ahora, aquí nadie habla sobre el establecimiento de algún tipo de medida social que sirva para aliviar el sufrimiento de una parte de la ciudadanía, no poca, que continúa pasándolo mal. Porque no tiene trabajo, porque no llega a final de mes, porque tienen un aviso inmediato de desahucio o bien porque la Sanidad Pública ya no es tan pública. Menos mal que la principal preocupación de los dos líderes es hacer lo que haga falta por el bien de la ciudadanía, menos mal.