Mariano Rajoy castiga a Aragón estrangulando su economía pública

El PP, a pesar de ejercer el gobierno del estado español en funciones, con carácter transitorio y temporal, pretende estrangular la economía pública aragonesa como represalia a la salida de su comilitona Rudi de la presidencia de la DGA e incumpliendo, o sorteando, la ley

Representantes del PP en Aragón junto al ministro español Montoro

El gobierno neoliberal de Mariano Rajoy va a cerrar su legislatura al frente del gobierno del estado español represaliando sectaria y partidistamente al Gobierno de Aragón.

A pesar de que diferentes portavoces del ejecutivo del estado español han justificado su carácter ‘en funciones’ para negarse a comparecer ante el congreso español y dar cuentas de sus actos, el ministro Montoro sí parece contar con plenas competencias para castigar a la DGA, sometiendo su presupuesto para el pago de facturas a proveedores a la intervención y control de la administración española sobre la aragonesa.

Si nos fijamos en la lista de los territorios que incumplen el déficit público, podemos ver por ejemplo, que Catalunya con un 2,70%, País Valencià con un 2,51% o Murcia, con un 2,52% están por encima del déficit alcanzado por Aragón, un 2,13%. Sin embargo el criterio para imponer sanciones y bloqueos no parece ser el mismo para todos los territorios.

Así, el Presidente del Gobierno, Javier Lambán, asegura que Aragón “no va aceptar más recortes” y que “vamos a dar una respuesta legal, institucional y contundente a los recortes draconianos que anuncia el señor Montoro”.

En una carta remitida por el Ministerio español de Hacienda a la DGA, se le exige la paralización de 202 millones de euros en créditos, obligando así al ejecutivo presidido por Lambán a efectuar recortes por dicho valor.

En respuesta a las exigencias del estado, Lambán señala que “las autonomías no pueden más, están asfixiadas y próximas a cerrar los servicios que prestan”. El margen de maniobra con el que se cuenta es mínimo, y deja claro que todo el peso para el cumplimiento del déficit ha recaído una vez más sobre los diferentes territorios del Estado español, o lo que es lo mismo, sobre el gasto en bienestar social y en inversión productiva. Con las políticas económicas neoliberales solo se libran de recortes los pagos de deuda e intereses a la banca.

El consejero aragonés de Hacienda, Fernando Gimeno, ha declarado que no habrá “ningún recorte” y mucho menos en “políticas sociales”. La solución según Gimeno pasa por modificar la cantidad de dinero destinado a las partidas dentro del propio presupuesto. Esto supondrá necesariamente contar con un nuevo acuerdo entre los partidos que dan soporte al ejecutivo, y está por ver que CHA y Podemos acepten, sin más, las modificaciones que Gimeno prevé realizar en las cuentas públicas aragonesas.

El estado español incumple reiteradamente el Estatuto de Aragón y obvia a la comisión bilateral

Si bien es cierto que ha sido la gestión económica de los diferentes gobiernos aragoneses , tanto del PSOE como del PP (especialmente tras la desastrosa gestión económica de Rudi, recortando en servicios sociales mientras disparaba la deuda pública), lo que ha llevado a Aragón a incumplir sistemáticamente los objetivos de déficit impuestos desde Madrid a requerimiento de la Troika (UE, FMI y BCE),  no es menos cierto que el sistema de financiación autonómico español ha sido, y es, injusto e insuficiente para atender los servicios públicos aragoneses.

El sistema de financiación aragonés es un proyecto inacabado, a caballo entre un sistema federal, con matices forales, y una constante inclinación del estado por intervenir en los presupuestos.

En este contexto de imposiciones y reprimendas desde el estado español hacia Aragón, es importante destacar que el PP obliga a cumplir la ley solo cuando le interesa políticamente, y solo aquellas leyes que le interesa en cada momento.

Se da la paradoja de observar como Montoro y el PP obligan a cumplir con la FLA (siglas de la normativa que regula el Fondo de Liquidez Autonómica), una  ley ‘menor’, básicamente un decretazo del gobierno de Rajoy, mientras retrasan sine die el cumplimiento de Leyes Orgánicas de mayor rango jurídico, como el propio Estatuto de Aragón.

En su artículo 109, el Estatuto de Aragón vigente, establece que una Comisión Mixta de Asuntos Económico- Financieros entre España y Aragón será el órgano bilateral de relación entre ambas Administraciones en las materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas y dentro del marco establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas”, y que a tal efecto, “le corresponde la concreción, desarrollo, actualización, seguimiento y adopción de medidas de cooperación en relación con el sistema de financiación, así como las relaciones fiscales y financieras entre ambas Administraciones,…,” .

Entre otras cuestiones esta Ley Orgánica (de mayor rango por tanto que la usada por Montoro para azuzar a la DGA) establece que corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económico- Financieros entre España y Aragón: Acordar el alcance y condiciones de la cesión de tributos de titularidad estatal y, especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de los tributos estatales cedidos parcialmente. Establecer los mecanismos de colaboración entre la Administración tributaria de Aragón y la Administración tributaria del Estado, así como los criterios de coordinación y de armonización fiscal de acuerdo con las características o la naturaleza de los tributos cedidos.

También establece la obligatoriedad de “negociar el porcentaje de participación de Aragón en la distribución territorial de los fondos estructurales europeos. Estudiar las inversiones que el Estado realizará en Aragón. Acordar la valoración de los traspasos de servicios. Establecer los mecanismos de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado que sean precisos para el adecuado ejercicio de las funciones de revisión en vía económico-administrativa.

Y destaca el apartado que dice “…proponer las medidas de cooperación necesarias para garantizar el equilibrio del sistema de financiación que establece el presente” Estatuto de Aragón. Los gobiernos españoles, especialmente el actual y en funciones del PP, han incumplido sistemáticamente estos preceptos legales, condenando a la economía pública a un déficit estructural.

Una vez más se hace cierta la mazada que resume las políticas económicas neoliberales, que ejercen su presión siempre recortando derechos a los débiles para sostener los privilegios de los poderosos: La Ley del embudo, lo ancho para mi y lo estrecho para ti.

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