El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha retomado este lunes los trabajos de construcción del embalse de Mularroya, después de que el pasado mes de diciembre se aprobara el proyecto que respondía a los condicionados de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), o lo que es lo mismo, que las decisiones políticas, saltasen los diversos obstáculos impuestos por la justicia al no cumplir la obra con los requisitos ambientales necesarios.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha trabajado siempre por sacar adelante el embalse. Finalmente, tras declarar la obra de interés público de primer orden, perdonaba a la obra la obligación de acometer una serie de medidas previas que compensaran los daños que el embalse va a producir en la Red Natura 2000 de espacios protegidos.
La construcción del pantano de Mularroya ha tenido numerosos reveses judiciales que han paralizado las obras. Incluso la Comisión Europea instó al gobierno español ha no retomar las obras, sin embargo, la declaración de interés público, ha permitido que las obras se reinicien este lunes.
La construcción del embalse, el azud, el túnel y el resto de obras previstas, afectan directamente a una zona ZEPA, Desfiladeros del Jalón, y a cuatro LIC incluidas dentro de la Red Natura 2000, sin que se hayan establecido, en la evaluación de impacto ambiental, medidas suficientes para corregir los efectos irreversibles que producirán las obras proyectadas. La declaración de interés público de la obra, exime de estas correcciones.
El embalse de Mularroya, es una de las obras previstas en el Plan Hidrológico del Ebro y en el Pacto del Agua de Aragón, y según Magrama "son claves para el mantenimiento del sector agrícola del bajo Jalón, ya que tienen como objetivo incrementar la regulación del río, mejorando la garantía de suministro para el regadío del medio y bajo Jalón y el abastecimiento y usos industriales, lo que permitirá fijar la población del entorno".
Sin embargo, uno de los puntos débiles de la construcción de Mularroya es el precio que las explotaciones agrarias tendrán que pagar por el agua de este pantano. Según los datos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, teniendo en cuenta el caudal del Jalón y la capacidad del túnel de trasvase, en el mejor de los casos, el pantano no se llenaría más allá de un 51%. Y, con las hectáreas que refleja el proyecto, los agricultores tendrían que pagar 1.300 euros por hectárea y año, algo que parece inasumible para cualquier explotación agraria.
Los trabajos, ya reiniciados, se centran en el saneamiento de la arcilla del núcleo de la presa, construida en la primera fase de obras. Después, según el Ministerio, se continuará con la elevación del cuerpo de presa que, antes de la suspensión de los trabajos, en marzo de 2013, había alcanzado los 38 metros, un 45,5% del total de la presa y se había cumplido con el 65% del presupuesto total.
La presa, de materiales suelos y ubicada en los términos municipales de L'Almunia, Chodes y Ricla, permitirá un volumen de embalse de 103,3 hectómetros cúbicos, con una altura sobre cimientos de 82,58 metros. Junto con los trabajos en la presa, y hasta que se ejecuten las medidas compensatorias para cumplimiento de la DIA, también se ejecutarán las dos variantes de carretera incluidas en el proyecto: la de la N-IIa (entre los puntos kilométricos 262 y 270) y la autonómica A-2302 (entre los puntos kilométricos 2 y 7).
Puyalón de Cuchas: "no hay ninguna novedad real que permita la reanudación de las obras del pantano"
Desde Puyalón recuerdan que el inicio de las obras, comunicadas por el Ministerio en una escueta nota, se realiza
tras recibir numerosos reveses judiciales que obligaron a su paralización. El Gobierno español, valiéndose de unos informes sobre unos supuestos riesgos, de no reanudarse la obra.
Alejandro García, Coordinador de Puyalón en Valdexalón, ha considerado “inadecuado que un gobierno en funciones adopte una decisión de tanto calado económico, social y judicial. Lo interpretamos como una decisión política de Tejerina ante las presiones económicas de una minoría. Un caso más de actuación a hechos consumados despreciando las sentencias judiciales y vulnerando los derechos cívicos básicos, provocando indefensión.”
En referencia a los informes de supuestos riesgos si no se acaba la obra Alejandro García afirma “que no hay ninguna constancia histórica de avenidas del río Grío, lo que sí hay es riesgo, reconocido por el ministerio, de inundación para Ricla si se produce una rotura de la presa.”
García señala que “el Ministerio está dando unos datos engañosos buscando la aprobación social. Dicen que se ha gastado el 65% del presupuesto pero obvian la obra de mayor envergadura técnica y económica que es el trasvase del Jalón, obra que dejará ocho pueblos ribereños sin agua”.
Desde Puyalón apoyan la decisión de Jalón Vivo de recurrir judicialmente "un proyecto que no soluciona los problemas del anterior, confiando en que nuevamente se va a volver a ganar". La sentencia del Tribunal Supremo fue muy contundente con el ministerio y el sindicato central del Jalón, a los que llegó a decir que intentaban la
"desobediencia disimulada" y era muy crítica con todo el proyecto, que apenas han cambiado. La declaración de obra de interés general de primer orden está pendiente de la aprobación europea definitiva, desde donde se observa con atención como retuercen desde Madrid el espíritu de la directiva de hábitats.