Los grupos ecologistas exigen a la DGA la suspensión de las cacerías tras las muerte de la osa Sarousse

Desde FCQ, Fondo Natural, Ecologistas en Acción, ANSAR, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y WWF-España esperan los avances en la investigación judicial no descartan presentarse como acusación particular en el caso. La práctica cinegética se sigue autorizando y justificando, “sin ninguna base científica, como actividad esencial para el control de plagas".

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Joaquín Olona, Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Foto: Cortes de Aragón.

El domingo fue un día muy duro y triste para la conservación del oso pardo en los Pirineos y para quienes aman la naturaleza. Desde hace años los grupos ecologistas vienen advirtiendo y denunciando la inacción y falta de gestión del Gobierno de Aragón, con esta especie en peligro de extinción y en particular con la osa Sarousse abandonada a su suerte durante años.

Todo esto ha desembocado en la trágica muerte de la osa Sarousse por el disparo de un cazador, en el Pirineo aragonés, en el mismo día que también se ha producido la muerte de otra osa en montañas de Palencia durante una cacería de jabalí. Los sucesos son de una gravedad intolerable para una sociedad avanzada y comprometida con la conservación de la naturaleza.

Por todo ello, desde los grupos ecologistas firmantes piden al Gobierno de Aragón la suspensión cautelar de todas las cacerías de jabalí en zonas con presencia de oso por ser las que mayor número de accidentes con osos generan y ser por tanto incompatibles con su conservación. Además, para el resto de prácticas cinegéticas en zonas oseras exigen una revisión y endurecimiento de los protocolos y requisitos, para que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la conservación de esta y otras especies.

Desde los grupos ecologistas esperan los avances en la investigación judicial, “reservándonos el derecho si es preciso de presentarnos como acusación particular. También queremos puntualizar sobre los antecedentes y circunstancias en que se han producido, con la más que discutida autorización de la caza como actividad esencial durante el confinamiento del resto de la sociedad durante la emergencia sanitaria por COVID19”.

La caza en Aragón desde hace varios años posee, para la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Fondo Natural, Ecologistas en Acción, ANSAR, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y WWF-España, una falta de control y vigilancia manifiesta que desemboca en hechos tan desafortunados como la muerte de Sarousse.

“Cientos de cazadores con sus armas recorren cada fin de semana los montes de la región sabedores de que la administración carece de medios y personal suficientes para vigilar el cumplimiento de la normativa en cada territorio, inclusive en los espacios naturales protegidos”, denuncian y añaden que la práctica cinegética se sigue autorizando y justificando, “sin ninguna base científica, como actividad esencial para el control de plagas de herbívoros en todo el país”, causando la muerte de miles de estos y otros animales silvestres, base de la dieta de pequeños carnívoros y aves rapaces, a menudo también acaban siendo víctimas de “accidentes y confusiones” por parte de los cazadores.

Por todo ello, aseguran que “el Gobierno de Aragón no protege las especies amenazadas”. En el caso del oso pardo, han denunciado reiteradamente en los últimos años “la grave irresponsabilidad e inacción” del actual titular del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, Joaquín Olona, “obstaculizando y dilatando sine die” la aprobación de un Plan de Recuperación y Conservación de esta especie, instrumento legal imprescindible para articular medidas eficaces que ayuden tanto a lograr la restauración de una población viable de oso pardo en territorio aragonés, como para prevenir, reducir y compensar adecuadamente los daños que pueda causar a la ganadería extensiva.

“Máximo rigor e independencia hasta la aclaración del caso. Las investigaciones deben realizarse con cautela y en profundidad por organismos expertos e independientes de toda presión mediática o política hasta lograr su esclarecimiento, respetando la presunción de inocencia tanto del cazador como de la víctima, en este caso una osa adulta que se había asentado en la Ribagorza desde hace casi 15 años, sin dejar descendencia”, aseguran desde estas organizaciones ecologistas.

Varias organizaciones tanto estatales como aragonesas estudian personarse en la causa judicial así como otras medidas para exigir responsabilidades: “Un daño incalculable al patrimonio natural de los aragoneses”.

“Más allá del coste que para las arcas públicas supone anualmente necesaria verificación y compensación justa de daños causados por Sarouse, y los ingresos percibidos por los ganaderos de la zona para compensar tales daños y conciliar su presencia, la desaparición de la osa echa por tierra varias décadas de intenso trabajo y fondos nacionales y europeos invertidos en el mejor conocimiento de su biología, el seguimiento de sus desplazamientos, la eficacia de las medidas más adecuadas para el manejo del ganado y la ordenación de los recursos de su hábitat”, recuerdan.

Estos son elementos claves y esenciales para la inminente, natural e irreversible llegada del oso pardo a territorio aragonés desde las poblaciones asentadas en Valle de Arán y Alt Pirineu. Además, y a pesar de no haber dejado descendencia, quizás por encontrarse muy alejada de otros congéneres, la muerte de Sarousse acaba para estas organizaciones “con la expectativa, al menos a corto plazo, de la recuperación de un núcleo reproductor en este sector estratégico del Pirineo”.

La osa “Sarouse” nació en Eslovenia en 1999, y fue introducida o liberada en el Pirineo francés el 21 de agosto de 2006 en la comuna de Arbas, a casi 100 km del valle de Bardají, donde ha resultado muerta el 29 de noviembre de 2020 durante una cacería.

Unidas Podemos pide endurecer las penas para los delitos de caza

El diputado verde de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha registrado este martes una iniciativa en el Congreso español en la que pide al Gobierno investigar las muertes a tiros de las dos hembras de oso pardo.

López de Uralde ha recordado que “Los actos de caza de especies en peligro de extinción pueden conllevar penas de hasta dos años de privación de libertad, y tres años, si es un espacio natural protegido, además de graves inhabilitaciones”. Además, ha vuelto a preguntar al Gobierno, como en otras ocasiones a lo largo de estos meses, si le parece adecuado que se siga permitiendo la caza en período de restricciones para la población general por coronavirus.

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