El centro Covid de Gea de Albarrazín que cerró sus puertas a mediados de junio, después de actuar como dispositivo intermedio durante la pandemia, vuelve a albergar a residentes desde este jueves. Esta instalación es una de la que se dejó preparada como “retén” una vez terminado el pico más duro de la pandemia, para ser utilizada en el momento en el que se pudiera necesitar.
"Este momento ha llegado ahora y este jueves por la tarde se trasladaron a él a 13 residentes de la residencia de Burbáguena, donde hay declarado un brote de coronavirus", explica el Gobierno de Aragón.
"En esta ocasión, no obstante, las personas que van a ocupar estas instalaciones no son pacientes de coronavirus, sino residentes del citado centro que han dado negativo en las pruebas", añade.
Según el Gobierno de Aragón, "la decisión se ha estimado la más adecuada para sectorizar el centro de Burbáguena y llevar a cabo en él los aislamientos necesarios para atajar la situación, una vez se han diagnosticado 61 positivos, se han realizado 13 ingresos hospitalarios y dos personas han fallecido".
Precisamente, este jueves el Gobierno de Aragón anunciaba que ha abierto una investigación a la residencia de Burbáguena de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca y, de probarse que hay irregularidades que podrían constituir delito, acudirán a la vía penal ante la "gravedad" de los hechos que se habrían producido en la residencia.
El dispositivo de Gea de Albarrazín se suma al de Casetas, que fue el último en cerrar sus puertas el 29 de junio y que volvía a abrirlas el 15 de julio. En este momento, este dispositivo intermedio acoge a 29 personas. Por su parte, el de Yéqueda se encuentra disponible y operativo, si bien no se ha estimado aún necesaria su utilización y no se ha derivado a él a ningún paciente.
Máxima precaución y responsabilidad
Desde los Departamentos de Ciudadanía y de Sanidad se vuelve a reiterar el mensaje de precaución y responsabilidad a toda la ciudadanía para "estar atentos a cualquier síntoma compatible con el COVID-19, para aislarse de forma inmediata y no acudir a trabajar o relacionarse con otras personas ante cualquier sospecha".
Un mensaje que llega tras las polémicas y criticadas palabras del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que este jueves señaló a los y las trabajadoras como “los responsables de introducir el virus en las residencias”.
Recuerdan que en el momento en el que se detecta un positivo en un centro residencial se realizan pruebas PCR de forma sistemática al personal y a las personas residentes, y que los centros cuentan con protocolos "muy estrictos para alertar de cualquier sospecha a su centro de salud para poner en marcha el mecanismo de detección".
Del mismo modo, todas residencias de Aragón están obligadas a "contar con un Plan de Contingencia de los centros donde se recojan las actuaciones a llevar a cabo en cualquier tipo de brote infeccioso; suministrar equipos de protección individual (EPI); formar a los profesionales gerocultores en medidas de seguridad, higiene y correcto manejo de los equipos de protección individual por parte de sus servicios de Prevención de Riesgos Laborales; formar adecuadamente a estos profesionales para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas en el entorno residencial; actuar en caso de detección de casos de enfermedades transmisibles y, en especial, de la infección COVID-19 y sus contactos; y contar con la posibilidad de sectorizar a las y los pacientes en función de la estructura del centro residencial".
Cuestionario para los trabajadores y trabajadoras
Las y los profesionales gerocultores, y en cada uno de los turnos de trabajo, deberán rellenar el cuestionario de autodetección de síntomas de sospecha de infección por COVID-19 "con el objetivo de extremar todas la medidas de protección", apunta el Gobierno de Aragón.
Del mismo modo, "tanto en las visitas que periódicamente realizan los técnicos del Departamento de Ciudadanía a los centros residenciales como con el control que las y los profesionales de Salud Pública –que velarán por el cumplimiento de estas normas, en coordinación con el responsable del 'Programa de atención a la salud de personas en centros residenciales'- se persigue blindar a estos centros ante la entrada del virus".
En este sentido, los responsables del Departamento de Ciudadanía han mantenido este jueves contactos con todo el sector para "recordar todas estas obligaciones y seguir trabajando en la línea de apoyo y colaboración establecida en todo momento para lograr el objetivo común de proteger a la población más vulnerable ante el coronavirus y poner para ello todas las medidas necesarias".
