El mes de octubre del pasado año, el Gobierno del Estado español “derivó” a unas 240 personas migrantes desde Canarias a Aragón, a las ciudades de Samianigo -Alto Galligo- y Quicena -Plana de Uesca-. El edificio de Pirenarium, en Samianigo, se convirtió en la “residencia temporal” de 187 de estas personas migrantes, solicitantes de protección internacional o asilo. Tras estos meses, las instalaciones de Pirenarium continúan al completo y las personas en acogida denuncian “deficiencias en sus necesidades básicas” y demandan clases de castellano para poder avanzar en su proyecto de vida en Aragón y en Europa.
En la actualidad, reciben clases de castellano impartidas por voluntariado de la Plataforma ProRefugiados del Alto Aragón, pero es necesaria “mayor implicación por parte del Ministerio para avanzar en su formación e integración”, señalan las entidades sociales. Por otra parte, reclaman “a la Fundación Apip Acam, que gestiona la acogida, mejores condiciones respecto a la alimentación, salud y ropa”. Aseguran que sus intentos por comunicarse “con la Fundación que gestiona el centro han sido infructuosos”. Explican también que “la hora y media de clase de castellano a la que pueden acceder diariamente es gracias a los voluntarios de la Plataforma ProRefugiados del Alto Aragón”.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno del Estado español en Aragón para Uesca, Carlos Campo, visitó el centro Pirenarium y se reunió “tanto con responsables de Apip Acam” como con una representación de las personas migrantes en situación de acogida. Estas últimas trasladaron al subdelegado algunas peticiones “respecto a los horarios de las comidas, la composición de los menús y el acceso a la formación”.

“Rechazamos el intento de infantilización y apoyamos las legítimas acciones de protesta en defensa de sus derechos”
La Plataforma ProRefugiados del Alto Aragón recuerda que “las personas alojadas en Samianigo son solicitantes de protección internacional y deberían estar garantizados sus derechos en igualdad de condiciones al resto de personas refugiadas en el Estado de otras nacionalidades”. A este respecto, señalan que “tendrían que estar siendo acogidas en centros especiales de asilo donde se cubrieran sus necesidades de traducción e interpretación, clases de idioma, atención jurídica, psicológica personalizada, formación profesional, orientación laboral, etc. y de forma temporal para su plena inclusión sociolaboral” en el Estado español o en Aragón.
“Es un hecho incontrovertible que el centro de acogida de Samianigo no es un centro de asilo y por tanto no cumple las garantías mínimas ni cuenta con los recursos suficientes para garantizar los derechos de las personas actualmente alojadas, por lo que desde la plataforma entendemos y comprendemos las quejas y reclamaciones planteadas por las personas acogidas en la localidad”, recalcan.
No obstante, desde la Plataforma señalan que “ni están auspiciadas ni organizadas por la Plataforma, la cual es una asociación legalmente constituida cuyas decisiones se toman colectivamente a través de sus órganos, no constando actuación alguna de incidencia política o mediática por nuestra parte en este sentido, debiendo rechazar, en todo caso, cualquier intento de infantilización de las personas migrantes como si carecieran de conocimiento o racionalidad y se dejaran manipular por intereses espurios como desde algunos ámbitos parece querer deslizarse”, enfatizan.
Asimismo, entienden que debe recordarse “que las personas que se encuentran alojadas proceden de países como Malí o Senegal con una indiscutible tradición de organización comunitaria y luchas sociales, motivo por el cual, precisamente, muchas de las personas acogidas han tenido que huir, por lo que es lógico que se nieguen a ser deshumanizadas y que se organicen entre ellas para exigir sus derechos y, como en este caso, ejercer su libertad de expresión mediante las formas de protesta que estimen oportunas”.
Por otro lado, recuerdan que la plataforma “se reúne periódicamente, que cuenta con un presupuesto modesto dedicado principalmente a ayudar a otras organizaciones en las fronteras y, desde hace unos meses, con un pequeño fondo de apoyo a las personas acogidas en Samianigo -que denominan Fondo Artieda- dedicado la atención de necesidades básicas de forma subsidiaria al Estado”. En este sentido, añaden que “se han venido financiando gastos sanitarios o viajes a centros de acogida de personas que se habían quedado en situación de calle o que los servicios públicos no habían atendido”.
De igual modo también desde la plataforma “se viene apoyando en el aprendizaje de castellano, formación en tecnologías digitales u orientación sobre su estatuto migratorio y el derecho de asilo, entre otras cuestiones. Todo ello por personas voluntarias que altruistamente ceden su tiempo libre y que vienen acompañando a las personas sin que sus opiniones particulares puedan vincular a la plataforma”. No obstante, recalcan que “son muchas otras personas las que de forma particular acompañan a las personas refugiadas dada la ola de solidaridad en la comarca de la que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas y que no pertenecen a plataforma alguna”.
Por todo ello “reconocemos como legítimas y razonables las acciones de protesta que las personas acogidas en la localidad libremente decidan realizar, y con el apoyo de quienes ellas decidan, y dada la situación de vulneración de derechos que desde la plataforma sí entendemos se viene produciendo dadas las carencias que constatamos diariamente”, concluyen.

