Se calcula que se podrían beneficiar de la propuesta unas 500.000 personas que residen de forma irregular en el Estado español. La iniciativa popular ha recibido 310 votos a favor. Es decir, los votos favorables de toda la cámara representativa con la única excepción de los 33 diputados y diputadas de Vox.
La ILP arrancó hace dos años, con un gran esfuerzo de activistas, asociaciones y colectivos de migrantes, para superar el elevado medio millón de firmas necesarias para este tipo de propuestas ciudadanas en el Estado español. Al final en número de firmas entregadas al Congreso han sido casi 700.000. Edith Espinola, portavoz de la campaña ‘Regularización Ya’, ha declarado a RNE: "Esto es un trabajo de año y medio. Todavía hay mucho trabajo por hacer y vamos a estar vigilantes. Somos más de 900 organizaciones y 14.000 personas voluntarias".
La parte dispositiva de la iniciativa es simple: abrir un proceso de seis meses para aprobar un real decreto que regularice la situación administrativa de las personas extranjeras que se encuentren en territorio estatal antes del 1 de noviembre de 2021.
Sí, pero...
Aunque este primer paso es una enorme victoria para los promotores y las promotoras de la iniciativa, no todo está hecho. Algunos grupos parlamentarios han dado un "sí con matices" que contradice el propio espíritu de la ILP, ya tomada en consideración. El PSOE ha anunciado enmiendas para que el proceso no sea "dar barra libre” en palabras de Patxi López. El PNV ha planteado que la ILP se "individualice" y se estudie "caso a caso". Y el PP, que a última hora ha cambiado su abstención por un voto favorable, a través de Sofía Acedo a trasladado que se debe tratar el asunto desde "una posición equilibrada" entre el "limbo jurídico en el que se encuentran muchas personas extranjeras" y el "control de fronteras y la expulsión de inmigrantes que tienen un expediente de retorno a su país".
El tiempo dirá si la iniciativa "duerme la paz de los justos" en el Congreso o es tramitada. Y en caso de serlo, será relevante observar si los grupos parlamentarios respetan la parte dispositiva de la ILP para alcanzar una regularización sin exclusiones.
