El Ayuntamiento de Zaragoza, al mando de Natalia Chueca (PP) ha sacado a licitación, a través del Servicio de Juventud, el contrato para la gestión y animación del programa las Zonas Jóvenes escolares en centros de Educación Secundaria, colegios públicos integrados y centros de Educación Especial. Un contrato de 2,7 millones de euros dividido en ocho lotes según la ubicación de los centros.
"Humillación y disparate". Así ha calificado la sección de Acción e Intervención Social y educación no formal del sindicato de Enseñanza CGT Aragón y la Rioja tras revisar los pliegos de condiciones que regirán el funcionamiento y las condiciones laborales de las Zonas Jóvenes en IES, CPIs y CPIFP, y Colegios de Educación Especial –antiguos PIEEs de Secundaria y Educación Especial–. El sindicato, mayoritario en el sector, ya ha anunciado que los recurrirán y que convocará movilizaciones "si no se paralizan". En este sentido, hace un llamamiento a la sociedad para "hacer suya esta protesta".
Desde CGT consideran que el modelo propuesto por el Gobierno municipal del PP "puede crear un conflicto social y colectivo sin precedentes en el sector". "Las pocas empresas que puedan permitirse el presentarse a concurso en estas condiciones, se enfrentarán a extinciones de contratos, procedimientos de regulación de empleo, indemnizaciones y denuncias", advierten en una nota de prensa.
Recortes en el servicio. "Las y los profesionales del sector pasarían de 37,5 horas semanales a 30 horas semanales con la correspondiente bajada salarial. En el caso de centros Integrados y Profesionales es aún peor, se reduce el servicio a 25 horas semanales, lo que además nos parece un terrible agravio comparativo. Esta reducción horaria del servicio está totalmente injustificada, además se añaden más funciones para los profesionales, muchas de ellas administrativas que consideramos absolutamente innecesarias e injustificadas", critica Idoia Saiz, delegada sindical de CGT Enseñanza.
Según CGT, las consecuencias de esta reducción horaria "serán, indiscutiblemente, un peor servicio para los centros, familias y jóvenes participantes". Y las consecuencias para los y las trabajadoras del sector "serán demoledoras, un salario anual por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, abocados al pluriempleo y ayudas sociales de emergencia para poder subsistir". "Recordamos que los profesionales de este sector llevan más de quince años sin subidas salariales, parten de un convenio estatal absolutamente precario en una categoría que no les representa y son fijos discontinuos. Precariedad en estado puro", remarca Saiz. Pero eso no es todo. "A estos recortes sumamos la reducción del presupuesto para materiales, actividades y monitores y monitoras. Menos actividades, menos oferta para nuestra juventud, menos empleo para el colectivo de monitores especialistas y talleristas", añade la delegada sindical.
Convenio autonómico. En opinión de CGT Enseñanza, el Servicio de Juventud y el Ayuntamiento de Zaragoza "tenían en su mano cumplir con la dignificación de esta profesión, valorada, como ellos mismos reconocen, por familias y centros escolares, un equipo profesional y experto cuyas ideas y trabajo en red son baluarte de la programación de ciudad del servicio". Pero, "lejos de esto, y paradójicamente, nos sorprenden con unos pliegos humillantes para el trabajador y la trabajadora y que empeoran claramente la calidad del servicio". En este sentido, el sindicato resalta que se ha iniciado un proceso colectivo para la negociación del I Convenio Autonómico de sector, cuyo objetivo es mejorar la situación de las y los trabajadores de ocio, de animación sociocultural y del sector socioeducativo de todo Aragón, paliar la brecha de género horizontal de un sector históricamente feminizado y visibilizar categorías profesionales propias de Aragón. Sin embargo, "no se ha esperado a que la publicación de los pliegos se rija por este convenio, condenando a las trabajadoras y trabajadores a cuatro años más de precariedad aún más sangrante por la reducción de jornada con su correspondiente bajada salarial".
"Hemos escuchado a políticos y políticas del gobierno municipal diciendo a la oposición que no hablamos de jóvenes, sino de trabajadores, como si fuera negativo defender la dignidad laboral, dignidad de las personas que trabajan con infancia y juventud de nuestra ciudad, con vocación de servicio social, comunitario y de prevención. Su cinismo es absoluto. Manifiestan que les preocupa el empleo joven y destruyen, o van camino de destruir cientos y cientos de puestos de trabajo de monitores menores de 30 años que trabajan indirectamente en las Zonas Jóvenes, de barrio o escolares", denuncia Idoia Saiz.
Titulaciones sin remunerar. CGT Enseñanza también pone de manifiesto que en los nuevos pliegos "se exige a las y los profesionales una Diplomatura/Grado o habilitación en educación social –hasta ahora se exige, y se tiene, una Diplomatura o Grado– pero nos remiten al salario de técnico especialista del convenio estatal de Ocio". "Quieren educadores y educadoras sociales a precio de tiempo libre", afea Saiz para recordar que "la diferencia anual de salario entre una y otra categoría en convenio es significativa". "Solo un convenio autonómico puede reflejar la categoría y funciones de un puesto de trabajo tan específico y tan valioso para la ciudad como es el de técnico socioeducativo en centros escolares", remarca la delegada sindical.
Discriminación. En un apartado de los pliegos técnicos se especifica lo siguiente: "En el caso de producirse nuevas contrataciones, bajas y sustituciones durante la ejecución del contrato, al menos el veinticinco por ciento de las mismas deberán destinarse a personas menores de treinta años, siempre que tengan el perfil laboral adecuado al objeto del contrato. Ello se justifica en base a que la población destinataria de este servicio es de 12 a 18 años y, por lo tanto, se estima hay mayor conexión por franja de edad con profesionales de edades inferiores a treinta años". Para CGT es "un ejercicio discriminatorio y edadista sin precedentes, humillante, una falta de respeto a la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores". Y añade el sindicato: "Es sabido que la experiencia laboral o el vínculo profesional están por encima de la 'conexión' por franja de edad. Es como decir que un paciente de 60 años no engancha con una psicóloga de 20 años, como decir que un maestro deja de ser bueno a una determinada edad o como decir que técnicos funcionarios mayores de 30 años no pueden trabajar en Juventud del Ayuntamiento, entre otros disparates que se nos puedan ocurrir".
Modelo de ciudad. Por último, el sindicato advierte que estos pliegos "son una prueba de la tendencia a hacer desaparecer el modelo de ciudad de coordinación, prevención e intervención de barrio, cercano a la ciudadanía", modelo que "hemos construido y reforzado entre todos y todas a lo largo de décadas, incluidos partidos, gobiernos municipales y concejalías". "Los lotes PIEEs separados de Casas de Juventud, la distribución que imposibilita la gestión a pequeñas entidades de barrio, las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en las que van implícitas extinciones laborales e indemnizaciones. Todo nos lleva a pensar en un modelo mercantilista que pone muy lejos el foco de la utilidad social y pública de este servicio tan valioso para las y los adolescentes", subraya Saiz.
Y es que, PP y Vox "se jactan de que el modelo de Zonas Jóvenes de barrio va a cambiar, centralizado en cuatro macrocentros y se olvidan de advertir de que esto destruye el empleo por el que tanto se preocupan –educadores y educadoras, monitores y monitoras, entrenadores y entrenadoras, especialistas…– y de que nuestros jóvenes y adolescentes pierden la referencia de su educador de barrio y de centro que previene, detecta, deriva y acompaña, pierden espacios de ocio acompañado, con todo lo que esto conlleva". "Países del norte de Europa, preocupados por el aumento del índice de criminalidad de niños y niñas de entre 12 y 17 años, captados por bandas y mafias, ponen como medida estrella en sus barrios educadores y educadoras y actividades. En Zaragoza, después de décadas de trabajo coordinado, los quitamos", zanja CGT.
