Izquierda Unida ha logrado sacar adelante con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios la proposición no de ley que su portavoz, Álvaro Sanz, ha presentado este jueves, 5 de mayo, en el Pleno de las Cortes para resolver los problemas a los que se enfrentan las entidades no profesionales y sociales para la celebración de eventos y fiestas populares.
Sanz, que ha aceptado la enmienda presentada por los grupos que sustentan al Gobierno de Aragón (PSOE, Podemos, CHA y PAR), ha agradecido "el apoyo de todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón porque, independientemente de los argumentos esgrimidos, de lo que se trata es de resolver problemas y de que se puedan desarrollar con garantías todos los actos populares autogestionados".
Tras la transacción de la enmienda, las Cortes han acordado instar al Gobierno de Aragón a constituir y convocar antes del verano un grupo de trabajo conformado por colectivos no profesionales que realizan actividades de carácter ocasional y extraordinario, junto con representantes de la FAMCP y del Gobierno de Aragón, que permita desarrollar estas actividades, a la vez que se garantizan unas condiciones mínimas de seguridad así como estudiar, si fuera necesaria, la adaptación y modificación de la normativa vigente.
Cabe recordar que en el territorio esta responsabilidad recae en el Gobierno de Aragón, que ha desarrollado diferentes reglamentos para adecuarse a la normativa “paraguas” que es una directiva europea del 2004 que fija unos requisitos y, al mismo tiempo, contiene en su espíritu la idea de la necesidad de flexibilidad para poder encajar las realidades de los territorios y sus costumbres.
La constitución y convocatoria antes del verano de este grupo de trabajo es fundamental para analizar “cuanto antes” la manera en la que poder tramitar las solicitudes de una manera ágil y sencilla, facilitando en la medida de lo posible que se sigan organizando fiestas populares y sociales porque, en la actualidad, cualquier evento social autogestionado tiene que superar un “vía crucis burocrático” sin saber siquiera si al final del mismo tendrá una autorización o una denegación.
