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“Las administraciones públicas son cómplices en la destrucción de patrimonio cultural”

Esta es una de las conclusiones extraídas en las XV Jornadas en Defensa del Patrimonio, organizadas por Málaga REC con la colaboración de SOS Monuments, -bajo el título Ciudad VS Marketing- que han tenido lugar en Málaga entre el 11 y el 13 de octubre
| 15 octubre, 2019 07.10
“Las administraciones públicas son cómplices en la destrucción de patrimonio cultural”
Foto: Apudepa

Las XV Jornadas en Defensa del Patrimonio, organizadas por Málaga REC con la colaboración de SOS Monuments, -bajo el título ‘Ciudad VS Marketing’- han tenido lugar en Málaga entre el 11 y el 13 de octubre, con sesiones en la Sala Cajamar de la Alameda, el Museo de la Aduana y el Centro Pastoral Pedro Arrupe. Esta cita de asociaciones, que se celebra anualmente, sigue trabajando sobre las premisas establecidas el año pasado en el Manifiesto de Boadilla.

Las asociaciones y plataformas participantes han coincidido en que las administraciones públicas «incumplen sistemáticamente por acción u omisión con su obligación constitucional de defensa y preservación» del Patrimonio Cultural.

«Particularmente -explican-, se aprecia la constante connivencia de los responsables públicos con operaciones urbanísticas que amenazan edificaciones históricas, estén o no catalogadas, e incluso las reconocidas como Bienes de Interés Cultural (BIC)«.

Aseguran que las autoridades «desprecian» el papel de las asociaciones civiles que defienden los patrimonios amenazados, «rechazando protegerlos, y obligando a la ciudadanía a recurrir a largos y penosos pleitos para impedir su destrucción».

Y afirman que «lejos» de preservar el Patrimonio, «estas malas prácticas administrativas están generando pérdidas irreversibles con una dinámica destructiva, produciendo un continuo deterioro de nuestras ciudades y paisajes».

Las asociaciones denuncian el «incumplimiento constante» del artículo 46 de la Constitución española que establece que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”; e igualmente denuncian que «los intereses particulares priman sobre los generales, cuestionando el carácter democrático de nuestra sociedad».

15 octubre, 2019

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