Este domingo se celebra el Día Internacional del Trabajo. Sin embargo, para la mayoría de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, este derecho está muy lejos de cumplirse. Y ello, pese a que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por el Estado español, reconoce la libre elección de un trabajo digno como un derecho inalienable, e insta a los Estados parte a garantizarlo.
Según los datos más recientes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizados el pasado mes de febrero, y correspondientes al año 2020, la tasa de actividad fue solo del 28,3% entre las personas con discapacidad intelectual, dos puntos menos que el año anterior (30,3%). Su tasa de empleo se quedó en el 17,6%, mientras que 2019 era del 20,4%, registrando los mayores descensos de todos los grupos con distintas discapacidades.
La baja tasa de actividad no significa que el 71,7% restante de las personas con discapacidad intelectual no esté en condiciones de trabajar. Buena parte de estas personas no computa como población activa porque nunca ha tenido la oportunidad de trabajar. O tampoco lo hace porque, ante sus pocas posibilidades de empleabilidad, o bien ni tan siquiera se ha inscrito como demandante de empleo, o bien ha desistido de intentarlo.
Tanto la tasa de actividad como la de empleo de las personas con discapacidad intelectual son significativamente menores a las que corresponden al conjunto de las personas de 16 a 64 años con cualquier tipo de discapacidad oficialmente reconocida.
Para este grupo de población, su tasa de actividad fue del 34,3% en 2020, 0,3 puntos más que en el año anterior, aunque 41,8 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. Su tasa de empleo fue del 26,7%, frente al 64,3% para las personas sin discapacidad, con un aumento de 0,8 puntos respecto a 2019.
La discriminación de las personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral es aún más sangrante si se tienen en cuenta los salarios que perciben. En 2019, el salario medio anual en el Estado español fue de 24.395,98 euros. Ese año, una persona con discapacidad sensorial ganó de media 22.435,70 euros, y una persona con discapacidad física cobró 21.616,40 euros. Sin embargo, el sueldo de las personas con discapacidad intelectual fue de 16.136,90 euros al año. Una cifra que cayó hasta los 11.390,70 euros anuales para las mujeres con discapacidad intelectual.
Ante esta realidad, para Plena inclusión Aragón favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual “es una de las tareas más relevantes de la asociación”. Y, dentro de este campo de intervención, la labor de sensibilización con empresas y administraciones públicas para que se abran a la contratación de estas personas es fundamental. Y es que, de las pocas que trabajan, la gran mayoría lo hace gracias al empleo protegido, en centros especiales de empleo. La discapacidad intelectual sigue representando tan solo el 5% de las personas ocupadas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Además, a lo largo del año pasado, Plena inclusión Aragón prestó apoyos a 287 personas con discapacidad intelectual a través de sus distintos programas de empleo, que tratan de favorecer su empleabilidad y sus oportunidades de acceso al mercado de trabajo mediante la mejora de sus habilidades sociales, y ofreció orientación laboral a casi medio centenar de sus familiares. Otras 36 personas con este tipo de discapacidad recibieron cursos de formación para el empleo en la asociación.
Una de las iniciativas con más éxito de la emprendidas por Plena inclusión Aragón para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual fueron las clases de preparación de oposiciones.
Un total de 61 alumnos y alumnas recibió formación para preparar sus exámenes de cara a las distintas convocatorias que diferentes administraciones públicas, tal y como fija la ley, reservaron plazas de empleo público para este colectivo. El personal docente de la asociación adapta los temarios a un lenguaje sencillo para dotarlos de accesibilidad cognitiva y hacer más comprensibles contenidos tan áridos como aquellos relativos a la legislación.
Este año, continúan las clases de oposiciones en Plena inclusión Aragón. Y es que, ante las resistencias que muchas empresas privadas siguen teniendo a la hora de integrar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en sus plantillas, el empleo público supone un pilar fundamental para alcanzar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral para esta parte de la ciudadanía, así como en la consecución de un trabajo de calidad que aumente su calidad de vida.
