Las diferentes entidades sociales de diversidad funcional (física y orgánica, intelectual, visual, auditiva y salud mental), que aglutina CERMI-Aragón, Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad han denunciado que experimentan una situación límite en su sostenibilidad debido a la difícil situación financiera actual.
Esta situación viene propiciada por el aumento de los precios de la energía, del transporte, la alimentación y de un 6,5% del IPC, con el consiguiente aumento de gasto en funcionamiento, suministros y proveedores.
Las entidades que prestan servicios a personas con diversidad funcional pertenecen al Sistema Público de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, por lo que reclaman el compromiso de la administracion pública para que se financie suficientemente y acorde a los precios y salarios actuales dicho Sistema.
En la actualidad, se tiene firmado un protocolo de actuación con el Gobierno de Aragón para impulsar una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus familias.
Una de las reivindicaciones principales de estas mesas es el incremento del precio de las plazas de centros asistenciales del Sistema Público de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, ya que solo ha se han comprometido a subir el 2% a partir del 1 de julio de este año 2022, lo que realmente supone un 1% real anual.
“De este modo, de aplicarse solo este incremento, las entidades no podrán atender a las personas con la calidad que requiere el Sistema Público de Servicios Sociales, y las entidades que sí trabajamos por esa calidad tendrían que hacer frente a una situación financiera insostenible provocada por los datos mencionados con anterioridad”, señalan.
