La sanidad privada presenta su factura tras la pandemia

Mientras buena parte de los profesionales y personas usuarias de la sanidad pública demandan la derogación de privatizaciones y conciertos, la patronal del sector privado aboga por potenciar la dualidad

Felipe de Borbón en videoconferencia con una representación de Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). Foto: Casa Real

Mientras centenares de profesionales de la sanidad promovían las marchas que convergieron este pasado sábado hasta en 40 puntos del Estado español en defensa del sistema público, Felipe de Borbón hizo un hueco en la agenda para sentarse a escuchar los disgustos de la patronal del ente privado. Muy lejos de autocríticas en la gestión, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y el monarca coincidieron el pasado martes en la implicación del ente privado como “un aliado estratégico del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

La trascendencia de la reunión se reserva a la difusión de la “dramática situación económica y de viabilidad” del sector. Eso sí, la responsabilidad tiene su precio. Por ambas partes. El caso es que la sanidad privada lleva desde que acabara el confinamiento jactándose de su contribución al sistema público, así como visibilizando las consecuencias “tras haber ofrecido todos nuestros recursos humanos y materiales de la población, anteponiendo nuestra misión de responsabilidad social a cualquier objetivo”.

Durante el teleencuentro en Zarzuela, encabezado por el presidente ejecutivo de la ASPE, Carlos Rus; el vicepresidente, Juan Carlos González, y la presidenta de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE, Cristina Contel, destacaron “en particular los datos de implicación de los centros sanitarios durante la gestión de la pandemia”. Lejos de autocríticas sobre la gestión, reivindicaron su papel en la crisis sanitaria. En una charla celebrada este lunes ante los gigantes del sector privado, enmarcada dentro de un ciclo de conferencias de la CEOE, Rus insistía: "No pedimos sacar tajada, ni ganar dinero. Solo queremos que se nos compense porque se nos han derivado pacientes”.

El pasado 20 de mayo, esta misma alianza reclamó parte del fondo territorial de 10.000 millones para mitigar la “cesión” de sus recursos. “No entendemos que miles de empresas y cientos de miles de empleos deban pagar un castigo inmerecido cuando de facto han dado un servicio público, que debe ser respaldado con medidas que favorezcan nuestra supervivencia y no poner así en riesgo la continuidad asistencial de los hospitales en primera línea de lucha en la pandemia", expresaba Rus.

Una de las reivindicaciones de las marchas de este sábado fue la derogación de la Ley 15/97 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema estatal de Salud. El texto, aprobado por PP y PSOE, permitió la entrada por la puerta grande del capital privado en la sanidad pública. No era el único, asimismo se exige la anulación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad, por el que se establece que las administraciones públicas “podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”.

Por su parte, los representantes del sector privado se aferran al potenciamiento de la dualidad “público-privada”. Una petición que también atendió el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 4 de junio, quien aseguró una “pronta” respuesta económica a la solicitud de ayudas.

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