El 28 de abril es el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo. En Aragón, el año pasado, hubo 16.446 accidentes durante la jornada laboral y otros 2.156 “in itinere”. Eso dejó 18.458 heridos/as leves, 113 graves y 31 personas muertas. Un lamentable, y preocupante caso, es el del matadero de Binéfar.
Hoy es un día especial para la reflexión sobre un tema tan vital para trabajadores y trabajadoras. Como siempre ha dicho Izquierda Unida, la verdadera seguridad de quienes, día a día, van al trabajo está en las condiciones laborales. Es evidente que una de las más graves consecuencias del neoliberalismo es el aumento de los accidentes laborales.
Junto con los sindicatos, lo venimos afirmando desde hace mucho. “La precariedad mata”. El aumento en los últimos años de los accidentes laborales tiene sus causas en el empleo basura, en la externalización de las políticas de prevención y en la irresponsabilidad de quienes anteponen la productividad a la seguridad de sus trabajadores y trabajadoras.
En Aragón, el año pasado, hubo 16.446 accidentes durante la jornada laboral y otros 2.156 “in itinere”. Eso dejó 18.458 heridos/as leves, 113 graves y 31 personas muertas.
La crisis que vivimos por la pandemia sanitaria del COVID 19 ha puesto de manifiesto la deficiencia de las políticas, se supone obligatorias, de protección de la salud, y de la vida, de trabajadores y trabajadoras. Al igual que ha demostrado la insuficiencia de recursos y personal de las Administraciones públicas responsables de garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Consecuencia de ello es que la población trabajadora, a los riesgos “habituales”, ha tenido que asumir riesgos de contagio en los centros de trabajo, pero también en los desplazamientos.
El problema ha sido especialmente grave para quienes trabajan en el sector sanitario, claramente debilitado por la política de recortes y austeridad de los últimos 10 años, y en aquellos otros definidos como esenciales para el abastecimiento a las poblaciones que tienen altos niveles de precariedad. Quizá es tiempo de cambiar los aplausos por reivindicaciones de una sanidad pública de calidad y con recursos suficientes.
Pero, más allá del debate sobre la sanidad y lo público en general, lo que ha puesto claramente en evidencia esta pandemia son las deficiencias de los sistemas, tanto a nivel del sector público como del privado, de protección de la salud y seguridad en el trabajo. La mercantilización, competitiva y salvaje, ha llegado a la salud y seguridad en el trabajo y las políticas de prevención son inexistentes por cuanto, de la mano de empresas especializadas que “venden” protocolos y normas de seguridad laboral, las políticas activas de prevención se han limitado a los trámites mínimos necesarios para superar las obligaciones legales. Son políticas “formales” que hacen “evaluaciones de riesgo” tipo en las que lo único que varía es el nombre de la empresa que lo encarga.
La externalización de la obligación de cuidar la salud y seguridad en el trabajo coarta, además, la participación de trabajadores y trabajadoras a través de su representación sindical.
Ejemplo de esta mercantilización es el lamentable, pesetero y oportunista, ejemplo que han dado empresas dedicadas a la salud y la seguridad en el trabajo que han ampliado su posibilidad de negocio ofertando test a sus empresas clientes.
Un lamentable, y preocupante caso, es el que viven trabajadores y trabajadoras en el matadero de Binéfar y las repercusiones que puede tener en la salud de la ciudadanía de toda la comarca. Es evidente que han fallado los sistemas de protección de la salud y que, además de la empresa, también ha dejado mucho que desear la Inspección de Trabajo.
En estos días se habla de los aprendizajes que debemos sacar de la pandemia, se reconoce que la vuelta a la normalidad no puede ser volver a lo mismo, a lo que había.
Reclamamos que sea el momento de revisar las políticas de prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Ese gran acuerdo de reconstrucción que se anuncia debe incluir la mejora indiscutible de la protección más eficaz de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras.
Debe ser prioritario cambiar el modelo productivo actual que antepone los beneficios a la salud de sus plantillas.
Creemos que, en la mesa del diálogo social, con participación de los agentes sociales, debe actualizarse la vigente Ley de Prevención de Riesgos laborales que ya tiene 25 años y es manifiestamente mejorable.
Esta epidemia, de la que estamos saliendo, nos emplaza a trabajar para que haya, cuanto antes, una política de seguridad y salud en el trabajo diferente, una política pública y privada que asegure y garantice que la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras sea una parte imprescindible en el sistema económico y productivo.
