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La nueva ordenanza de ruido consigue unir en su contra a todas las asociaciones hosteleras de Zaragoza

Las principales críticas giran en torno a que las nuevas restricciones de ruido se han lanzado sin la existencia de un mapa de ruido que focalice y localice los problemas de ruido de la ciudad y sin haber mantenido ningún contacto con el sector más afectado por la nueva norma
| 8 febrero, 2019 17.02
La nueva ordenanza de ruido consigue unir en su contra a todas las asociaciones hosteleras de Zaragoza
La asociaciones de hosteleros aseguran que la nueva ordenanza amenaza también la música en directo en Zaragoza.

La hostelería de Zaragoza se une, casi por primera vez, para exigir una ordenanza de protección contra la contaminación acústica “consensuada, participativa y que aporte seguridad jurídica”, ya que está en juego el futuro de los “más de 4.000 establecimientos de la ciudad”.

La Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, HORECA, APEHA, la Asociación El Tubo de Zaragoza, la Asociación Aragón en Vivo y la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza advierten que la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Zaragoza amenaza gravemente no solo al sector, sino que también perjudica a los vecindarios, usuarios y usuarias, propietarios y propietarias de locales y al resto de actividades industriales de la ciudad.

Las asociaciones recuerdan que desde hace más de cuarenta años, el sector de la hostelería zaragozana ha crecido para estar entre los primeros a nivel estatal. Han sido cuarenta años en los que las empresas del sector han aportado servicios, calidad y profesionalidad, llevando hasta la cifra actual de más de 4.500 establecimientos.

Desde las asociaciones aseguran que los 40 años de “gratificante” pero duro trabajo es truncado por el consistorio con la nueva Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica de Zaragoza. “Con la aplicación de esta nueva normativa el paradigma hostelero cambiará radicalmente, poniendo en peligro el trabajo de todos estos años, por la imposibilidad de cumplir las prescripciones contenidas en la misma, truncando el futuro del sector”.

La aplicación de la norma implicará una serie de consecuencias que son consideradas como penosas por las asociaciones hosteleras. Reducir a la mínima expresión el valor de los establecimientos de actividades clasificadas de la ciudad, ante la imposibilidad de por parte de los mismos de los requisitos establecidos en el proyecto de norma para adaptar sus negocios a las nuevas exigencias de aislamiento, favoreciendo asimismo la creación de monopolios en el sector de la hostelería en manos de grandes conglomerados empresariales y que podrían acabar con 4.500 PYMES.

Acusan a la nueva ordenanza de la “creación de guetos acústicos donde los servicios a sus usuarios merman al capricho político”, pues por las importantes implicaciones potenciales que podría tener para los negocios radicados en una zona susceptible de ser declarada saturada sería conveniente exigir una regulación completa y sucinta en cuanto a los criterios objetivos de declaración, mantenimiento, régimen jurídico de aplicación,… en aras de garantizar una mayor seguridad jurídica en la aplicación de la norma.

Advierten también que no existe norma que faculte al Ayuntamiento a construir una suerte de responsabilidad solidaria objetiva entre el hostelero y sus clientes por los perjuicios o contaminación acústica que puedan causar en la vía pública, pues para ello ya existen las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes. “No se puede pretender imponer en una norma que el hostelero actúe como un ‘policía’ con respecto a la actuación de sus clientes en la vía pública, máxime cuando se hacen botellones en su puerta y no se actúa frente a ello”.

Para las asociaciones hosteleras y de promoción musical la ordenanza crea un régimen sancionador que no se ajusta a la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, contra la Contaminación Acústica de Aragón. Además, advierten que de la misma norma se derivan diferentes responsabilidades para todos los agentes implicados en la aplicación de la norma –propietarios de viviendas, arrendadores respecto a sus arrendatarios; vecinos respecto a sus mascotas; arquitectos, aparejadores, ingenieros, ingenieros técnicos respecto a los proyectos que informan,…– salvo para el Ayuntamiento.

En este sentido, recuerdan que actualmente, los establecimientos cumplen rigurosamente todas aquellas prescripciones jurídico técnicas que les resultan de aplicación, de las más restrictivas en el panorama estatal y critican por ejemplo los 25 dB que exige la nueva norma como máximo en una vivienda por la noche, algo que podría acabar con los conciertos de la ciudad, más de 1000 actuaciones anuales, que han vuelto a poner en el panorama musical estatal la ciudad de Zaragoza.

Para las asociaciones del sector resulta “increíble que el Ayuntamiento de Zaragoza quiera dejar a ciegas este legado a nuestro municipio, sin tener un mapa del ruido para poder hacer una norma a la medida para la ciudad, y con una nula capacidad participativa, pues no se ha contactado con ninguna organización de hostelería para la aprobación de esta norma”.

Todas las asociaciones hosteleras de Zaragoza coinciden en que el objetivo de la ordenanza debería consistir en alcanzar un equilibrio que haga compatible el derecho al descanso de los vecinos, y el desarrollo de una actividad económica que presta servicios a un amplio número de habitantes de la ciudad que asisten a los diferentes establecimientos para satisfacer su derecho al ocio, que además se muestra clave en la actividad económica de la ciudad. “Este objetivo todavía es alcanzable, dado que hay tiempo para establecer un diálogo que permita consensuar el contenido de la ordenanza que en estos momentos dispone de un contenido de difícil cumplimiento”, advierten desde las asociaciones.

Por ello ofrecen su ayuda y se muestran a disposición del Gobierno de Zaragoza, que tiene la obligación de impulsar una nueva norma de protección acústica, pero “no de esta manera”, advierten que hay que echar la vista atrás más de 40 años para recordar “una norma como esta, sin ninguna capacidad participativa, asamblearia o asociativa”.

8 febrero, 2019

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