El 20 de diciembre de 2023, la Mesa del Senado publicó una licitación para externalizar los servicios de interpretación y posterior transcripción de las intervenciones realizadas en euskera, catalán, gallego y valenciano durante las sesiones parlamentarias del Senado. Se decidía así sustituir un sistema que había funcionado sin problemas durante diecinueve años —a cargo de un equipo estable de intérpretes profesionales que habían pasado un riguroso proceso de selección y acreditación— por un concurso en el que los criterios de calidad brillaban por su ausencia.
La Red Vértice (que integra a las asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección con presencia en el Estado español) publicó un comunicado al respecto, que puede consultarse aquí.
Aunque aquel proceso no prosperó, el pasado 6 de marzo se abrió una nueva licitación. En ella se ha aumentado el presupuesto, porque habrá más sesiones parlamentarias, "pero las condiciones siguen siendo inaceptables", reprochan las entidades del sector. Según relatan en el último comunicado remitido, "no se exige formación reglada ni experiencia contrastada; se imposibilita que participen autónomos o pymes, ya que se exige a la adjudicataria un volumen de negocios mínimo de 598 500,00 euros al año; no se introducen mecanismos para verificar que los currículos presentados correspondan a las personas que prestarán el servicio; no se prevén controles de calidad; y los honorarios previstos distan mucho de ser los adecuados, ya que en lugar de atender a los acuerdos salariales estipulados por distintos servicios de interpretación institucional y por el propio Senado durante las últimas décadas, se ciñen a lo previsto en el convenio colectivo de trabajo del sector de oficinas y despachos".
El resultado puede ser similar al de las licitaciones de algunos servicios públicos como la interpretación judicial y policial, que han quedado en manos de grandes empresas adjudicatarias que pagan tarifas irrisorias a los intérpretes, pero que además han sido objeto de incontables escándalos y situaciones esperpénticas: intérpretes que acaban detenidos porque tienen antecedentes penales, juicios suspendidos por un mal servicio de interpretación, innumerables quejas, etc.
La Red Vértice lleva más de diez años denunciando estas prácticas y solicitando que se abandone un sistema de licitaciones que ha expulsado de facto a los intérpretes profesionales de los juicios penales y de las dependencias policiales, con el consiguiente menoscabo de derechos de la ciudadanía y el enriquecimiento de unas pocas empresas.
Ahora se pretende trasladar "este modelo fallido a la interpretación de conferencias". Y además, hacerlo desde el Senado, que debería "predicar y exigir ejemplaridad, además de responsabilidad social", añaden. Las asociaciones que firman el presente comunicado (todas las asociaciones de profesionales que conforman la Red Vértice, todas las universidades que forman parte de la Asociación de Universidades del Estado Español con Estudios Oficiales en Traducción e Interpretación, AUnETI, y los estudiantes que integran la Asociación Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación, AETI; la profesión en bloque) se oponen a ello frontalmente y solicitan a la Cámara Alta que recapacite y rectifique.
