El presidente del gobierno del Estado español, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión este pasado lunes con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, en la que cerraron un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes que la Iglesia Católica ha admitido, por vez primera, que no son suyas.
La Iglesia reconoce que inmatriculó indebidamente, gracias a una ley de José María Aznar que le permitió hacerlo con tan solo una certificación eclesiástica, 1.954 propiedades en Aragón. Del total de 2.058 propiedades reclamadas por las administraciones públicas, sólo para el periodo 1998-2015, no reconoce haberse adjudicado otras 104, por “tratarse de algún tipo de error”, y apunta que “no se descarta, en consecuencia, que pueda haber todavía algunos datos pendientes de depurar”.
La Iglesia Católica Aragonesa divide el país en 6 territorios -diócesis en su denominación-, y reconoce haberse apropiado indebidamente de 661 propiedades en Balbastro-Monzón, 296 en Uesca, 310 en Chaca, 210 en Tarazona, 464 en Teruel y Albarracín, y 13 en Zaragoza.
En su informe, la Conferencia Episcopal Española, también reconoce que, en la actualidad, ya no son de su titularidad en Aragón otras16 propiedades por haber sido vendidas.
Entre las apropiaciones indebidas destacan la Iglesia de San Miguel Arcángel de Castellote, la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Cutanda, la Iglesia Asunción de Ntra Sra de Jabaloyas, Iglesia Virgen Desamparados de Albejuela, o la Iglesia del Salvador de Manzanera. También, viviendas, garajes, y trasteros en la ciudad de Teruel, casas en Borja, y también en Ateca, Sisamón, Balbastro, Benavarri, o Torrijo, un edificio en Fraga, una zona deportiva en Sariñena, o una vivienda con garaje en Aguaviva, además de numerosas fincas agrícolas, solares urbanos, locales, y propiedades de otro tipo.
Quedará conocer el número de apropiaciones indebidas que la Iglesia Católica ha ejecutado antes de 1998. Cabe recordar, que Recuperando lamenta la exclusión en las negociaciones de todas las asociaciones patrimonialistas que, desde hace 15 años, vienen trabajando para la recuperación del patrimonio inmatriculado indebidamente por la Iglesia. Y que anuncia que seguirá reclamando una solución justa y constitucional a este expolio patrimonial sin precedentes.
