El Partido Popular se comprometió con la plantilla de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza y el comité de la huelga convocada el año 2022 con las siguientes palabras: “como ya hemos expresado en reiteradas ocasiones, nos reafirmamos en que el gobierno de la ciudad, del Partido Popular y Ciudadanos, no va a externalizar el Servicio de Instalaciones Deportivas”, por tanto, según estos sindicatos “no parece que cumplan con lo firmado”.
En este sentido recuerdan que “se ha intentado licitar las piscinas de L’Almozara, con poco éxito”, y recientemente en el último Pleno se aprobó, con carácter inicial, el Plan Parcial del sector Valdespartera relativa a la parcela de equipamiento deportivo, a tramitar como modificación del PGOU. Por tanto “esto significa que el Ayuntamiento de Zaragoza renuncia a la construcción con dinero público y con gestión pública, del futuro centro deportivo municipal de Valdespartera. Como antes hizo con el de L’Almozara”.
CCOO, CGT, CSL y OSTA consideran que esto demuestra, por un lado “la incapacidad del equipo de gobierno municipal en la gestión económica”, recordando, como ejemplo, que el año 2023 se dejó sin ejecutar del presupuesto unos 97,6 millones de euros y consideran que “es una temeridad querer seguir construyendo centros nuevos teniendo instalaciones infrautilizadas, incluso en verano, cuando lo que se debería es dotar de actividad los centros ya existentes”.
A su vez informan que “los vecinos y vecinas deberían conocer que el Ayuntamiento de Zaragoza ya dispone de una instalación en el entorno del barrio, el CDM Mudéjar”. Este centro, “que han dejado morir, podría haber sido el centro de referencia del barrio con muy poca inversión pero el gobierno municipal entiende que el negocio va por otro lado y no es pensando en dar servicio a la ciudadanía”, enfatizan.
Por último, los sindicatos recuerdan que “el modelo de gestión público-privada que se plantea precariza las condiciones laborales del personal que trabaja en estos centros deportivos. Actualmente las negociaciones de ese convenio están bloqueadas desde hace más de cuatro años sin revisiones salariales ni de condiciones de trabajo”.
Todo lo descrito “demuestra que la gestión política del gobierno de Natalia Chueca sólo busca derivar la gestión a manos privadas demostrando su incapacidad y su intención de degradar y empeorar las condiciones de los y las trabajadoras”, concluyen.
