#Elecciones26M  Política

La gestión del agua en Aragón y el ICA: partidos políticos y coaliciones se posicionan antes del 26M

A través de una encuesta, RAPA formuló siete preguntas muy precisas para constatar su postura sobre el mantenimiento o derogación del ICA, sobre el futuro del Plan de Saneamiento y Depuración, La Ley de Aguas y Ríos y la reconversión del Instituto Aragonés del Agua (IAA)
| 24 mayo, 2019 20.05
La gestión del agua en Aragón y el ICA: partidos políticos y coaliciones se posicionan antes del 26M
Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La Red del Agua Pública de Aragón (RAPA) trasladó días atrás a los partidos y coaliciones que se presentan a las próximas elecciones territoriales y municipales en Aragón, una encuesta sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón (PSDA).

Siete preguntas muy precisas para constatar su postura sobre el mantenimiento o derogación del ICA, sobre el futuro del Plan de Saneamiento y Depuración, La Ley de Aguas y Ríos y la reconversión del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Desde RAPA entienden que el ICA y la «privatización» del agua, «derivada del vigente Plan de Saneamiento, deben ser y serán foco referencial para decidir el voto de muchas personas en Aragón, en Zaragoza y en muchos otros municipios». Para ello existen diversos hechos que fundamentan esta convicción, señalan desde el colectivo.

En Zaragoza hay 105.000 familias en impago del ICA, lo que supone unas 300.000 personas implicadas en un rechazo contundente a este «injusto, oscuro y abusivo impuesto».

«Hay impotencia e indignación en los municipios pirenaicos, que cedieron sus competencias a la DGA, al saberse que deberían haber recibido 140 millones para construir sus depuradoras (malversados por la DGA), y que, sin embargo, pagan desde el principio el ICA, máximo canon de vertido y encima multas, por no tener esas depuradoras».

Para RAPA, se constata que «el operativo de privatización del agua que promovió la DGA nos lleva al saneamiento más caro, con diferencia», de todo el Estado español; «tanto en el Informe de la Cámara de Cuentas como en la Comisión de Investigación de las Cortes, se evidencian sistemáticas irregularidades en la gestión del Plan de Saneamiento, que perfilan lo que podría ser el caso más grave de corrupción jamás conocido en Aragón».

Por otro lado, y en este sentido, el colectivo muestra su «preocupación» sobre el reciente «acuerdo de privatización» del servicio de abastecimiento por parte de la Diputación de Teruel (DPT).

«Nos parece muy preocupante cómo se ha tomado esta decisión, en tiempos electorales y por medio de una reunión de unos minutos donde se tomó el acuerdo por acatamiento. Repite un modelo que es muy preocupante, el que (Esperanza) Aguirre quiso imponer por medio del Canal de Isabel II en Madrid, que ya sabemos como terminó», inciden desde RAPA.

Preguntas

(Pregunta 1) ¿Se comprometen a reformar la Ley de Aguas y Ríos de Aragón (LARA) para fortalecer las capacidades locales desde nuevos enfoques de gestión pública transparente y participativa?

Partido Popular: Se remiten a su documento con las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el ICA.

PSOE: No contesta a esta pregunta.

Podemos-EQUO: Aseguran que «es la base de los cambios a promover». Entre ellos derogar el ICA y asumir el modelo de financiación de RAPA; eliminar artículos que incentivan privatizar los servicios de agua/saneamiento; incentivar la gestión pública eficiente participativa y sostenible con medidas como que el ahorro que pueda generar la gestión pública sobre la privada, vigente hoy, quede a disposición del Ayuntamiento para inversiones en el ciclo urbano del agua; ofrecer un modelo de colaboración Público-Público que sustituya a los  convenios de cesión de competencias DGA/Ayuntamientos; y promover la revisión participativa del PSDA fomentando desde una adecuada información, la aplicación de las tecnologías adecuadas al tamaño de la población.

Ciudadanos: Sin respuesta.

PAR: Sin respuesta.

CHA: No contestan a esta pregunta.

Izquierda Unida: Se muestran «absolutamente de acuerdo» con derogar el ICA tal y como está planteado actualmente. Consideran que es «un impuesto injusto, insolidario y que no se destina lo recaudado a sus fines». «Actualmente el ICA sirve para pagar el agujero negro que ha supuesto la nefasta gestión del plan de Saneamiento y Depuración de Aragón y no para en teoría los fines por los que fue configurado».

Zaragoza en Común: Afirman que desde su ámbito de actuación y en coordinación con los partidos políticos que forman parte de ZeC a nivel territorial y otras fuerzas, «pelearán» porque el Gobierno de Aragón reforme la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

También se muestran de acuerdo en que, en el caso de Zaragoza, se negocie un convenio DGA/Ayuntamiento, «en el contexto del modelo de solidaridad transparente que promueve la RAPA que garantice la colaboración financiera del territorio en las inversiones necesarias, tanto en saneamiento y drenaje pluvial como en renovación de redes».

Posición de RAPA: En su opinión, las próximas Cortes de Aragón «deberían reformar en profundidad» la Ley de Aguas y Ríos de Aragón (LARA) «para reforzar las capacidades municipales en la gestión de sus competencias sobre agua y saneamiento e incentivar la responsabilización y las buenas prácticas de los Ayuntamientos, en lugar de favorecer la privatización de estos servicios, garantizando transparencia y participación ciudadana».

(Pregunta 2) ¿Asumen derogar el ICA y promover un nuevo modelo de financiación que garantice, en línea con el propuesto por RAPA, para que nadie en Aragón pague más de lo que se paga en media en el Estado español?

Partido Popular: Se remiten a su documento con las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el ICA.

PSOE: Recalcan que apoyarán que su reforma se haga «con el máximo consenso», e insisten en que defenderán «un sistema de tasa por los gastos de explotación y un impuesto para garantizar las inversiones» en el conjunto del territorio.

Defienden además la estructura de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento, «caracterizada por su clara progresividad medioambiental para incentivar un menor consumo de agua y por la existencia de bonificaciones de carácter social, de tal forma que nadie, por razones de índole económico o situación social, va a tener una penalización del Consistorio en el caso de no poder hacer frente a la factura del agua».

Finalmente añaden que arbitrarán «los mecanismos que sean necesarios para garantizar el suministro a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad».

Podemos-EQUO: Desde la coalición responden «rotundamente sí» y recuerdan su apoyo al modelo propuesto por RAPA, que garantiza que nadie en Aragón pague más de lo que se paga en media en el Estado español por este servicio y que la DGA asumiría el pago de los «sobrecostes» sobre esa media en el conjunto del Estado.

Ciudadanos: Sin respuesta.

CHA: Plantean modificar el ICA para hacerlo un «impuesto justo y solidario». Este hecho lo llevarían a cabo «aplicando tarifas progresivas que permitan recuperar el coste del ciclo integral del agua, incluyendo exenciones e incentivos que garanticen el acceso universal de los ciudadanos y una gestión eficiente de la demanda».

Para la formación aragonesista, «en ningún caso el ICA puede suponer una doble imposición y los aragoneses no deben pagar más que la media que se paga en el resto del Estado por depuración y saneamiento del agua».

PAR: Sin respuesta.

Izquierda Unida: Desde la formación defienden el agua y su acceso como «un derecho humano y público y tanto la gestión debe ser directa, pública, transparente y participativa, fortaleciendo las capacidades de los entes locales para dicha gestión y por tanto llevando a cabo la reforma necesaria de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón».

Zaragoza en Común: Asumen «totalmente» la necesidad de derogación del ICA y la promoción de un nuevo modelo de financiación del Saneamiento.

«La posición de Zaragoza en Común ha estado siempre alineada totalmente con la de RAPA, nos hemos sumado a sus reivindicaciones, impulsando junto con todos los agentes sociales implicados, las campañas desarrolladas y defendido desde el Ayuntamiento la denuncia del ICA como impuesto injusto e insolidario que solo sirve para cubrir los gastos generados por una mala gestión del Saneamiento».

Posición de RAPA: En el contexto de esa reforma de la Ley, en su opinión, «se debe derogar el ICA y asumir un nuevo modelo de financiación, en línea con el propuesto por RAPA, en el que la DGA debe hacerse cargo de los injustificables sobrecostes del modelo vigente, de forma de nadie en Aragón pague más de la media de lo que paga la ciudadanía» en el resto del Estado español.

(Pregunta 3) ¿Asumen la necesidad de disolver el IAA y, de ser así, qué proponen como alternativa?

Partido Popular: Se remiten a su documento con las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el ICA.

PSOE: No contesta a esta pregunta.

Podemos-EQUO: Entre los puntos clave de la Reforma de la LARA, debe estar -a su juicio-: «disolver el IAA, realizar una rigurosa auditoría de su gestión desde la fecha de su creación y la creación de una Dirección General de Aguas que promueva un Observatorio Aragonés de los Servicios de Agua y Saneamiento abierto a la participación Ciudadana y de los Ayuntamientos».

Ciudadanos: Sin respuesta.

CHA: «Absolutamente, llevamos años reclamando la disolución del IAA y la creación de una Dirección General que gestione sus funciones y competencias», responden desde la formación.

PAR: Sin respuesta.

Izquierda Unida: Se muestran «absolutamente de acuerdo» con derogar el ICA tal y como está planteado actualmente. Consideran que es «un impuesto injusto, insolidario y que no se destina lo recaudado a sus fines. Actualmente el ICA sirve para pagar el agujero negro que ha supuesto la nefasta gestión del plan de Saneamiento y depuración de Aragón y no para en teoría los fines por los que fue configurado».

Zaragoza en Común: Lo consideran «una medida necesaria para seguir incidiendo en la gestión directa, pública, transparente y participativa del agua, de manera que puedan incrementarse las medidas de control y fiscalización».

Posición de RAPA: Para el colectivo, el IAA «debe ser disuelto y sus funciones asumidas por una Dirección General, abierta al control transparente y a la participación ciudadana, que facilite e incentive la recuperación de competencias por los Ayuntamientos, ofreciendo nuevos convenios de colaboración y no de cesión de competencias».

(Pregunta 4) ¿Cómo resolverán la deuda patrimonial de la DGA con los Ayuntamientos del Pirineo, por esos 140 millones del Convenio con el Gobierno que debían financiar sus depuradoras?

Partido Popular: Se remiten a su documento con las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el ICA.

PSOE: No contesta a esta pregunta.

Podemos-EQUO: Responden que «ante todo la DGA debe reconocer formalmente esa deuda con los Ayuntamientos, garantizando financiar a fondo perdido las depuradoras del Pirineo a lo largo de la nueva legislatura, sobre la base de los presupuestos de la Comunidad o mediante fondos que puedan obtenerse de la UE o del Estado, de forma que en ningún caso esas inversiones se repercutan en los costes generales que puedan derivarse del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón».

Ciudadanos: Sin respuesta.

CHA: Para la formación aragonesista, «construyendo las depuradoras que les corresponde dentro del objeto del convenio firmado por el Gobierno de Aragón con el Gobierno central».

«En el caso de los municipios que soliciten la devolución de las competencias cedidas en su día en materia de depuración de aguas, la solución pasaría por la devolución de dichas competencias con la correspondiente financiación para que el municipio gestione su propio sistema de depuración de agua».

PAR: Sin respuesta.

Izquierda Unida: Proponen resolver la deuda a través de un acuerdo y/o convenio que se firmase con los ayuntamientos afectados. Recuerdan asimismo que el incumplimiento del convenio firmado entre el Gobierno español y el de Aragón para financiar la construcción de las depuradoras «fue incumplido por el Gobierno de Aragón, que recibió los 140 millones de euros pero que los destinó para otro tipo de cuestiones que no fueron la construcción de las depuradoras, por tanto entendemos que es responsabilidad del gobierno de Aragón resolver la deuda patrimonial generada con los Ayuntamientos del Pirineo».

Zaragoza en Común: Aunque esta cuestión está fuera del ámbito de las competencias municipales, desde la formación defienden que «es responsabilidad del Gobierno de Aragón resolver esa deuda patrimonial, pues fue el Gobierno de Aragón el que incumplió el convenio» con el Gobierno español «al recibir los 140 millones pero no destinarlos a la construcción de depuradoras». Así, apoyarán cualquier iniciativa que se promueva en ese sentido, en formato acuerdos o convenios con los Ayuntamientos afectados.

Posición de RAPA: Según el colectivo, el territorio «debe reconocer la deuda contraída con los Ayuntamientos del Pirineo a los que estaban destinados los 140 millones que llegaron a la DGA por el Convenio firmado con el Ministerio y financiar a fondo perdido, a lo largo de la legislatura, esas depuradoras».

(Pregunta 5) ¿Están de acuerdo en denunciar los convenios incumplidos por las empresas que no construyeron las depuradoras, exigiéndoles daños y perjuicios en favor de los municipios?

Partido Popular: Se remiten a su documento con las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el ICA.

PSOE: No contesta a esta pregunta.

Podemos-EQUO: Para la formación, el incumplimiento de esos contratos «debe comportar su resolución con exigencia de daños y perjuicios a los Ayuntamientos sumando, cuando menos, las siguientes partidas: el pago indebido que cobró a los vecinos del Canon de Saneamiento/ICA, desde un principio, más los pagos hechos por los Ayuntamientos a la CHE en concepto de Canon de Vertido, más las multas que se están imponiendo a los Ayuntamientos por no disponer de depuradoras».

Ciudadanos: Sin respuesta.

CHA: «Por supuesto».

PAR: Sin respuesta.

Izquierda Unida: «Absolutamente sí», manifiestan, para añadir que el incumplimiento por parte de las empresas de los convenios para la construcción de las depuradoras ha supuesto «graves afecciones» a los municipios, «y por tanto es de justicia que se les repare los daños y perjuicios generados por dichas empresas y sus incumplimientos que han sido reiterados y que han finalizado sin la construcción de las depuradoras que eran el fin de dichos convenios y/o contratos».

Zaragoza en Común: «Sí. Estos incumplimientos han supuesto graves afecciones a los municipios que deben ser reparadas».

Posición de RAPA: Según declaran, «la DGA debe resolver los contratos incumplidos por la empresas, al no construir en plazo las depuradoras, exigiéndoles daños y perjuicios en favor de los Ayuntamientos afectados, que como mínimo serían: el pago del Canon de Saneamiento/ICA hecho por los vecinos sin disponer de depuradora, así como el canon de vertido y las multas pagadas a la CHE por no tener depuradora».

(Pregunta 6) ¿Respaldan que la DGA se haga cargo de las multas y del canon de vertido de los municipios que cedieron sus competencias a la DGA y no tienen aún depuradora?

Partido Popular: Se remiten a su documento con las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el ICA.

PSOE: No contesta a esta pregunta.

Podemos-EQUO: Responden desde la coalición que la DGA debe asumir esa deuda ante los Ayuntamientos «en tanto no se garantice el pago de los daños y perjuicios a los Ayuntamientos por las empresas que han incumplido sus contratos, y en la medida que la DGA recibió las competencias de esos Ayuntamientos y es responsable ante ellos de que no estén construidas las depuradoras, para las que recibió 140 millones de euros».

Ciudadanos: Sin respuesta.

CHA: «Desde luego, es inaudito que muchos municipios que cedieron sus competencias lleven años pagando el ICA, canon de vertido e incluso sanciones sin tener depuradora», contestan desde la formación política.

PAR: Sin respuesta.

Izquierda Unida: «Sí. Hemos defendido esa posición en la legislatura y así lo denunciamos públicamente que además de no tener las depuradoras hecha, y no por su culpa, se les multara con por parte de la CHE y el canon de vertido fuese el más elevado precisamente por verter directamente al río al no tener depuradoras. Al final quien menos culpa tenía que eran los municipios : eran y son los que están pagando los ‘platos rotos’ de una gestión y dejadez por parte de la DGA absolutamente inaceptable».

Zaragoza en Común: Se muestran «totalmente de acuerdo», y aseveran que «la mala gestión del Gobierno de Aragón no puede ser asumida en forma de multas de la CHE o el canon de vertido más elevado por parte de estos municipios».

Posición de RAPA: «En tanto los daños y perjuicios a los Ayuntamientos no queden satisfechos por las empresas, la DGA debe asumir la deuda complementaria con esos municipios que supone el cobro indebido a sus vecinos del Canon de Saneamiento/ICA, el canon de vertido a la CHE y las multas que se vienen imponiendo por no disponer de depuradora».

(Pregunta 7) ¿Están de acuerdo en abrir de inmediato expedientes que permitan sancionar como corresponda a quienes, desde la Administración, propiciaron o permitieron las graves irregularidades que denuncia el Informe de la Cámara de Cuentas?

Partido Popular: Se remiten a su documento con las conclusiones de la Comisión de Estudio sobre el ICA.

PSOE: No contesta a esta pregunta.

Podemos-EQUO: «Sí, por supuesto. En caso de que, al parecer, por graves irregularidades administrativas, las empresas pudieran soslayar el pago de esos daños y perjuicios, la DGA, con mayor razón, debería asumirlos, al tiempo que se tendrían que abrir los correspondientes expedientes para depurar las responsabilidades en torno a esas irregularidades».

«De hecho -argumentan-, tras el Informe de la Cámara de Cuentas y los testimonios y datos obtenidos en la Comisión de Investigación de las Cortes, esos expedientes deben abrirse ya, para determinar y depurar las correspondientes responsabilidades».

Ciudadanos: Sin respuesta.

CHA:«Claro que estamos de acuerdo, las irregularidades detectadas son preocupantes y habría que depurar responsabilidades», subrayan.

PAR: Sin respuesta.

Izquierda Unida: «Sí. Tal y como estuvimos de acuerdo en que hubiese una comisión de investigación también estamos de acuerdo, que se abran expedientes sancionadores por las graves irregularidades que han quedado reflejadas en el informe de la Cámara de Cuentas que como bien sostuvo el ponente del mismo en la Comisión de investigación cuando vino a declarar, que era y es ‘un informe demoledor’”.

Zaragoza en Común: «Sí. Estamos hablando de graves irregularidades recogidas en un informe de la Cámara de Cuentas que además han sido analizadas en la Comisión de Investigación y deben tomarse medidas al respecto».

Posición de RAPA: Para el colectivo, «la DGA debe abrir de inmediato una investigación en profundidad sobre las sistemáticas irregularidades en la gestión del Plan de Saneamiento constatadas, tanto en el Informe de la Cámara de Cuentas como en la Comisión de Investigación de las Cortes, promoviendo de forma inmediata los correspondientes expedientes de sanción a los responsables».

24 mayo, 2019

Autor/Autora


Twitter
Facebook

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR