La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), junto al movimiento vecinal integrado en la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), manifiesta su "total rechazo" a las subidas de la energía que están imponiendo las compañías del sector "con el beneplácito del gobierno del Partido Popular”.
Ambas entidades, declaran su “absoluto desacuerdo con el poder que el Gobierno de Rajoy está dando a las compañías energéticas a la hora de permitirles establecer las tarifas de la luz o el gas (unos cien euros anuales de subida en un hogar de bajo consumo)". A su juicio, estos son “dos elementos imprescindibles en el funcionamiento diario de los hogares, el comercio y la industria, a lo que hay que añadir la subida de la bombona de butano en las últimas semanas que afecta a los hogares más humildes”.
“Las subidas acumuladas en años anteriores, ya de por si exageradas (el 70% en los últimos seis años), más la sentencia del Tribunal Supremo, ordenando la devolución de más de 500 millones de euros a la compañías eléctricas en concepto de tarifa de Último Recurso, que también afecta a los hogares más pobres, marcan una tendencia imparable ante la cual, el Gobierno no pone límites y permite su manipulación y la puesta en riesgo de la salud de personas con pocos recursos", recalcan. Todo ello debido "a los altos precios de la energía que impiden calentar sus hogares y el perjuicio económico a las pequeñas empresas y autónomos, con la consiguiente afección al empleo”, afirman desde la FABZ y la CEAV.
Desde estas entidades creen que este hecho “se debe a la falta de planes reales para dotarse de energías limpias reduciendo la dependencia del gas o del petróleo, mientras se sanciona o desprotege cualquier oferta de energía alternativa”. Por otro lado, “los beneficios obtenidos por las empresas que controlan el gas y la electricidad están siendo astronómicos y ello no redunda a favor de la situación de crisis que se está viviendo, puesto que son las entidades que menos impuestos declaran”.
A su juicio, “el Gobierno central se está beneficiando de forma directa de estas decisiones, puesto que sus ingresos para el Presupuesto General se incrementa vía impuestos, ya que el coste real de la electricidad es inferior al 35% del precio establecido en el recibo, la diferencia hasta el 100% son impuestos y peajes”.
Por todo ello, advierten que “no hay equilibrio entre el beneficio empresarial y el precio del recibo de la luz o el gas, condenando a miles de personas a la pobreza energética, a pasar hambre y frío por la avaricia de quienes fijan los precios y quien se lo consiente, mientras no se priman la generación de fuentes alternativas como la autogeneración, medidas que se han adoptado en el entorno de los países europeos”.
