La fábrica de armas zaragozana que nutre al ejército ucraniano, envió lanzacohetes a Yemen y recibe ayudas de la DGA

Hablamos de Instalaza. En ella trabajó Pedro Morenés, que, posteriormente, cuando fue ministro de Defensa con el PP, firmó múltiples contratos con la misma. Además, el Gobierno español declaró sus instalaciones como de “Interés militar”.

una persona sujetando un lanzacohetes de la fábrica zaragozana
Imagen de archivo de una de las armas de Instalaza.

El Gobierno español parece decidido a seguir los dictados de la OTAN y aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB. Lo que supondría una consignación para este Ministerio de más de 24.000 millones de euros, un 136,9% más que la actual y, por ejemplo, un 298% más que el de Educación; un 526% más que el de Ciencia, o un 750,8% más que el Ministerio de Sanidad, como ya apuntaron en La Marea.

El aumento le vendrá muy bien a la fábrica zaragozana de armas Instalaza. Una compañía que, como se apunta en el Catálogo Industria Española de Defensa (2019-2020), “aplica las últimas tecnologías en el diseño, desarrollo y fabricación de material de defensa para ofrecer las soluciones más eficaces a la infantería. Fundada en 1943, su experiencia profesional es ampliamente reconocida como proveedor de las Fuerzas Armadas españolas y más de 30 países de todo el mundo”.

De hecho, son, en gran parte, armas de Instalaza las que el Estado español está enviando a Ucrania. El propio ejército de este país explicó en un vídeo a sus soldados cómo se utilizaba el C90 (elaborado por la fábrica zaragozana).

Las armas, un buen negocio

En 2021, según la Memoria de Actividades de TEDAE (la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio) –de la que forma parte Instalaza–, las empresas del sector facturaron 11.594 millones de euros, de los que 7.065 corresponden a defensa terrestre y naval.

En la Asamblea General de TEDAE, el presidente, Ricardo Martí Fluxá (secretario de Estado para la Seguridad de 1996 a 2000, con José María Aznar al frente del Gobierno español), mandó un mensaje a Pedro Sánchez que parece haber recibido: señaló que era “el momento de consolidar, en los Presupuestos Generales del Estado, sectores estratégicos para la economía como los de TEDAE y dotarlos de estabilidad presupuestaria para poder acometer los retos que tenemos ante nosotros con certidumbre”.

A ese gran pastel de la industria armamentística contribuye cada año Instalaza, que, tal y como anotan en diversas páginas de información empresarial, facturó 23,44 millones de euros en 2020 (un 24,17% menos que en 2019, cuando la cifra se fue hasta los 30,9 millones).

Del total de 2020, señalan en CESCE con datos de eInforma, el 15% fue por ventas nacionales y el 85% por exportaciones.

Como resaltan en la web oficial, desde su nacimiento han fabricado más de 2 millones de cohetes, más de 500.000 sistemas disparados desde el hombro, más de un millón de granadas de mano y más de 2,5 millones de granadas de fusil.

En 2022 se sabe que ha vendido armas a Italia y Estonia, y, antes que en Ucrania, y seguramente también en nombre de la paz, los C90 de Instalaza ya estuvieron en otra guerra con mucho menos foco mediático, la de Yemen. Así se refleja en el informe número 6 de ARES (Armament Research Services), publicado en agosto de 2016.

AraInfo se ha puesto en contacto con la empresa para solicitar información acerca del destino del armamento fabricado en Instalaza, pero no ha recibido respuesta al respecto.

El dinero público de Instalaza

La historia de Instalaza no ha estado exenta de polémica. En muchos casos, ha tenido que ver con las grandes cantidades de dinero público con las que ha hecho caja la empresa, principalmente (de ello informaron en su momento medios como El Confidencial o Eldiario.es), después de que Pedro Morenés (ministro de Defensa con el PP entre 2011 y 2016) dejara de trabajar en Instalaza, donde fue consejero y representante.

También desde el Gobierno de Aragón ha salido dinero para la armamentística zaragozana. En 2020 percibió una ayuda de 55.378 euros en el marco del programa de ‘Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP)’.

Con fecha de 24 de marzo de 2022, en la web de la empresa anunciaban una nueva ayuda, en este caso, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Aragón (FEDER), “cofinanciado con la Unión Europea, para contribuir a una transición hacia una economía digital y verde”.

Aunque no directamente económica, Instalaza recibió otra excelente noticia desde el Gobierno de España en mayo del año pasado, cuando, a través del Real Decreto 363/2021, decidieron declarar de “Interés militar” las instalaciones civiles del denominado “Polvorín de Cadrete”, ubicadas en el polígono 109 término municipal de Zaragoza. Que es donde se encuentran parte de las infraestructuras de la compañía.

Esto significa que “dichas instalaciones quedan adscritas al Ejército de Tierra y asimiladas a las comprendidas en el grupo tercero de las zonas de seguridad de las instalaciones de interés para la Defensa Nacional”.

Bombas de racimo de Gadafi

Las bombas de racimo se prohibieron en la Convención sobre municiones de racimo, celebrada en Dublín el 30 de mayo de 2008, y dicho veto se ratificó en la Convención de Oslo (diciembre de 2008). Sin embargo, con anterioridad (el 11 de julio de 2008), el Ministerio de Defensa de España aprobó de manera unilateral una moratoria para adelantar la prohibición.

Aquello supuso un severo golpe en la línea de flotación de Instalaza que, en mayo de 2011 (todavía con Morenés en sus filas), reclamó al Gobierno (del PSOE) una indemnización de 40 millones de euros por pérdida patrimonial.

En septiembre de 2011, el Consejo de Ministros (aún socialista) rechazó la petición; en octubre de 2013, la Audiencia Nacional dio la razón al Estado, y, en diciembre de 2015, el Tribunal Supremo lo ratificó.

Aunque no fue por la vía jurídica, pero, como se ha podido comprobar con anterioridad, el entonces ministro Morenés se encargó de que su exempresa cobrara, a su manera, la indemnización que creían ameritar.

Por cierto, 3 años después de la prohibición, bombas de racimo fabricadas en España (solo dos empresas lo hacían, Expal e Instalaza), fueron utilizadas por Muamar el Gadafi para atacar la ciudad de Misrata. Lo que se haya podido exportar, aseguró entonces un portavoz de Comercio Exterior a El País, “ha sido antes de la Convención".

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