La Economía Social aragonesa irrumpió este martes en la campaña electoral del 8F con una agenda propia. CEPES Aragón reunió en su sede a representantes del PP, PSOE, CHA, Aragón Existe, PAR e IU–Movimiento Sumar para trasladarles siete propuestas estratégicas de cara a la próxima legislatura y conocer sus planteamientos sobre el papel de la economía social en el desarrollo del territorio. No acudieron a la cita ni Podemos ni el ultraderechista Vox.
El encuentro sirvió para poner sobre la mesa el peso económico y social de un sector con fuerte implantación en Aragón y un marcado arraigo territorial, especialmente en el medio rural. Durante el debate, todas las formaciones coincidieron en señalar la necesidad de renovar el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social, una cuestión que sobrevoló gran parte de la jornada.
Desde CEPES Aragón se subrayó el papel estabilizador de cooperativas, fundaciones y otras entidades de la economía social, tanto en la creación de empleo de calidad como en su capacidad para resistir contextos de crisis económicas, sociales o internacionales. También se destacó su carácter transversal, con impacto en sectores como la alimentación, la agricultura, la hostelería, los servicios, los cuidados o los servicios sociales.
Otro de los ejes del encuentro fue la necesidad de articular una interlocución única con el Gobierno de Aragón que permita ordenar propuestas y avanzar en políticas coordinadas. En este sentido, CEPES defendió la creación de planes provinciales de impulso a la economía social en Zaragoza, Uesca y Teruel, siguiendo el ejemplo de la Diputación de Teruel, que ya cuenta con su propio plan desde 2025.
Durante el acto se abordaron además retos estructurales en los que la economía social puede jugar un papel clave, como el relevo generacional en el medio rural y urbano, la dispersión territorial, el acceso a la vivienda —con modelos cooperativos de cesión de uso— o la transición ecológica y digital desde parámetros de sostenibilidad y justicia social.
En este marco, CEPES Aragón trasladó a los partidos siete propuestas concretas: reforzar el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social y crear planes provinciales y locales; situar la economía social en el centro de la agenda legislativa autonómica; convertirla en aliada estratégica frente al reto demográfico; impulsar el emprendimiento colectivo, especialmente en sectores emergentes y tecnológicos; situarla a la vanguardia de las transiciones digital y verde; aplicar de forma efectiva la contratación pública responsable; y garantizar la presencia de la economía social en órganos de decisión como el Consejo Económico y Social de Aragón, dando continuidad al Consejo Aragonés de Economía Social.
Desde CEPES Aragón expresaron su confianza en que estas propuestas no solo sean asumidas, sino ampliadas por el próximo Gobierno aragónes, reivindicando la economía social como un actor clave para un modelo de desarrollo “más justo, sostenible y arraigado al territorio” en Aragón.
