El brote de gastroenteritis se declaró el fin de semana del 9 y 10 de septiembre, inicialmente en la ciudad de Tarazona, para posteriormente extenderse a toda la comarca, afectando después también a poblaciones de Nafarroa y Castilla. Tras la grave alerta sanitaria, el Gobierno de coalición PP-Vox-PAR, liderado por Jorge Azcón, ha sido incapaz en este tiempo de plantear soluciones definitivas, ha insinuado que es responsabilidad de otras administraciones, se ha limitado a realizar análisis para comprobar la cantidad de Cryptosporidium presente en el cauce del Queiles e infraestructuras de abastecimiento, así como a suministrar agua potable con cisternas para abastecer contenedores-fuentes de emergencia, y ha propuesto -para salir del paso- nuevas depuradoras o incluso entubar el río.
Ahora, la DGA, que no ha querido profundizar en el origen del brote y aportar soluciones definitivas, a corto y largo plazo, confía la suerte sanitaria de la población de la comarca de Tarazona y el Moncayo, a que la lluvia y el paso del tiempo diluyan la concentración del protozoo y ‘se vuelva a la normalidad’.
Un ‘normalidad’ que la semana pasada la ‘Plataforma del río Queiles’ describía en una cronología, relatando diferentes episodios de contaminación, no sólo del Queiles, sino también del embalse de El Val, y del acuífero globalmente. “La situación general del área geográfica se encuentra en un estado ecológico gravemente afectado por la gestión realizada del agua de los ríos y arroyos de las dos vertientes del Moncayo”, señalaban.
Por su parte, entidades ecologistas recuerdan que “minas, polígonos industriales, granjas e instalaciones de energía renovables pueden ser aceptables e incluso imprescindibles para el progreso, pero deberán sintonizarse con el marco y las condiciones que impone la naturaleza o seguiremos sufriendo de gastroenteritis intestinal, de insuficiencia cerebral y de raquitismo social”.
Por si esto fuera poco, y para desasosiego de algunos altos cargos del Pignatelli, las fiscalías de Zaragoza y Soria tienen abiertas sendas investigaciones para dirimir responsabilidades. La Fiscalía General del Estado ha remitido a la de Zaragoza una denuncia presentada por Ecologistas en Acción para que investigue la contaminación del Queiles, y la fiscalía de Soria tiene abierta otra pesquisa sobre los vertidos en Olvega y Ágreda.
La DGA se pierde entre análisis y guías científicas
La última comunicación del gobierno liderado por Azcón viene fechada el pasado lunes 16 de octubre. No proponen ninguna solución y se limitan a describir una serie de datos obtenidos en la tomas de muestras y la decisión de adoptar los criterios de una guía científica elaborada en Reino Unido.
El Gobierno de Aragón afirma que “los resultados de las últimas muestras de agua tomadas el pasado lunes 9 de octubre en el río Queiles y en los abastecimientos de agua de las localidades afectadas por presencia del protozoo del género Cryptosporidium vuelven a mostrar una baja presencia del protozoo, por segunda semana consecutiva. Todos los valores son muy inferiores a 0,1ooquiste por litro de agua”.
Relatan como en una reunión de la Ponencia de Sanidad Ambiental celebrada el pasado viernes 6 de octubre, en la que participaron las administraciones sanitarias de los territorios afectados “se decidió adoptar los criterios de una guía científica de Reino Unido en esta materia”. Y, que, según dicha guía “se puede considerar que hay ausencia de ooquistes y por tanto, el agua es potable, cuando se cuente con una serie de resultados cuya media sea por debajo de 10 ooquistes en 100 litros de agua. Los resultados se expresan siempre por litro, por lo tanto la media deberá ser inferior a 0,1 ooquistes por litro de agua”.
“Los resultados de los cultivos de laboratorio realizados con heces de personas enfermas permitieron averiguar que el agente causal del brote es un protozoo del género Cryptosporidium. Estos hallazgos confirmaron la necesidad de mantener las restricciones iniciales en el consumo de agua de la red de abastecimiento y que aún deben perdurar. Estas medidas implican no beber agua del grifo, no utilizarla para lavarse los dientes y hervirla al menos 10 minutos para usarla para cocinar”, es decir, no contemplan una solución definitiva, como tampoco informan de una fecha, siquiera aproximada, para controlar el brote, y aún mucho menos una previsión de cuando serán aptas las tomas de abastecimiento de agua de boca.
Ecologistas en Acción solicita “ser considerados parte interesada en los expedientes administrativos”
Con cierta somardería, Ecologistas en Acción Aragón asegura que “las fiestas del Pilar parecen haber relegado de la actualidad, al menos por un momento, al río Queiles con sus protozoos y sus gastroenteritis moncaínas".
Pero las fiestas de la capital del país no han acabado con el protozoo, ni con la rasmia de las entidades de defensa del territorio, que explican que “un par de encuentros cívicos de habitantes de la zona, preocupados por esta situación que ha puesto en tela de juicio el presunto equilibro de la gestión hidráulica en esta comarca, han mantenido en el candelero este grave brote que además de tener que ver con la zoonosis tiene también mucho que ver con la racionalidad y la ética social y política”.
En el mismo sentido, recuerdan que “los grupos de Soria y Zaragoza de Ecologistas en Acción (EEeA) se han dirigido a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y al Ayuntamiento de Vozmediano para solicitar ser considerados parte interesada en los expedientes administrativos que puedan iniciarse en relación a esta grave crisis al mismo tiempo que solicitan el acceso a la información de cuantas gestiones se están realizando”.
Al Ayuntamiento de Vozmediano le piden “que realice las inspecciones que correspondan de acuerdo a sus competencias, en el foco de origen de la contaminación por Crytosporidium y en su caso en la piscifactoría, dada la razonable posibilidad de que esta sea la fuente de tal contaminación”. Para ello y dado la escasez de recursos de un municipio de 36 habitantes “deberá buscar la colaboración de la Diputación de Soria y del Gobierno de Castilla y León, por cuanto esta última tiene competencias en prevención ambiental, ganadería y en Salud Pública”.
También solicitan “la documentación que componga el expediente de licencia ambiental o comunicación ambiental, así como de licencia de obras, y posteriores modificaciones y actualizaciones hasta la fecha de recepción de esta solicitud de la Piscifactoría de Eurotrucha S.L. que tiene su sede en Madrid”.
En el ámbito que compete al organismo de cuenca -CHE- solicitan acceso a los expedientes abiertos al respecto de la contaminación referida y la remisión de la documentación que permita “hacer un seguimiento de la evolución administrativa de esta industria que, para muchos vecinos de Tarazona, hace tiempo debía haber sido investigada”.
Para los grupos ecologistas es importante conocer la autorización de captación o toma de agua y de vertido y todos los documentos que compongan el expediente desde su solicitud, renovación, modificación, cambio de titularidad y autorización en vigor. De igual forma necesitan conocer los análisis, actas y documentos derivados de la inspección y control de la captación y vertido a la piscifactoría de Vozmediano en los últimos años así como las autorizaciones e informes relativos a la ocupación del ‘Dominio Público Hidráulico’ y de instalación en zona de servidumbre y de policía de la piscifactoría o de partes de la misma.
Los grupos ecologistas solicitan también a la CHE “la renovación y modificación de la autorización de vertido dadas las circunstancias de contaminación del río Queiles y Val, así como de zoonosis que se están generando y las consecuencias para la salud pública en la que se introduzcan parámetros de productos que puedan alterar la calidad del cauce receptor, tales como puede ser organismos patógenos, sustancias químicas, antibióticos y otras sustancias farmacológicas que se usen en piscicultura”.
Junto a estas actuaciones “sin duda, necesarias para la gestión del conflicto de salud que nos ocupa y preocupa, es igualmente necesaria la implicación del tejido social de Tarazona y de su entorno porque, más a menudo de lo adecuado, se genera una dinámica inercial de convivencia en la que las mayorías se ven arrastradas y convencidas por las oligarquías locales que unas veces promocionan minas de magnesita, otras macrovaquerías o polígonos industriales repletos de industrias contaminantes capaces de convertir un pantano entero en un nido de inmundicia”.
“En esto la sociedad en su conjunto tiene mucho que opinar y que exigir a sus representantes públicos que, también más a menudo que lo adecuado, se transforman en el brazo político de los intereses de las familias castellano aragonesas que marcan el destino del Moncayo y de tantas otras comarcas” de nuestro país, aseveran.
Y concluyen recalcando que “minas, polígonos industriales, granjas e instalaciones de energía renovables pueden ser aceptables e incluso imprescindibles para el progreso, pero deberán sintonizarse con el marco y las condiciones que impone la naturaleza o seguiremos sufriendo de gastroenteritis intestinal, de insuficiencia cerebral y de raquitismo social”.
