Este pasado miércoles se conocía que el Tribunal Constitucional ha anulado la Ley, aprobada por el anterior ejecutivo liderado por Javier Lambán, que pretendía blindar la estrategia política que permitiera seguir con la invasión de instalaciones de energías renovables en Aragón.
La información publicada por elDiario.es y replicada después por medios aragoneses, recuerda que fue el Gobierno del Estado español quien recurrió al TC la norma aragonesa “al considerar que invadía competencias estatales”, pero según el mismo periódico “el fallo no entra en el conflicto competencial, sino en que no está debidamente justificada la ‘urgencia y necesidad’ para tramitar de urgencia el decreto-ley que impulsó el ejecutivo de Javier Lambán” justo antes de las últimas elecciones.
El ejecutivo de Lambán ha sido el gran protagonista político de la invasión descontrolada y sin planificación de instalaciones de energías renovables por todo el territorio aragonés. Y el actual ejecutivo aragonés liderado por Jorge Azcón mantiene y refuerza la misma estrategia política.
El ardor y fuerza de ambos políticos Lambán y Azcón, y de sus partidos PP y PSOE, para facilitar a las empresas, muchas de ellas fondos opacos de inversión multinacionales, suavizando las obligaciones medioambientales, agilizando a medida los trámites burocráticos, invirtiendo dinero público en ayudas e instalaciones auxiliares, y gastando miles de euros (también públicos) en propaganda para lavar la cara de esas empresas (con innumerables mensajes sobre los grandes beneficios económicos para las comarcas y los miles de puestos de trabajo que se crearían, el mismo humo de siempre) contrasta con la mantenida y potente contestación social que este tipo de industrias han provocado, también por todo el territorio aragonés.
Pero si el gobierno aragonés, el actual y el anterior, se ha convertido en el mejor delegado comercial de zona de estas multinacionales extractivistas de energía, el gobierno español tampoco se ha quedado atrás, y como triste y último ejemplo se puede citar su responsabilidad directa en el despropósito del Clúster del Maestrazgo.
Así que, quizás tengan razón el TC, el periódico madrileño y Mar Vaquero al afirmar que en el fallo “no se entra en el fondo” de la ley aragonesa, que no es que otro que facilitar una ‘alfombra roja’ para que las empresas obtengan el mayor beneficio posible en el menor tiempo posible, y el tribunal sólo hace una reprimenda (y una anulación de la ley) al entender que la DGA se ha ‘pasado de frenada’ y ha ido ‘demasiado rápido’ con su Ley de Renovables.
Habrá que esperar pues a la publicación del fallo completo del TC, pero en cualquier caso cabe recordar que la contestación social no ha cesado y que son numerosos los recursos judiciales, denuncias en los juzgados y procesos abiertos y pendientes de resolución que pesan sobre la invasión de energías renovables en nuestro país.
Concentración contra el Clúster del Maestrazgo a las puertas de las Cortes de Aragón
Tan es así, que con la tenacidad del tejido social aragonés más vivo (enmarcado en las campañas ‘Renovables sí, pero no así’), que para esta misma tarde se ha convocado una rueda de prensa a las 16.30 horas en las puertas de La Aljafería, (justo antes del puente del foso) sede de las Cortes de Aragón y, por tanto, de la soberanía democrática aragonesa, para exponer la postura de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) y la Fundación Quebrantahuesos, como representantes de otros colectivos, sobre las PNLs presentadas en el Pleno sobre Clúster del Maestrazgo. En ella intervendrán los portavoces de la citadas entidades, Javier Oquendo, Juan Antonio Gil y Paco Iturbe, que analizarán “las repercusiones de este proyecto, en caso de llevarse a cabo”.
