Este pasado martes, 30 de enero, se conocía que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitía a trámite el recurso del ejecutivo español contra una veintena de artículos de la Ley aragonesa de Energías Renovables “al considerar en sus alegaciones que invaden competencias del Estado”.
El Consejo de ministros español aprobó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad el pasado mes de diciembre, solicitando además “la suspensión cautelar” de la Ley aragonesa, al entender que “puede poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico y del régimen económico del mismo, especialmente, si se generalizaran sus previsiones al conjunto de las comunidades autónomas”.
Así, y satisfaciendo la petición española, el TC ha suspendido “de forma cautelar” la ley que fue aprobada por el Gobierno de Aragón ya al final del mandato Javier Lambán, y que incluía medidas como la opción de “conectar instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes renovables” a una o varias redes de consumidores, con el objetivo de “impulsar el consumo de cercanía”, o que “los excedentes de energía pudieran usarse para impulsar el consumo de cercanía con la finalidad de optimizar los impactos generados por la instalación y la inversión realizada”.
Nuevos impuestos medioambientales a las Energías Renovables: bonificaciones, incienso y mirra
Mientras el TC suspendía la Ley aragonesa de Energías Renovables, la coalición PP-Vox-PAR aprobaba y presentaba en rueda de prensa, este pasado martes, su proyecto de Ley “por el que se grava el impacto en el medio ambiente de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas y se modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión”, como paso previo a su tramitación parlamentaria en las Cortes de Aragón.
La vicepresidenta y portavoz de la DGA, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, recalcaban que “los principales beneficiarios de estos impuestos serán los municipios que soportan las afecciones medioambientales”, unas afecciones que se han venido negando tanto por el anterior gobierno de Lambán, como por el actual de Azcón.
Vaquero y Bermúdez confirmaban que únicamente han contado con las empresas energéticas extractivistas para la elaboración de la nueva norma, explicando que “el proyecto de ley que regula los nuevos impuestos y la modificación del relativo al transporte de energía eléctrica de alta tensión ha contado con las aportaciones del Clúster de la Energía de Aragón”, al que el consejero Bermúdez agradecía “su ayuda, así como la de empresas aragonesas del sector que llevan tiempo apoyando el desarrollo territorial”, un eufemismo para no explicar que se refiere a Forestalia y el resto de empresas que como ella tributan fuera de Aragón.
Desde la DGA se explicaba que “la base de ambos gravámenes se basa en el impacto natural y paisajístico generado por las instalaciones fotovoltaicas y eólicas. En el caso de las instalaciones eólicas, se gravará según una parte variable en función de la altura del aerogenerador y una parte fija atendiendo a la potencia de la instalación, mientras que, en fotovoltaica, se gravará teniendo en consideración la superficie de la instalación”, unos criterios aparentemente objetivos y, aunque demasiado laxos, sin atisbo evidente de arbitrariedad.
Sin embargo, las portavoces de la coalición PP-Vox-PAR explicaban también que “el proyecto de ley, cuya tramitación ya se inició en la pasada legislatura, contempla bonificaciones y exenciones del 99% para aquellos proyectos que generan riqueza e impulso económico, por ejemplo, el proyecto del Nudo Mudéjar, que se desarrolla en la provincia de Teruel. También tendrán la misma exención aquellos desarrollos empresariales que lleven aparejadas medidas para fijar la población en el territorio aragonés, la creación de empleo y el beneficio para los municipios donde se instalen”, que traducido del castellano heraldiano, y conocida la acción de gobierno de las políticas liberales, significa que, ahora sí, la arbitrariedad planeará sobre esas bonificaciones, ya que ¿qué proyectos de eólicas y fotovoltaicas no cumplen esos requisitos? si nuestros próceres se cansan de explicarnos que las energías renovables van a regarnos de dinero, incienso y mirra.
Finalizaban Vaquero y Bermúdez asegurando que “con el mismo objetivo de desarrollo del territorio, un porcentaje de los ingresos se destinará a medidas de lucha contra la despoblación. Asimismo, se crea un fondo medioambiental para la reinversión en el territorio del 50%”, y todo ello sin despeinarse, por que el papel lo aguanta todo.
“Mientras que Aragón genera 0,25 empleos directos por cada MW instalado, Euskadi genera 18 empleos directos por MW instalado”
Tan sólo 24 horas después, este pasado miércoles, el ultraderechista de Vox, vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón liderado por el ausente Jorge Azcón, Alejandro Nolasco, anunciaba que “dentro del proyecto de ley habrá un 15% de recaudación que se destinará directamente al área de Despoblación -parte de la parcela de gestión cedida por el PP a la ultraderecha- que se integrará en del Fondo de Cohesión Territorial para mejorar la dotación de líneas como la rehabilitación y promoción de vivienda de alquiler asequible en el medio rural”.
La sección más ultraderechista del gobierno de coalición del populista Azcón, estima “que al menos se añadirán otros 4,5 millones de euros a los 23 millones que dispone el área de Despoblación en el presente año”, y que “este porcentaje destinado a Despoblación es independiente al Fondo Medioambiental para la Reinversión en el Territorio del 50% que también fue anunciado este martes por la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro”.
En una contundente crítica a las empresas de energías renovables que operan en Aragón, como Forestalia, y distanciándose de lo expuesto por su socio, el PP, apenas un día antes, Nolasco, aseguraba sobre las empresas a las que la DGA exonerará el 99% de los ‘nuevos impuestos medioambientales’, que “disponer de más MW de potencia instalada no implica más empleo en el territorio”. Y para reforzar su argumento ponía como ejemplo que “mientras que Aragón genera 0,25 empleos directos por cada MW instalado, en el caso de la comunidad autónoma vasca genera 18 empleos directos por MW instalado. Una circunstancia que sucede porque el empleo se ubica donde se concentran las industrias y las sedes de las empresas”, reconociendo así desde la vicepresidencia del Gobierno de Aragón que las empresas de energías renovables apenas crean trabajo en nuestro país.
