Los 15 centros de datos ya aprobados en alguna fase por el Gobierno de Aragón consumirán el doble de energía que toda la producción energética actual de nuestro país, o cuatro veces el consumo actual de familias y empresas aragonesas. La DGA “aprueba un consumo eléctrico que no se sabe si existirá, poniendo en riesgo el suministro a la población, a los hospitales y a las industrias aragonesas. Los problemas serán de imposible solución”, destacan desde Ecologistas en Acción.
El Gobierno de Aragón “está cambiando el modelo económico desde una economía basada en las industrias productiva y logística hacia otro basado en los centros de datos, mucho menos intensiva en generación de empleo. La pérdida de empleo empobrecerá Aragón hasta límites desconocidos”, recalcan, y añaden que “la despoblación y la creación de empleo y de riqueza como justificación de este proyecto no tiene sustento en ningún caso a nivel mundial, pero tampoco en el que ya funciona en Aragón: AWS”.
Aragón no necesita la instalación de centros de datos en su territorio “para tener servicios de datos. Estos centros se instalan para beneficio de otros territorios y otros países. Es una vuelta de tuerca más en el riesgo de desertificación de Aragón y un atentado contra los intereses públicos y privados de Aragón”, subrayan desde Ecologistas en Acción y Ansar.
El centro de datos de ACS - Florentino Pérez “no cumple ninguno de los requisitos legales para ser declarado de interés general” en Aragón
Por todo ello, Ecologistas en Acción y Ansar han presentado un recurso ante la DGA “contra la Orden PEJ/865/2025, de 10 de julio, por la que se da publicidad al acuerdo de 27 de junio de 2025, del Gobierno de Aragón, por el que se declara como inversión con interés general para Aragón el proyecto de instalación de un centro de datos en el término municipal de La Puebla de Alfindén, promovido por ACS DC Infra La Puebla SL”.
“Este proyecto no cumple ninguno de los requisitos legales para ser declarado de interés general: no crea casi empleo, ya conocemos el caso de AWS en Aragón, y no refleja los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y en cómputo anual. Por ello no puede corregir los déficits de generación de renta, población, empleo y actividad productiva y, consecuentemente, no consigue desarrollo de ningún tipo y, menos, uniforme, como exige la ley y cómo ya hemos demostrado en reiteradas ocasiones”, reiteran las entidades sociales.
Los estudios mundiales sobre el tema determinan que se produce un trasvase de riqueza desde los territorios donde se instalan los centros de datos hacia los polos tecnológicos, algo de lo que carece Aragón y seguirá careciendo porque no hay ningún plan público al respecto. Es decir, a juicio de las entidades ecologistas “Aragón se empobrecerá”.
“La realidad es que no crean casi empleo (Amazon tiene 62 empleados en tres centros de datos), ni es de calidad, ya que la mayoría son precarios y están relacionados con limpieza, seguridad y administración, de baja cualificación. Por cada KW consumido, Stellantis crea 320 veces más empleo que este proyecto y Plaza, 640 veces más. Este proyecto no atrae ningún talento, excepto el de querer engañarnos con esta ruina”, resaltan.
“Creando poco empleo, pagando pocos impuestos y disfrutando de una mejora de instalaciones que pagamos el resto de usuarios de energía eléctrica y agua potable, no sólo no crea riqueza a largo plazo en Aragón, sino que la contrae, como denuncia el senador republicano por Virginia, Richard Stuart”, recuerdan.
Asimismo, señalan que “es de suponer que el capital lo pondrá la matriz ACS, conglomerado empresarial que factura más de 36.000 millones de euros anuales. Tiene capital suficiente para acometer este proyecto sin ayudas públicas. Pero este proyecto es promovido por una filial de ACS con un capital social de 86.000 euros, lo que hace imposible que pueda afrontar ningún tipo de responsabilidad civil o penal”.
Decimoquinto proyecto de megacentros de datos aprobado por el Gobierno de Aragón
Este es el decimoquinto proyecto de megacentros de datos que aprueba el Gobierno de Aragón. En total concede 5.000 MW de conexión eléctrica para estas empresas, lo que equivaldrá al doble de la producción energética actual de Aragón. Sí le unimos el consumo familiar e industrial, el sector del hidrógeno que promueve este gobierno y la electrificación de la industria, de la movilidad y de la climatización en línea con los programas de descarbonización, Aragón necesitaría, al menos, tres veces la energía que produce ahora. Y si le sumamos los otros 15 centros de datos que tiene intención de aprobar, el consumo superaría cinco veces la producción eléctrica actual.
“Además, estas empresas, firman contratos de suministro preferente por los que pagan la electricidad a la mitad que los hogares y, en caso de escasez, los apagones serán para las familias y las empresas aragonesas. Esto contradice lo que debe hacer un gobierno: garantizar la seguridad y calidad de vida de su población”, destacan desde Ecologistas en Acción y Ansar.
La mayor demanda de electricidad, junto con el pago de las infraestructuras nuevas en las facturas eléctricas domésticas y el uso de energías caras al tener este sector contratadas todas las renovables, hará que la factura eléctrica de las familias se duplique.
“Idéntico caso ocurre con el agua, con el añadido de que los cortes de agua pueden arruinar a los agricultores y hacer enfermar a la población. El riesgo es excesivamente grande como para no tenerlo en cuenta. El consumo mínimo de este proyecto será de 180 millones de litros, datos que el Gobierno de Aragón esconde al considerarlo dato confidencial, hurtando a la sociedad el derecho legal de conocer la información de un proyecto de interés general que elude el pago de impuestos”, aseveran las entidades.
“Al tener toda la producción eléctrica de Aragón concedida a estas empresas que casi no crean empleo las empresas aragonesas que sí lo crean no podrán crecer y deberán marchar y tampoco podrán venir otras empresas. El empleo en Aragón caerá en picado”, aseguran las entidades recurrentes. Otros países y territorios “como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Texas o Singapur han puesto limitaciones a esta industria al alcanzar el 17% del consumo eléctrico nacional. Sin embargo, el Gobierno de Aragón plantea llevarlo al 200 % ¿Qué puede salir mal?”, se cuestionan con somarderia las entidades.
Contaminación térmica y efectos negativos para la población, la economía o el medioambiente aragonés
“Este proyecto esconde la enorme contaminación térmica que produce, especialmente en verano, evaporando a 100° el 66 % del agua consumida y vertiendo el resto a 40 o 50 °. Pero, además, este proyecto no trae ningún efecto positivo para la población, la economía o el medioambiente aragonés”, destacan las entidades sociales.
Por lo que consideran “totalmente insuficiente la justificación proporcionada, basada en datos erróneos o falsos que contradicen todos los estudios científicos y periodísticos y con argumentos extremadamente peregrinos, algo injustificable en una norma pública que pretende justificar un proyecto privado”.
“No se tienen en cuenta los graves perjuicios, como el altísimo consumo de energía y agua, unas 100 veces lo que consume toda la población de La Puebla de Alfindén, el agua, toda en el periodo de mayor escasez, en verano, lo que pone en riesgo la seguridad del suministro para la ciudadanía, empresas y agricultura en los periodos de escasez, pudiendo llegar a cortes de suministro, algo que ya no nos es desconocido. Pero, también, el ruido generado, la contaminación química, el efecto isla de calor o la baja contribución en impuestos, al tratarse de servicios digitales que tributan allí donde se consumen. Por no hablar de que la DIGA le exime de solicitar licencia de obras y de pagar el ICIO en cada municipio afectado”, enumeran.
“Es sorprendente que cuando se habla de suelo urbanizable, la administración no interviene nunca y deja que sea el precio de mercado y la especulación el que determine el precio de la vivienda que pagarán las familias aragonesas. Pero cuando viene una gran empresa nos olvidamos del mercado y el Gobierno de Aragón interviene para garantizar un bajo precio del suelo para la empresa y, por tanto, una baja remuneración para el propietario de los terrenos, otra pérdida para Aragón. Esta medida, en un caso como el presente, que no produce riqueza, es contrario a los intereses de Aragón y, por tanto, debería impedir cualquier DIGA y PIGA para este proyecto”, recalcan.
En definitiva, a juicio de Ecologistas en Acción y Ansar “no se justifica otorgar un trato de favor a este proyecto, lo que le permitiría acelerar los trámites para eludir controles e incluso no abonar impuestos locales. Todo lo contrario: el Gobierno de Aragón debería replantearse su estrategia de ‘convertir Aragón en la Virginia de Europa’ y considerar una moratoria a los centros de datos, como hacen ciudades como Dublín, Singapur o Amsterdam y como aconseja, entre otros muchos, la norteamericana Fundación Jack Kemp, para que no se produzca un trasvase de riqueza desde los entornos de los centros de datos hacia polos tecnológicos, como Madrid, Barcelona u otras capitales del mundo”, concluyen.
