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La Corte Suprema de Colombia ordena la liberación inmediata del exnegociador de las FARC-EP Jesús Santrich

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado la inmediata puesta en libertad del exnegociador plenipotenciario de las FARC-EP Jesús Santrich, cuya entrega por supuestos delitos de narcotráfico solicita una corte de EEUU, algo que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha denunciado repetidamente como un ataque a los acuerdos de La Habana, que incluían la garantía de no extradición. Este es el segundo revés judicial que ha sufrido el mandatario Iván Duque en el mismo día, después de que la Constitucional le ordenara sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
| 30 mayo, 2019 10.05
La Corte Suprema de Colombia ordena la liberación inmediata del exnegociador de las FARC-EP Jesús Santrich
Jesús Santrich.

En su fallo, el alto tribunal determina que el exjefe guerrillero es “aforado constitucional” a pesar de no haber tomado posesión como congresista, por lo que “resolvió el establecimiento de la libertad de [Seuxis Paucias] Hernández Solarte –verdader nombre de Santrich– frente a decisiones de funcionarios que no tenían competencia para su aprehensión”.

Santrich fue detenido en abril de 2018 en virtud de una orden de Interpol emitida a petición de EEUU, que le acusa de querer introducir cocaína en el país –la FARC denunció desde un primer momento que se trata de un montaje con el fin de lograr la extradición–. Tras esa primera detención inició una huelga de hambre.

El caso del exguerrillero, que fue uno de los negociadores plenipotenciarios de las FARC-EP en las conversaciones de paz que se desarrollaron durante cuatro años en La Habana, tiene tres vías abiertas.

Una es la que se ha resuelto este miércoles, que afecta a su condición de diputado electo por el partido político surgido de las FARC en las elecciones parlamentarias de 2018. La Cámara Baja había pedido que se le despojara de tal condición porque no llegó a tomar posesión del escaño, debido a su detención.

Un tribunal ordinario avaló la pérdida del estatus de diputado, decisión recurrida por Jesús Santrich. La CSJ se ha alineado con la defensa, argumentando que no tomó posesión “por razones ajenas a su voluntad” y que la “condición foral” se adquiere cuando la reconoce el Consejo Electoral –algo que hizo en este caso–, no con la investidura formal. Según el alto tribunal, “el fuero no es un privilegio personal sino que busca el amparo de la investidura”.

La segunda vía se refiere a un conflicto de competencias entre dicho tribunal ordinario y la CSJ. La imputación del exjefe guerrillero quedó pendiente el pasado lunes por el recurso de la defensa, que esgrimía que el fuero parlamentario desviaba el caso al Supremo.

La CSJ ha determinado este miércoles que, como “aforado constitucional”, el caso de Santrich corresponde al alto tribunal, por lo que ha ordenado “el envío inmediato del expediente por narcotráfico a la Sala Especial de Instrucción” de la Corte Suprema.

Por último, la JEP y la Fiscalía dirimen si es posible extraditar al exguerrillero a Estados Unidos. El pasado 15 de mayo, la justicia transicional contestó negativamente y ordenó su puesta en libertad. Horas después de ser excarcelado, fue arrestado de nuevo, ya que la Fiscalía dijo tener nuevas pruebas.

El exguerrillero tuvo que ser trasladado después a una clínica de Bogotá por “alteración del estado de conciencia”. Tras recibir el alta, fue traslado en un helicóptero de la Policía al búnker de la Fiscalía en la capital colombiana en donde permanece detenido.

Duque: dos golpes en un día

De este modo, el presidente colombiano, Iván Duque, que viene bloqueando los acuerdos de paz de La Habana desde el comienzo de su mandato, sufrió este miércoles dos serios reveses en los máximos tribunales del país.

El primero, la orden de libertad de Santrich emitida por la Corte Suprema. El segundo, cuando la Corte Constitucional de Colombia ordenó a Duque que sancione la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la reforma impulsada hace dos meses por el mandatario. El fallo implica que el jefe de Estado deberá ratificar la ley estatutaria del tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, enterrando así los seis cambios u objeciones que había planteado.

30 mayo, 2019

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