La Coordinadora de Vivienda de Aragón ha realizado una petición de reunión urgente a Javier Lambán, Presidente de Aragón, y Pepe Soro, Consejero de Vivienda. La Coordinadora constituida recientemente por plataformas, colectivos, organizaciones y entidades aragonesas preocupadas por el alarmante aumento de los desahucios sin alternativa habitacional en plena pandemia (y crisis económica) impulsa la campaña #AragónSinDesahucios con el objetivo de detener esta vulneración de los Derechos Humanos, así como impulsar otras medidas urgentes y necesarias como la regulación del alquiler o la reglamentación de la "cesión obligatoria" de las vivienda vacías en manos del sector financiero tal y como dicta el punto 24 de la vigente "Ley 10/16" aragonesa.
La Coordinadora ha registrado la carta dirigida al Presidente y al Consejero esta misma mañana (2/10/2020), esperando una rápida respuesta ante la emergencia en materia de vivienda que viven miles de familias vulnerables aragonesas.
Desde el final del confinamiento por la pandemia COVID-19, las entidades que han conformado la Coordinadora de Vivienda de Aragón, han advertido el significativo aumento de los desahucios sin alternativa habitacional que se han venido sucediendo hasta la fecha en Aragón. “Asimismo somos conscientes de la amenaza que se cierne sobre miles de familias, en el actual contexto de emergencia social agravado por la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de ella”, aseguran.
A ello se suman hechos como que, en los últimos cinco años, el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado un 31% en Aragón; la manifiesta escasez de parque público de vivienda por parte del Gobierno de Aragón y el resto de administraciones; o la actual campaña de criminalización hacia los sectores más vulnerables de la población que no tienen acceso a una vivienda digna.
En este contexto y con una perspectiva de extensión de las dificultades para mantener la vivienda habitual, esta Coordinadora ha impulsado la campaña #AragónSinDesahucios que se centra en seis objetivos de mínimos:
- Expropiación de uso de los pisos vacíos en manos del sector financiero.
- Moratoria de desahucios efectiva para todas las familias en situación de vulnerabilidad.
- Garantía del derecho a la vivienda digna y por tanto de la alternativa habitacional.
- Regulación del precio del alquiler.
- Aumento del parque público de vivienda.
- Lucha contra la criminalización y marginación de las familias en exclusión residencial.
Desde la Coordinadora entienden que buena parte de estas medidas podrían ser una realidad haciendo uso de la normativa ya existente, y en particular en Aragón, de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, así como la aplicación de la Orden Ministerial de 11 de abril. En su escrito, desde la Coordinadora se preguntan si estas normas, ambas, “con las que entendemos que ustedes están totalmente de acuerdo, pues fueron impulsores o han apoyado las mismas. Ambas normas obligan a las Administraciones Públicas a la garantía de alternativa habitacional de las familias vulnerables”. Y en el caso de la 10/2016 permiten al Gobierno de Aragón impulsar la cesión obligatoria de las viviendas vacías del sector financiero procedentes de ejecuciones hipotecarias, solo falta reglamentar de forma urgente el punto 24 de dicha norma.
Por tanto, creemos que son posibles soluciones si media la voluntad política. Ejemplo reciente de ello es la Ley 11/2020 de 18 de septiembre, que regula los precios del alquiler en Catalunya, que refleja esta posibilidad en un parlamento cuya composición es mucho más compleja que la de nuestras Cortes.
Siendo estos objetivos totalmente compatibles con las propuestas fundacionales del ejecutivo aragonés (puntos 33 a 38 del Acuerdo de Gobierno de la X Legislatura en Aragón), “no tenemos ninguna duda de que este gobierno no sólo escuchará nuestras demandas, nacidas de la iniciativa de la sociedad organizada, sino que trabajará para que sean una realidad y se materialicen de forma efectiva”, aseguran en el texto enviado.
Y continúan, todas estas medidas no son sino el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, y del artículo 27 de nuestro Estatuto de Autonomía: "Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma promoverán, de forma efectiva, el ejercicio del derecho a una vivienda digna, facilitando el acceso a ésta en régimen de propiedad o alquiler, mediante la utilización racional del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los jóvenes y colectivos más necesitados".
Para poder tratar estos asuntos, trasladarles las propuestas y trabajar conjuntamente para desarrollar iniciativas que garanticen el derecho a la vivienda, les instan a tener una reunión antes del 16 de octubre. “Es una urgencia dar respuesta a las necesidades de miles de personas y familias que ven atropellados sus derechos. Hay vidas en juego”, concluyen la solicitud desde la Coordinadora de Vivienda.
