El movimiento de pensionistas organiza dos actos en Zaragoza para denunciar la aprobación de un producto financiero privado

“Se calcula que en 10 años, alrededor de 2,3 billones de euros de dinero público que tendrían que haber ingresado los estados se va a derivar hacia los fondos de inversión, las entidades financieras y los seguros privados“, advierten desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

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Concentración en defensa de las pensiones en enero de 2019. Foto: Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Este sábado 13 de abril la Plataforma de Pensionistas Aragón han convocado una manifestación a las 12.00 horas en Glorieta Sasera y la Coordinadora por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones una concentración en la plaza del Pilar a la misma hora para denunciar el Reglamento del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales PePP. Este producto financiero lleva consigo pese a las críticas de los sindicato de grandes exenciones fiscales que repercutirán “negativamente sobre las arcas públicas de los Estados”.

Asimismo, aunque el texto aprobado advierte que el PePP no debe “no debe tratar de reemplazar los sistemas nacionales de pensiones existentes, ya que es un producto adicional y complementario“, para las coordinadoras y los sindicatos este reglamento es un paso más hacia la privatización de las pensiones, otorgando la posibilidad de que los bancos sean los que gestionen este complemento fuera de los convenios colectivos.

Esta directiva ha sido apoyada por PP, Ciudadanos, PNV y PdeCat, así como con la abstención del PSOE, una decisión que para la Coordinadora de pensionistas trata de jugar “al engaño de sus votantes y de los y las ciudadanas”.

“El día 4 los diputados y diputadas del Parlamento Europeo, tenían en sus manos el futuro la Clase Trabajadora Europea, tenían en su mano la defensa del Sistema de Protección Público y Solidario, tenían en sus manos marcar líneas para llevar a cabo una estrategia que protegiera y consolidara los sistemas de seguridad social,  y por contra han decidido dar al capital la mayor parte de nuestras cotizaciones sociales, dejando así a la deriva a nuestro Sistema de Seguridad Social”, subrayan desde la coordinadora de Zaragoza.

Por su parte, desde la Plataforma de Pensionistas Aragon aseguran que este tratado de obligado cumplimento para los estados miembros, que deben fomentar y ayudar a su implantación "es un ataque mas a los sistemas públicos de pensiones, que van a ver reducidos sus ingresos en las arcas de la seguridad social con las desgravaciones fiscales que se van a implantar para ayudar a su contratación".

Asimismo, recuerdan que con esta decisión la Unión Europea y el Gobierno español han incumplido la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en sus artículos 25 y 34.1.2, ya que con fondos privados de capitalización no se defienden los sistemas de protección social ni se combate la exclusión social ni la pobreza, “sino que las agudizan, lo contribuirá a que aumente el fascismo, algo que se hace cada día más evidente”.

“Se calcula que en 10 años, alrededor de 2,3 billones de euros de dinero público que tendrían que haber ingresado los estados se va a derivar hacia los fondos de inversión, las entidades financieras y los seguros privados“, suscriben desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

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