La Coordinadora de pensionistas aboga por la revisión anual y no cada cinco años de las jubilaciones

Coespe considera que el nuevo método para establecer la revalorización anual de las pensiones públicas hará perder poder adquisitivo al al basarse en previsiones del IPC a cinco años

Si nada ocurre, la aprobación de la ley de reforma del sistema público de pensiones introducirá un nuevo método para establecer la revalorización anual de las pensiones públicas. Para la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), “aunque en teoría asegura el mantenimiento de su poder adquisitivo, en la práctica puede ser una catástrofe para los pensionistas”.

En síntesis, consiste en aumentar anualmente las pensiones en enero con el IPC medio de los 12 meses anteriores de noviembre a noviembre. El IPC medio es la suma del IPC de los 12 meses dividido entre 12. Se calcula en 2,6% para el periodo noviembre 2020 a noviembre 2021, mientras que el concreto de este noviembre no descenderá de 5,4%.

Esta medida se aplicaría durante cinco años. En ese momento se “evaluaría” cómo ha funcionado para proponer las medidas correctoras que se aprueben. No hay ahora mismo compromiso de recuperar, si fuera el caso de pérdida a los cinco años, la capacidad adquisitiva de las pensiones.

En caso de que el IPC medio anterior fuera negativo, no se incrementarán las pensiones para el año siguiente, pero tampoco se bajarían. Coespe señala que “no habrá corrección anual con la “paguilla” que compensaba la posible pérdida de capacidad adquisitiva si el IPC aplicado en enero era inferior al IPC ce noviembre”.

¿Qué se aplicaba hasta ahora?

Hasta el año 2013 y entre los años 2018 y 2021 (quitando el 0,25% de Rajoy) se incrementaban las pensiones en enero según la previsión del ejecutivo y a principios del año siguiente se recuperaba la desviación entre el IPC previsto y el del mes de noviembre mediante la “paguilla”, la cual se incluía, a su vez, en la base de las pensiones.

“Este sistema aseguraba totalmente el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y es el más ventajoso para los pensionistas”, aclara Coespe. Incluso, a veces, permitía recuperar poder adquisitivo cuando el IPC previsto era superior al de noviembre.

¿Qué pasará ahora cuando esté en vigor la nueva ley?

Primero de todo, depende cómo se inicie el nuevo método. Si se aplica tal cual, como no hay previsión de “paguilla” en la nueva Ley, el incremento será en enero del 2022 del 2,6%. Se perderá la diferencia entre el IPC previsto para el año 2021, el 0,9%, y el de noviembre de 2021, que no bajará del 5,4%, es decir, se perderá un 4,5% de poder adquisitivo.

Para que no suceda esto, debería el gobierno aplicar al año 2021 el método anterior, es decir, añadir a la base de las pensiones un 4,5% que se abonaría en febrero e incrementar las pensiones para el año 2022 con el IPC medio de 2021, un 2,6. “Todo lo demás es devaluar las pensiones”, afirma la Coordinadora.

Al no estar contemplada la recuperación anual entre el IPC previsto (que es el IPC medio del año anterior) y el real y solo “evaluar” el método a los cinco años, podría pasar que las pensiones pierdan poder adquisitivo todos los años (aunque en menor medida que este año concreto de 2021) y no “recuperarse” hasta los cinco años y” siempre que así se acordara de nuevo en el Congreso, no por obligación”, en palabras de la Coordinadora de pensionistas.

Finalmente, el Estado consigue así un cierto ahorro, que puede ser difícil de calcular, pero importante, en el importe global de las pensiones. Una persona puede fallecer durante el periodo de los cinco años y “perder” las revalorizaciones que antes se efectuaban anual-mente. Además, al “evaluarse” la posible desviación del IPC en cinco años lleva a la “com-pensación” de años de IPC medios negativos con los positivos, perdiendo el efecto beneficioso cuando se produzca un IPC aplicado en enero (IPC medio anterior) superior al IPC del año en curso.

Desde COESPE consideran que el sistema anterior a esta Ley, ya explicado, es el más transparente y ventajoso para las y los pensionistas. El nuevo método no garantiza en el momento de su implantación el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y plantea “incertidumbres más que razonables” sobre sus efectos en años posteriores. Fundamentalmente porque aplaza a cinco años la posible revisión y “ni siquiera asegura la recuperación del poder adquisitivo”.

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