Dos años de trabajo, decenas de testimonios y un diagnóstico contundente: en las cárceles de Aragón la salud no está garantizada. El informe “Análisis de la situación sanitaria en las cárceles de Aragón”, elaborado por la campaña Salud y Libertad —impulsada por CAMPA (Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón)—, describe un escenario de abandono institucional en el que la falta de atención médica, los retrasos sistemáticos y la opacidad se traducen en sufrimiento evitable y, en algunos casos, en muerte.
El documento —que puedes consultar íntegro aquí— no se limita a una denuncia genérica. Apoya sus conclusiones en datos oficiales, encuestas realizadas a personas presas y testimonios directos que dibujan una realidad muy alejada del derecho a la salud reconocido por ley.
“Hay muertes por negligencia institucional”, advierte el informe desde sus primeras páginas, situando el problema no como una anomalía puntual, sino como una consecuencia estructural del modelo penitenciario actual.
Un sistema sanitario bajo mínimos
El análisis sitúa el origen del problema en una combinación de factores estructurales. El primero, la falta crónica de personal sanitario. En diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 de las 507 plazas médicas en las prisiones del Estado español, apenas un 30%, para atender a unas 48.000 personas.
Esta escasez se traduce en ratios muy por debajo de los estándares europeos y en un funcionamiento que el propio informe califica de “desolador e inaceptable”. En algunos centros, directamente, no hay médicos.
Las consecuencias son inmediatas: consultas por videoconferencia, personal de enfermería asumiendo funciones médicas, retrasos en diagnósticos, interrupciones de tratamientos y dificultades generalizadas para acceder a especialistas.
A esta situación se suma una tensión estructural señalada en el informe: la subordinación de la atención sanitaria a la lógica penitenciaria. Al depender del Ministerio del Interior, el criterio médico queda en ocasiones condicionado por decisiones de seguridad o disciplina, dificultando que prevalezca el derecho a la salud de las personas presas.
A ello se suma una cuestión clave: la sanidad penitenciaria sigue dependiendo del Ministerio del Interior, y no de los sistemas autonómicos de salud. Una anomalía que debería haberse corregido hace más de dos décadas.
Una ley incumplida desde 2003
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establecía en 2003 la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas en un plazo de 18 meses. Más de veinte años después, solo Catalunya, País Vasco y Navarra han asumido esa competencia.
El informe subraya que en estos territorios la atención es mejor: hay más personal, mayor acceso a especialistas y mejores resultados asistenciales. En el resto del Estado, Aragón incluido, la falta de integración en el sistema público sanitario sigue generando déficits estructurales.
Aragón: el colapso como norma
Si la situación es grave a nivel estatal, en Aragón alcanza niveles especialmente críticos. En la prisión de Zuera, con más de 1.300 personas internas, estaban vacantes ocho de las nueve plazas médicas en septiembre de 2024. En Daroca faltaban cinco de siete médicos. En Teruel, solo había uno para unas 200 personas.
El informe documenta periodos recientes en los que Zuera llegó a quedarse sin médicos, con la atención sostenida por personal de enfermería y sistemas de telemedicina con horarios limitados.
A este déficit estructural se añaden condiciones materiales que impactan directamente en la salud: celdas sin grifos, presencia de plagas, falta de ventilación o infraestructuras deficientes.
En este contexto, colectivos anticarcelarios denunciaron el pasado mes de febrero que las obras de reforma del Centro Penitenciario de Zuera “empeoran las condiciones de vida de las personas presas”. CAMPA, Transmuros y la Iniciativa contra las Macrocárceles señalaron que las obras —adjudicadas por casi cuatro millones de euros— incluyen ventanas que no se pueden abrir, traslados forzosos y la reapertura de módulos sin servicios básicos, mientras persisten problemas de salubridad y falta de transparencia.
“Meses”, “años” o nunca: la atención que no llega
Uno de los elementos más contundentes del informe es la encuesta realizada a personas presas. Aunque la muestra es limitada, sus resultados son consistentes y refuerzan el diagnóstico general.
El 67,6% afirma que su salud ha empeorado desde que está en prisión. El 55,8% considera muy difícil acceder a atención médica o psicológica, y el 38,2% lo califica como difícil.
Entre los factores que explican ese deterioro, las personas encuestadas señalan no solo la falta de personal sanitario (86,7%), sino también la alimentación (80%), evidenciando que las condiciones materiales de vida en prisión forman parte directa del problema de salud.
Los tiempos de espera son especialmente reveladores: la mitad de las personas encuestadas habla de meses, un 35% de semanas y un 20% incluso de años para recibir atención. En emergencias, el 61,8% asegura que no se responde adecuadamente.
Testimonios: enfermedad, abandono y violencia
El informe incorpora decenas de testimonios que ponen rostro a los datos. Relatos que hablan de diagnósticos erróneos, tratamientos interrumpidos, falta de seguimiento y situaciones extremas. “En 2023 un compañero estuvo casi un mes pidiendo atención por un infarto. Murió en la celda”, recoge uno de ellos.
Otro caso describe cómo un cáncer fue tratado inicialmente como un problema leve. “Le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”.
En la misma línea, el informe recoge el caso de otra persona a la que, ante la pérdida de movilidad, se le diagnosticó ciática. El tratamiento fue el mismo: Nolotil. El diagnóstico real llegó tarde: esclerosis múltiple.
También se documentan retrasos quirúrgicos prolongados, ausencia de atención psiquiátrica o retirada de medicación sin supervisión médica. “Estoy minusválido por la falta de atención”, resume uno de los testimonios.
“Le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”
Los testimonios también apuntan a una atención médica reducida a lo mínimo o directamente inexistente. “Lo normal es que no se atienda a nadie. Tres años en prisión, dos minutos con el psicólogo”, relata una persona. Otra resume su experiencia: “De meses a años. En cuatro años he hablado una vez con el psiquiatra pese a solicitarlo más de diez veces”.
Pero el deterioro de la salud no se explica únicamente por la falta de medios. Algunos relatos apuntan también a situaciones de violencia institucional dentro de los centros. Una de las personas entrevistadas describe cómo, tras salir cinco minutos tarde de la celda para acudir a un juicio, “subieron de siete a diez funcionarios” y fue golpeada durante el traslado por las escaleras.
El informe dibuja así un escenario en el que la desatención sanitaria es una práctica estructural que se entrelaza con dinámicas de castigo, opacidad y desprotección. No se trata solo de una sanidad deficiente: es un sistema que vulnera derechos, agrava el sufrimiento y, según la propia investigación, puede acabar costando vidas.
Una realidad que no es nueva. En Aragón, la memoria de la violencia institucional en prisión sigue marcada por casos como el del insumiso Kike Mur, muerto en 1997 en la antigua cárcel de Torrero tras sufrir una grave desatención médica. Tres décadas después, los testimonios recogidos en este informe apuntan a que aquella lógica de abandono no ha desaparecido, sino que persiste bajo otras formas.
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Salud mental: sobremedicación sin seguimiento
El informe dedica un apartado específico a la salud mental, señalando una situación especialmente grave. La tasa de suicidio en prisión es ocho veces superior a la de la población no presa, y más del 20% de las personas presas ha intentado quitarse la vida alguna vez.
Sin embargo, la atención psiquiátrica es insuficiente. En muchos casos se limita a la prescripción de fármacos, sin seguimiento adecuado ni intervención terapéutica.
El informe advierte además de un proceso de psiquiatrización en el que la respuesta institucional se limita con frecuencia a la medicación, sin abordaje terapéutico ni seguimiento real, en un contexto donde el propio encierro actúa como factor de agravamiento del sufrimiento psíquico.
El propio informe señala que “la prisión produce enfermedad”, tanto física como mental, y que la falta de atención agrava este deterioro.
Derechos vulnerados dentro y fuera de la consulta
Más allá de la falta de recursos, el informe denuncia vulneraciones directas de derechos fundamentales.
Una enfermera del sistema público relata cómo las personas presas llegan a consulta con patologías avanzadas que no han sido tratadas a tiempo. También describe prácticas como la presencia constante de fuerzas de seguridad durante las consultas, esposas incluidas, lo que vulnera la intimidad y la confidencialidad médica. “El abandono en la atención era muy claro”, señala.
Estas prácticas, advierte el informe, chocan directamente con principios básicos de la atención sanitaria, como el derecho a la intimidad, el consentimiento informado o la confidencialidad médico-paciente, que deberían garantizarse en igualdad de condiciones para todas las personas, independientemente de su situación administrativa o penal.
La presencia de personal de seguridad en actos médicos, así como las limitaciones en el acceso a pruebas, tratamientos o derivaciones, evidencian —según el análisis— una subordinación de la atención sanitaria a la lógica penitenciaria, en la que el control y la seguridad se imponen sobre el criterio clínico.
El resultado es un modelo en el que el derecho a la salud queda condicionado, limitado o directamente vulnerado dentro de los muros de las prisiones.
¿Una cuestión económica?
El documento apunta también a responsabilidades políticas concretas. Señala que el Gobierno de Aragón no ha asumido las competencias sanitarias pese a la obligación legal, en parte por motivos económicos.
El actual sistema permite que la DGA facture a Instituciones Penitenciarias por servicios que, de estar integrados en el sistema público, deberían prestarse de forma directa, denuncian desde Salud y Libertad.
Según el análisis, esta situación genera un modelo que no incentiva la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema público, ya que mantiene un circuito económico propio en el que la atención se presta de forma fragmentada y externalizada de facto.
El informe apunta así a una “posición de comodidad” por parte de la administración aragonesa, que estaría priorizando criterios de gestión y financiación frente al cumplimiento efectivo del derecho a la salud de las personas presas.
Reivindicaciones: salud, derechos y transparencia
Ante este escenario, la campaña Salud y Libertad plantea una batería de medidas urgentes: transferir la sanidad penitenciaria al sistema público aragonés, garantizar la misma atención que al resto de la población, registrar de forma transparente las muertes en prisión y establecer canales efectivos de denuncia.
El informe es tajante: “Queda demostrado que la cárcel enferma”. No solo por las condiciones materiales de vida, sino por un sistema que, lejos de garantizar el derecho a la salud, contribuye activamente a su deterioro.
El informe concluye con una advertencia: la situación actual no es solo una cuestión de gestión, sino una vulneración sistemática de derechos fundamentales. “La negligencia institucional se está pagando con sufrimiento y con vidas”, recoge el documento.
Presentación pública y movilización
Tras darse a conocer a los medios el pasado miércoles, el informe se ha abierto este sábado al público en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en una mesa redonda que ha abordado la situación sanitaria en prisión con participación de activistas, profesionales sanitarios y entidades de defensa de derechos.
La presentación del documento de Salud y Libertad forma parte de un ciclo de movilización más amplio que tendrá continuidad el jueves 17 en el CSA La Revuelta y el viernes 18 en el CSO Kike Mur, en el marco de la XXIII Marcha contra la Macrocárcel de Zuera. La movilización volverá al parking del centro penitenciario el domingo 19 de abril, este año bajo el lema “La desatención sanitaria es tortura”.
“La desatención sanitaria es tortura”. Salud y Libertad presenta un informe demoledor sobre la situación de las prisiones en Aragón. Ahora en el Joaquín Roncal, acto previo de la XXIII Marcha contra la Macrocárcel de Zuera
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