Las obras de reforma del Centro Penitenciario (CP) de Zuera, adjudicadas con el objetivo oficial de “mejorar, actualizar y homogeneizar las condiciones de habitabilidad, salubridad y seguridad”, están generando una creciente preocupación por el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas presas, según denuncian colectivos y personas afectadas por la situación.
En una nota de prensa conjunta, el colectivo CAMPA, Transmuros y la Iniciativa contra las Macrocárceles —organizadora de la marcha anual contra la macrocárcel de Zuera— recuerdan que el pasado 29 de mayo de 2025 se cerró el proceso de licitación de la obra de reforma del CP Zuera, con un presupuesto inicial de 4,15 millones de euros. “La adjudicación, formalizada en noviembre de 2025, recayó finalmente en la empresa Constructora San José S.A., que consiguió el contrato con una oferta de 3.978.092 euros, tras rebajar su propuesta en un 4,04 %. Sin embargo, lejos de abordar problemas estructurales históricos del centro, las actuaciones que se están llevando a cabo no parecen responder a las necesidades reales de las personas que viven en la prisión”, critican.
Entre las carencias que se esperaba que fueran solucionadas se encuentran la existencia de plagas de ratas y cucarachas, deficiencias en el sistema de tuberías, el estado de las celdas y los baños, la falta de limpieza adecuada o la necesidad de instalaciones mejor equipadas, “cuestiones fundamentales para no agravar el estado de salud física y mental de las personas presas”. No obstante, los colectivos anticarcelarios denuncian que “lo que se está observando en el centro es, principalmente, material de construcción acumulado en el parking, un cambio en el color de las paredes exteriores —que comenzó siendo azul bajo argumentos de eficiencia energética y ha pasado posteriormente a ser verde— y la instalación de nuevas ventanas que no se pueden abrir”.
La colocación de estas ventanas fijas ha generado una especial alarma. “Aunque se argumenta que con ellas se mantendrá mejor la temperatura en invierno, se teme que durante los meses de verano la imposibilidad de ventilar los espacios provoque un aumento del malestar físico y psicológico. Se trata de celdas que ya contaban con rejas, lo que hacía imposible cualquier intento de fuga, por lo que no se comprende el motivo de impedir la apertura de las ventanas. Un espacio cerrado sin ventilación produce ansiedad solo de pensarlo, y más aún cuando se trata de una prisión”, añaden en la nota.
Además, para CAMPA, Transmuros y la Iniciativa contra las Macrocárceles resulta “incomprensible” que se estén reocupando módulos recién reformados mientras todavía existen celdas donde el sistema de interfonía sigue sin funcionar, “pese a haberse invertido en él 947.000 euros, o donde las personas llevan meses sin agua caliente o esta sale de color marrón”. “Son las propias personas presas quienes se están encargando del traslado del mobiliario y del equipamiento completo de los módulos, así como de la limpieza de los espacios, retirando excrementos de animales, residuos, cascotes y el polvo generado por las obras. Esta situación ha provocado problemas respiratorios en un entorno que, además, no permite la ventilación debido a la instalación de las nuevas ventanas”, remarcan en la nota.
A todo ello se suma que “continúan existiendo plagas de ratas y cucarachas dentro del centro, pudiéndose encontrar incluso restos de ellas en la comida”. Durante este proceso, algunos servicios básicos, como el economato, “no han funcionado como lo hacían habitualmente”, y derechos fundamentales de las personas presas, como la posibilidad de presentar instancias, “no han estado disponibles”. “El cambio de módulos de muchas personas también ha supuesto la supresión de numerosas actividades sin que se hayan ofrecido alternativas”, advierten.
De los 17 módulos que componen la macrocárcel de Zuera, por el momento se han cerrado cuatro, lo que ha implicado el traslado de hasta 300 personas a otras prisiones. Los destinos han sido centros penitenciarios de Iruñea, Logroño, Aranjuez y, principalmente, León, una cárcel de la que en los últimos meses se han publicado noticias sobre brotes de sarna y plagas de chinches.
“No se conocen los criterios exactos que se están utilizando para decidir qué personas son trasladadas. Aunque el principal argumento es que se tiene en cuenta si la persona recibe visitas, se denuncia que se ha enviado a otras cárceles a personas con arraigo, con trabajo o con perfiles considerados más conflictivos, utilizando estos traslados como una forma adicional de castigo. En algunos casos, se ha comunicado el cambio de prisión con un margen de tiempo que impide recurrir la decisión. Las personas que permanecen en el CP de Zuera han sido redistribuidas en otros módulos, mezclando perfiles muy diferentes y generando incertidumbre sobre cómo se gestionarán módulos específicos como los de mujeres, enfermería o el módulo terapéutico, así como sobre el mantenimiento de sus actividades y equipamientos durante las obras”, continúan en su denuncia.
CAMPA, Transmuros y la Iniciativa contra las Macrocárceles consideran que, “con una inversión de varios millones de euros, las instalaciones no solo no han mejorado, sino que en algunos aspectos han empeorado”. Insisten en que “no poder respirar aire fresco en una celda constituye, en sí mismo, otra forma de castigo”, y alertan de las consecuencias psicológicas, físicas y económicas que esta situación puede tener tanto para las personas presas como para su entorno cercano.
En este contexto, cuestionan que la prisión “pueda cumplir su supuesta función de reinserción cuando las condiciones de vida dentro del centro no garantizan unos mínimos de dignidad”. “En un sistema obsoleto, opresor y con una visión muy limitada de cómo solucionar los problemas entre las personas adultas, apreciamos el agravamiento de una situación de por sí ya precaria y con carencias a nivel de recursos humanos y materiales”, denuncian desde el Colectivo CAMPA. A su juicio, la reforma está sirviendo únicamente para “maquillar la realidad del Centro Penitenciario de Zuera” y pone de manifiesto la existencia de “prácticas punitivas permanentes de manera encubierta, como si la privación de libertad no fuera suficiente castigo”.
Por todo ello, CAMPA, Transmuros y la Iniciativa contra las Macrocárceles exigen al Gobierno español, y en concreto al Ministerio del Interior y a Instituciones Penitenciarias, que “fiscalicen” y “si es necesario paralicen las obras que se están llevando a cabo actualmente en el Centro Penitenciario de Zuera hasta garantizar que cualquier reforma está realmente orientada a mejorar las instalaciones y las condiciones de vida de las personas presas”.
