El consentimiento es uno de los temas centrales en las conversaciones feministas desde que se aprobó la llamada ley ‘solo sí es sí’. Desde que se acogió la Ley Integral de Libertad Sexual, la protección hacia las agresiones sexuales parece que se ha comprendido que “penas más duras es igual a protección” hacia la violencia que ejerce el patriarcado. El feminismo ha llegado a las instituciones y al sistema penal. Para muchas es una victoria y para las que ponemos en duda el punitivismo, se cuestiona si alguien que vaya a ejercer violencia va a contemplar si se le va a condenar a 20 ó 40 años de cárcel. ¿Realmente protege a las mujeres un procedimiento que se centra en el castigo? La norma penal convierte un problema estructural en un problema individual, centrándose en detalles para crear castigos y no en el significado de la violencia.
Esta idea se abordó en las jornadas de Alianzas Feministas celebradas el 11 de febrero en el Centro de Historias, organizado por la asamblea del 8M. Una conversación notable en la que, como no, se obvió la perspectiva de raza. El sistema penal no castiga al patriarcado sino a los “hombres malos”, pero en un sistema racista en el que se jerarquiza la noción de “hombre malo”, esta noción se encuentra limitada por la Ley de Extranjería. ¿Hay hombres “malos” que el sistema penal encarcela y que a otros se los expulsa? ¿Pueden todas las mujeres denunciar y hablar de consentimiento cuando existe el condicionante del racismo y la Ley de Extranjería?
Protección a mujeres en situación administrativa irregular
Desde la aprobación de la Ley Orgánica Integral de Libertad Sexual, en el artículo 36, garantiza a mujeres en situación administrativa irregular que cuando denuncien una agresión sexual, no se les abra un expediente de expulsión. En el año 2019, una mujer hondureña acudió a una comisaría de Xirivella (País Valencián), a denunciar una agresión sexual y le abrieron un expediente de expulsión. Al año siguiente su caso quedó archivado tras diversas protestas y presión de colectivos antirracistas en València.
Mientras la ultraderecha se centra en el discurso de que durante los últimos años ha aumentado el porcentaje de agresiones sexuales, culpan al feminismo de crear el tópico de “todos los hombres son malos” y a su vez que “la culpa del aumento de las agresiones sexuales es de los inmigrantes”. El bulo de que “los inmigrantes vienen a violar a nuestras mujeres”, apoyándose en datos del INE y tergiversando que la violencia entre la población migrante es intracomunitaria, ha calado en el imaginario colectivo de que los hombres no blancos “vienen a violar a nuestras mujeres” o “que son una comunidad violenta”.
Mientras, en el año 2022, debido a la conciencia social contra las agresiones sexuales, han aumentado las denuncias de mujeres de origen migrante. No es fácil para muchas mujeres en condición de racialización denunciar cuando en tu comunidad te ves en riesgo de sufrir ostracismo. ¿La vía penal busca el significado y origen de la violencia y atiende a la víctima, cuando denunciar implica una orden de expulsión del Estado al agresor? Amnistía Internacional denunció en el año 2018 el vacío legal hacia víctimas de agresiones sexuales que se encuentran en situación administrativa irregular y como dependiendo de cada comisaría, se ejecutaba con arbitrariedad un expediente de expulsión.
Proteger a mujeres en situación administrativa irregular de una orden de expulsión por denunciar es una de los beneficios de la ley ‘solo sí es sí’, pero la carga mental de la orden de expulsión de quien comete violencia es una de las principales barreras a la hora de denunciar. ¿Hay hombres a los que se encarcela, cumplen condena para después poder reinsertarse en sociedad y a otros a los que simplemente se los expulsa? ¿Erradica la violencia del patriarcado o simplemente se centra en castigar? ¿Es una medida antirracista no expulsar a la que denuncia?
Punitivismo y Ley de Extranjería
Feministas antirracistas cuestionan el punitivismo de la vía penal hacia los agresores. Se establece una jerarquía de hombres a los que sí hay que educar y concienciar, y a los hombres no blancos simplemente se los expulsa. El sistema penal no erradica la violencia del patriarcado, simplemente castiga a los “hombres malos” además de afianzar sesgos racistas desde la deshumanización de agresores racializados. Además, individualiza un problema estructural y no cuestiona la Ley de Extranjería.
La cárcel o los procedimientos de expulsión no conciencia y responsabiliza al agresor, únicamente castiga. Uno de los grandes bulos compartidos de la ley ‘solo sí es sí’, es que rebajan las penas cuando lo que hace es redefinir la naturaleza del delito. Es una ley que fortalece la respuesta institucional ante la violencia, pero no cuestiona al patriarcado.
La jerarquización de “hombres malos” desde el imaginario colectivo racista, dificulta analizar el contexto y la motivación de los agresores. No poner en cuestión a la Ley de Extranjería, sino que al modificarla, hace que esta ley no tenga una perspectiva antirracista. Proteger a las víctimas de agresiones sexuales de no ir a un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), no palia el hecho que que si hay “hombres malos” que se les echa del país, no elimina el origen de la violencia. Ni ayuda a educar ni a concienciar a los hombres no blancos contra la violencia de género, refuerza la respuesta institucional además del racismo estructural. Sanciona de manera individual pero no quita del medio al patriarcado, lo racializa y crea percepciones racistas sobre la “maldad” de los hombres.
La deshumanización de los agresores racializados les quita el compromiso de comprender y responsabilizarse además de infantilizarlos, la expulsión no elimina la violencia del patriarcado. Crea una brecha más desigual entre mujeres e impide que no exista una justicia feminista que no esté jerarquizada y con dinámicas de poder desde el racismo.
