Así lo ha anunciado el ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al Gobierno del Congreso respondiendo a una pregunta de la portavoz de JxCat, Laura Borrás, "sobre las medidas del Gobierno a la vista de la deriva en la que está instalada la justicia española".
A juicio de Laura Borrás "la justicia española es más española que justicia": "Gestionen el conflicto que mantienen con Catalunya" y "háganlo desde la política abandonando la judicialización".
Juan Carlos Campo ha respondido diciendo que los jueces "no son menos independientes aunque dicten resoluciones que a usted no le gusten". "Estamos plenamente dispuestos al diálogo que es la manera de resolver los conflictos políticos y afrontamos con normalidad democrática los posibles cambios normativos que exige y reclama la sociedad", ha añadido.
Y ha añadido que su Ministerio "también está tramitando los indultos", para concluir diciendo: "Por cierto esos que a usted le preocupa, porque les toca, comenzarán a tramitarse la semana que viene".
El titular de Justicia ha explicado además que el Gobierno español mantiene su idea de reformar en el Código Penal, entre otros delitos, los de rebelión y sedición para "adaptarlos a la nueva realidad social y a la normativa de otros países".
Según informa Naiz, las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural han afirmado que un indulto para las y los presos independentistas no solucionaría el conflicto político y han vuelto a insistir en que la única solución pasa por ejercer la autodeterminación y por una ley de amnistía.
El anuncio del Gobierno español ha desatado la ira de la derecha y ultraderecha españolista. PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que acudirán a los tribunales si se acaba otorgando finalmente esa medida.
La vicepresidente del Gobierno español, Carmen Calvo, ha reaccionado a las amenazas de las derechas: "Que se serene el PP porque entre las obligaciones de la Administración General del Estado, en este caso del Ministerio de Justicia, está tramitar todos los indultos que se registran".
El indulto es una "medida de gracia", regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución española, a través de la que el Estado perdona el cumplimiento de una condena de forma total o parcial. A diferencia de la amnistía, se trata de una medida individualizada y no implica la desaparición del delito, únicamente de la responsabilidad penal.
La última petición de indulto para los y las presas políticas catalanas se presentó el pasado mes de agosto en favor de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert.
El Gobierno de Pedro Sánchez también tiene sobre la mesa otra demanda en el mismo sentido instada por UGT en beneficio de la exconsellera Dolors Bassa y otra del abogado catalán Francesc de Jufresa sobre el líder de ERC y exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; las y los exconsellers Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. También hay peticiones de indulto para Jordi Cuixart, president de Ómnium- y Jordi Sànchez -expresident de la ANC- y Forcadell.
El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo condenó a 99,5 años de cárcel a las y los dirigentes independentistas. En concreto, a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de entre 9 y 12 años a Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y a cinco exconsellers -Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull- por sedición en el juicio contra el procés que quedó visto para sentencia en el mes de junio de 2019, cuatro meses y 52 sesiones después de su arranque el 12 de febrero de este mismo año. Los nueve entraron en prisión provisional entre octubre de 2017 y marzo de 2018.
