En el marco de las elecciones aragonesas del 8F, AraInfo ha entrevistado a Jorge Pueyo (CHA), Marta Abengochea (Izquierda Unida – Movimiento Sumar), María Goikoetxea (Podemos – Alianza Verde) y Pilar Alegría (PSOE) a partir de un cuestionario común de nueve preguntas, con el objetivo de confrontar proyectos, prioridades y modelos de país desde una base compartida. Desarrollo territorial y macroproyectos, financiación y autogobierno, servicios públicos, sanidad, educación, vivienda, despoblación, vertebración y comunicaciones, emergencia climática, feminismos, juventud y precariedad laboral articulan el núcleo de las entrevistas, que se completan con preguntas específicas sobre cuestiones como el aragonesismo, el antifascismo, la represión, los derechos civiles y sociales o la corrupción. Un conjunto de respuestas que dibuja una disputa de fondo: qué Aragón se construye y para quién. Frente al ruido de campaña y los eslóganes vacíos, estas entrevistas buscan poner palabras, propuestas y compromisos sobre la mesa, desde Aragón y con la vida en el centro.
A continuación, puedes leer la entrevista con Jorge Pueyo.
Aragón está siendo escenario de una fuerte implantación de macroproyectos energéticos, centros de datos y macrogranjas, con fuerte contestación social en muchos territorios. ¿Qué modelo de desarrollo defiende CHA y qué límites claros pondría a este tipo de proyectos para que Aragón no sea un territorio de sacrificio?
Nuestra prioridad es que los recursos de Aragón sirvan a la ciudadanía aragonesa. Nos rebelamos ante esa mirada desde la M-30 de los grandes oligopolios eléctricos que nos consideran la pila del sur de Europa. Si lo ha dicho hasta Elon Musk… No somos territorios vaciados, aquí vivimos gente que tenemos derechos y que nos resistimos a ser ocupados y sacrificados para beneficio de otros.
Frente al despliegue desordenado de macroparques renovables, en CHA defendemos que se escuche al territorio, que se proteja la biodiversidad, los paisajes, las zonas de alto valor agrícola y los espacios de la Red Natura 2000 y ZEPA. Haremos un mapa de instalación preferente de energías renovables, que priorice responsablemente su ubicación según los usos del suelo y sus características ecológicas, priorizando los espacios ya antropizados, ocupados o degradados, y tomaremos medidas para evitar la sobreexplotación de determinadas comarcas.
Además, somos partidarios de declarar una moratoria temporal a los proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran escala (más de 20 MW), así como a sus líneas de evacuación, subestaciones y líneas de Muy Alta Tensión que no cuenten con todas las autorizaciones y DIA favorables, hasta la aprobación del Plan Energético de Aragón y la Directriz del Paisaje. Y, en relación con los proyectos bajo sospecha como el caso Forestalia, exigimos la investigación completa de los procedimientos de autorización y declaraciones de impacto ambiental de los proyectos energéticos de las distintas empresas que se han visto implicadas en irregularidades y revisar todos los expedientes administrativos que hayan podido beneficiarlas, suspender los procedimientos en curso y establecer una moratoria específica para sus proyectos mientras persistan las investigaciones judiciales.
En cuanto a los centros de datos, queremos elaborar, con participación pública, una planificación general de la industria de los centros de datos acorde con las necesidades reales y los límites energéticos e hídricos del territorio, evaluando su impacto ambiental, su seguridad de suministro y su compatibilidad con otros desarrollos industriales. Les exigiremos sostenibilidad ambiental (eficiencia energética, autosuficiencia, refrigeración natural, gestión responsable del agua, reutilización de equipos, certificaciones ecológicas y garantía de no perjuicio a los recursos de la población) y máxima transparencia, obligándoles a informar públicamente sobre consumo energético e hídrico, como condición imprescindible para evaluar su sostenibilidad y su impacto social.
“Impuesto a los grandes proyectos energéticos y centros de datos para reducir la factura eléctrica de la población y las empresas locales”
En este sentido, estableceremos un impuesto autonómico a los grandes proyectos energéticos y centros de datos, destinando una parte de los beneficios a reducir la factura eléctrica de la población y las empresas locales, así como a inversiones directas en empleo y vivienda en las comarcas afectadas.
Y sobre macrogranjas, proponemos reducir gradualmente en un 50% la cabaña en intensivo de cerdos, vacas y pollos para 2030, un objetivo alineado con nuestros compromisos internacionales, mediante una moratoria para la instalación de nuevas macroexplotaciones (para ello habrá que acordar cuál es el volumen de cabezas para ser consideradas como macro, por supuesto) y mediante el cierre de aquellas situadas en zonas vulnerables, atendiendo a criterios de contaminación ambiental, impacto en la economía local y bienestar animal. Es fundamental evaluar el impacto real de la ganadería intensiva en la contaminación de acuíferos y aguas freáticas, especialmente en su efecto sobre el abastecimiento de agua potable, y avanzar en materia de regulación y tratamiento de purines.
Aragón cuenta con legislación propia de financiación autonómica y con competencias recogidas en el Estatuto que siguen sin desplegarse plenamente. ¿Qué pasos concretos propone CHA para garantizar una financiación justa, avanzar en la bilateralidad con el Estado y reforzar el autogobierno aragonés? ¿Incluyen la creación de una Hacienda Foral Aragonesa, como permite el Estatuto e instan las Cortes?
Por supuesto. Lo he estado repitiendo durante estos años en el Congreso. ¡Ya está bien de sistemas de financiación que perjudican a Aragón! Tenemos herramientas bilaterales en el Estatuto que deberían garantizarnos una financiación justa, pero que los sucesivos gobiernos centrales de PP y PSOE llevan 30 años incumpliendo. Ya está bien de tener un presidente como Azcón que no se atreve a exigir el cumplimiento del Estatuto solo porque la bilateralidad que podemos reclamar contradice la estrategia de Feijóo y Ayuso.
Aragón tiene derechos históricos a los que no ha renunciado, lo dice el Estatuto desde 1983, que es el mismo precepto en que se fundamentó la Hacienda foral vasconavarra. No vamos a renunciar a eso. Y tenemos reconocido un acuerdo bilateral de financiación, en el famoso artículo 108, que habrá que poner sobre la mesa. Si somos Gobierno, en los primeros días, convocaremos la Comisión Bilateral Aragón-Estado para exigir su cumplimiento. Pero hay otras herramientas que podemos poner en marcha directamente, como la Agencia Tributaria Aragonesa que recoge nuestro Estatuto y que podemos crear de inmediato con una ley de Cortes de Aragón. Esa agencia puede gestionar ya los tributos propios y los cedidos, y será imprescindible cuando se nos ceda la recaudación de todos los impuestos, tal como demandamos.
“Ya está bien de tener un presidente como Azcón que no se atreve a exigir el cumplimiento del Estatuto”
Como decía Chesús Bernal, sin autonomía financiera, no hay autonomía política. Si queremos un pleno autogobierno, debemos exigir la plena autonomía financiera, y eso pasa por desarrollar la bilateralidad que tenemos reconocida en el Estatuto, que es una ley orgánica que aprobaron PP y PSOE en el Congreso y que deberían cumplir sin más excusas.
La sanidad, la educación y el sistema de cuidados viven una situación de tensión estructural, con falta de personal, precariedad y riesgo de privatización. ¿Cuál es tu principal compromiso para blindar los servicios públicos en Aragón y qué líneas rojas no estaría dispuesta a cruzar tu formación?
CHA va a poner a las personas en el centro de las políticas, independientemente de que vivan en grandes ciudades o en pequeños pueblos. Queremos un gobierno que ponga el bien común por delante de los intereses privados, justo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno de Azcón, que ha priorizado lo económico frente a los derechos de las personas.
En CHA defendemos una sanidad pública, universal y de gestión directa, con la Atención Primaria fuerte como eje del sistema y una red distribuida por todo Aragón, reforzando especialmente la salud mental; una educación pública de calidad, rechazando el concierto del Bachillerato porque detrae recursos de la red pública, y un sistema público de servicios sociales, que hay que reforzar como cuarto pilar del estado de bienestar.
Para todo ello, es imprescindible mejorar las condiciones laborales de los servicios públicos, reducir la temporalidad y estabilizar plantillas, aumentar la inversión y planificación. Por ejemplo, hay que garantizar que se cubran las plazas de médicos y enfermería en la atención primaria del medio rural, o que se climaticen las aulas de todos los colegios e institutos públicos de Aragón frente a las olas de calor y frío extremos, que se adapten los patios como refugios climáticos y que se recuperen las cocinas in situ con alimentación de proximidad, o crear un servicio social especializado, dentro del IASS, con funciones de apoyo a la autonomía y capacidades de las personas, adaptado a la Convención de Personas con Discapacidad de Nueva York, con una adecuada dotación de recursos técnicos, humanos y económicos.
Y es que la sanidad, la educación y los servicios sociales aragoneses no pueden permitirse cuatro años más de recortes del PP. Están jugando con la salud y el bienestar de más de un millón de personas y parece que no les importa. Pero ya sabemos cómo es el PP: cuando gestiona servicios públicos, lo único importante es el negocio, la vida de las personas les da igual. Que se lo pregunten a Ayuso. Queda clara nuestra línea roja: gestión directa de servicios públicos, sin privatizar ni detraer recursos públicos para negocios privados sanitarios o educativos.
“El PP está jugando con la salud y el bienestar de más de un millón de personas”
La despoblación sigue siendo uno de los grandes retos de nuestro país, especialmente en el sur de Aragón y amplias zonas rurales. ¿Qué medidas estructurales propone CHA para garantizar empleo y comunicaciones dignas en el territorio y frenar la despoblación y la desigualdad entre el Aragón urbano y el rural?
La despoblación no se frena con anuncios ni macroproyectos impuestos, sino con políticas estructurales estables diseñadas desde las propias comarcas. CHA apuesta por un plan integral que, de forma transversal, garantice servicios públicos de calidad (atención sanitaria cercana y cuidados de proximidad), vivienda asequible, conectividad digital, transporte accesible (garantizando el mantenimiento de las paradas de autobús y el transporte a demanda, así como desplegando un servicio ferroviario de Cercanías Aragón que contribuya a vertebrar nuestro extenso territorio), así como empleo en todos los pueblos, basado en un desarrollo arraigado al territorio —economía social, sector primario sostenible, turismo responsable y pequeña y mediana industria— y rechazando modelos de “clúster” diseñados desde fuera con afán extractivo o especulativo. También defendemos aumentar la seguridad en el medio rural promoviendo la creación de la Policía Autonómica, recogida en el Estatuto aragonés, para cubrir las carencias derivadas de los recortes de plantilla en la Guardia Civil.
En pos de esos objetivos, proponemos desarrollar la Directriz de Política Demográfica y de lucha contra la despoblación, aumentar el Fondo de Cohesión Territorial para promover la vertebración del territorio favoreciendo a asentamientos cuyo desarrollo sea inferior a la media aragonesa, así como solicitar ayudas específicas por la despoblación a la Unión Europea y exigir que parte de los fondos europeos que reciba el Estado español se destinen a financiar inversión territorial en Aragón para hacer frente al desafío de la despoblación.
Ya es hora de constituir un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables, inspirado en el Fondo Soberano Noruego, destinado a financiar proyectos de desarrollo territorial en el medio rural, mejorar la accesibilidad, los servicios públicos y la vivienda, y contribuir a vertebrar el territorio y afrontar el reto demográfico. Demandamos también la creación de una empresa pública de energía aragonesa que garantice el control público del sector e incluya la gestión de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan finalizando, asegurando que los recursos energéticos reviertan en el interés general.
“Ya es hora de constituir un Fondo Público de Inversión en Energías Renovables”
También crearemos una empresa pública aragonesa que favorecerá la construcción y rehabilitación de vivienda pública en los municipios menores de 10.000 habitantes y que gestionará vivienda de alquiler en el medio rural, priorizando los municipios en riesgo de despoblación, intermediando entre propietarios y personas jóvenes o nuevas pobladoras, garantizando el cobro del alquiler, siempre por debajo del precio de mercado, el mantenimiento básico del inmueble y la seguridad jurídica para los propietarios. También ofrecerá apoyo técnico a los ayuntamientos para activar vivienda vacía.
Específicamente para las comarcas de Teruel proponemos crear una Agencia de Desarrollo Territorial apoyada en la estructura actual de los grupos Leader, que gestione los fondos extraordinarios que recibe la provincia y se diferencie de los presupuestos ordinarios de todas las administraciones, para que el FITE o el MINER no sean la excusa para dejar de invertir en territorio turolense. Queremos que trabaje de forma independiente, pero coordinada con todas las administraciones y entidades que trabajan por el desarrollo de Teruel, cooperando sobre proyectos concretos con plazos de ejecución aceptables plurianuales, evitando las convocatorias de ayudas que plantean plazos de presentación y ejecución de los proyectos inasumibles y favorecen las prisas y la precipitación. Y por supuesto seguiremos exigiendo al Gobierno español las ayudas al funcionamiento a empresas y autónomos de Teruel, al máximo permitido por la UE.
El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema central, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras, con alquileres y precios de compra disparados en Zaragoza y zonas turísticas tensionadas, y dificultades crecientes en el resto del territorio. ¿Qué medidas concretas pondría en marcha tu gobierno para garantizar el derecho a la vivienda frente a la especulación inmobiliaria?
La vivienda es un derecho fundamental para la cohesión social y territorial y no puede estar sometida a la especulación ni al mercado que expulsa personas y vacía pueblos. Por eso, consagraremos el derecho subjetivo a la vivienda en una nueva Ley que pormenorice el conjunto de derechos de la ciudadanía en relación con la vivienda. CHA propone intervenir los precios, ampliar el parque público de alquiler y priorizar a la juventud, las familias y el medio rural, activando viviendas vacías, impulsando la rehabilitación y proyectos cooperativos y utilizando suelo público para garantizar bienestar y arraigo y combatir la despoblación, como ya he adelantado en la respuesta anterior.
“La vivienda es un derecho fundamental para la cohesión social y territorial y no puede estar sometida a la especulación”
Para ello, la empresa pública SVA (Suelo y Vivienda de Aragón) deberá actuar como agente público central para promover vivienda pública, construyendo y rehabilitando, y desbloquear suelos disponibles de titularidad pública (municipal o autonómica), especialmente en los municipios en riesgo de despoblación, firmando convenios con los ayuntamientos que disponen de suelo, pero no de recursos para promover vivienda pública. También intermediará para que jóvenes y nuevos pobladores puedan alquilar vivienda con garantías, sobre todo en nuestros pueblos. Se actuará también en municipios afectados por el alza de precios por la presión de las viviendas turísticas, para limitar su proliferación y para aumentar la oferta de vivienda habitual.
De manera complementaria al alquiler y a la compra de primera vivienda, se impulsarán medidas innovadoras para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a nuevas realidades sociales, como la puesta en marcha de proyectos de vivienda colectiva con servicios comunes, dirigidos a personas jóvenes que inician su vida independiente, personas mayores en situación de soledad no deseada que todavía son autónomas, familias monomarentales o monoparentales, personas del colectivo LGTBI —especialmente jóvenes y mayores— y otros colectivos en especial situación de vulnerabilidad.
Cada vez más colectivos reclaman que la emergencia climática atraviese todas las políticas públicas y no se quede en declaraciones. ¿Qué decisiones estaría dispuesto a tomar CHA aunque puedan ser impopulares para afrontar de verdad la crisis climática en Aragón?
Uno de los más importantes desafíos de mi generación es precisamente la emergencia climática que vivimos. Estoy convencido de que, antes que Aragón, está el planeta. Si hablamos de reto demográfico, habrá que hablar también de reto climático. Hemos sufrido dos años de gobierno negacionista, en el que Azcón ha asumido encantado el discurso de Vox, ha eliminado la Dirección General de Cambio Climático y apenas ha reunido al Consejo Aragonés del Clima (solo una vez en 2025 y dos en 2024), reduciéndolo a un órgano inoperante en un ejercicio cínico de greenwashing. Vox dice y hace lo que el PP piensa y calla.
“Hemos sufrido dos años de gobierno negacionista, en el que Azcón ha asumido encantado el discurso de Vox”
Es el momento de convertir las políticas contra la emergencia climática en un objetivo transversal de todas las administraciones públicas y de toda la sociedad. Por eso, CHA propone crear una estructura administrativa sobre clima y cambio climático: implantar una gobernanza climática, aprobar de una Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética y crear una Secretaría autonómica específica con competencias coordinadas y transversales, integrando la mitigación y adaptación al cambio climático en todas las políticas sectoriales del Gobierno de Aragón. También estableceremos como criterio obligatorio que todas las administraciones públicas únicamente autoricen, impulsen o financien proyectos que acrediten su sostenibilidad ambiental, social y económica, excluyendo expresamente el urbanismo especulativo como instrumento de financiación.
Con el objetivo de reducir emisiones, proponemos implantar un modelo energético renovable, eficiente y socialmente equitativo, evitando modelos extractivos que reproduzcan desequilibrios sociales o territoriales. Claro que hay que desarrollar la energía renovable, pero hay que hacerlo bien, como he dicho en una pregunta anterior. Si para implantar un macroparque eólico se han de deforestar 333 hectáreas en zonas de alto valor ecológico, como en el Clúster del Maestrazgo, es que el PSOE o alguien no ha entendido qué es la transición ecológica.
Para CHA es fundamental también desarrollar un plan integral de infraestructuras y movilidad sostenible de personas y mercancías que reduzca emisiones contaminantes y consumo energético. Por eso, proponemos la gestión de un sistema de trenes de cercanías propio para Aragón, que llamamos Aratren, y que retiraría a decenas de miles de vehículos privados de las carreteras, favoreciendo la descarbonización.
Finalmente, habrá que trabajar para adaptar el territorio al desafío climático y para proteger a las personas. Desde CHA proponemos una gestión del territorio aplicada a los distintos sectores implicados, como los espacios urbanos, bosques, agricultura o la gestión del agua. En entornos urbanos, hay que actuar para adaptar las viviendas de los grupos de población más vulnerables al calor extremo, también para articular redes de refugios climáticos accesibles. El objetivo es que nadie quede desprotegido.
Sobre el espacio natural, en el medio rural, hemos constatado la sucesión de incendios e inundaciones cada vez más atroces. Incendios y despoblación son las dos caras de una misma moneda. La despoblación es la llama que quema nuestros montes. Los incendios del verano se apagan en invierno, por eso hace falta implantar una política de gestión forestal activa orientada a la prevención, el mantenimiento y la adaptación al cambio climático, con planes de gestión sostenible, regulación del aprovechamiento de biomasa residual, estabilidad laboral de los operativos forestales todo el año y con condiciones dignas, y refuerzo de la protección de los espacios naturales.
El Gobierno de Aragón de Jorge Azcón (PP) ha apostado por impulsar un hub militar como parte de su estrategia económica e industrial. ¿Comparte CHA esta apuesta o considera que Aragón debería orientar sus recursos hacia otros sectores? ¿Por qué?
No, en absoluto. Aragón soporta desde hace décadas una presión militar desproporcionada en relación con su territorio y población. Con un número de militares entre 11.000 y 15.000, Aragón es la Comunidad Autónoma con mayor presencia militar por número de habitantes: entre el 0,8% y el 1%, multiplicando la ratio de la comunidad con mayor número de militares que es la de Madrid, con 20.000, lo que supone apenas un 0,28%.
Además, instalaciones como la base aérea de Zaragoza, el campo de maniobras de San Gregorio o la proximidad con el polígono de tiro de las Bardenas Reales generan impactos sociales, ambientales y económicos que dificultan el desarrollo equilibrado del territorio. La experiencia nos dice que las servidumbres militares de la Base aérea de Zaragoza no solo imponen el control militar del aeropuerto civil o provocan el impacto del paso de aviones militares en la zona sur de la ciudad, sino que condicionan y limitan la expansión de infraestructuras estratégicas como el propio aeropuerto y la plataforma logística PLAZA.
En Teruel, el proyecto del aeropuerto, que ha sido un ejemplo de éxito gracias a su consolidación como polo industrial y tecnológico, podría verse comprometido si se orienta hacia usos militares con la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA), que ha propuesto Azcón, convirtiendo un activo civil en plataforma de entrenamiento militar, lo que supondría retroceder hacia la lógica extractivista que Aragón ha padecido durante décadas, Además, cuando se habla de presión militar sobre un territorio, las referencias al riesgo para la seguridad de la población civil son evidentes.
“Desmantelar los campos de San Gregorio y de Bardenas y reversión al uso civil”
Por todo ello, CHA propone: desmantelar los campos de San Gregorio y de Bardenas y su reversión al uso civil, establecer un calendario de reducción de servidumbres militares en Aragón, con mecanismos de seguimiento y participación de las instituciones autonómicas y locales, garantizar el uso civil prioritario de infraestructuras estratégicas como los aeropuertos de Zaragoza y de Teruel, evitando su subordinación a programas militares, y reforzar su papel como polo de innovación tecnológica e industrial y reorientar los recursos actualmente destinados a prácticas militares hacia proyectos de desarrollo sostenible, innovación, investigación y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía aragonesa. Frente al auge del pensamiento ultra, los nuevos imperialismos y la escalada bélica, Aragón debe apostar por la cultura de la paz.
La juventud aragonesa se enfrenta a precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y emigración forzada. ¿Cuál sería la primera medida de tu gobierno dirigida específicamente a la juventud y qué cambiaría a corto plazo?
Nuestro objetivo es garantizar vivienda, empleo y oportunidades para que la juventud pueda quedarse en Aragón y construir aquí su proyecto de vida. Para ello, proponemos reservar un porcentaje fijo del parque público de vivienda para jóvenes, con alquileres asequibles vinculados a renta y prioridad en zonas rurales y comarcales, así como poner en marcha ayudas directas y estables al alquiler y a la emancipación juvenil, compatibles con estudiar o trabajar, que no obliguen a endeudarse ni a marcharse del territorio. Impulsaremos planes de empleo juvenil con contratos estables y salarios dignos, priorizando sectores estratégicos para Aragón y el arraigo en el territorio, y reforzaremos la inspección y las políticas activas de empleo para combatir la precariedad juvenil, el abuso de la temporalidad y las prácticas laborales sin derechos. Pero quizá la medida más llamativa puede ser la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda (de segunda mano) por jóvenes en Aragón, priorizando esta bonificación, por supuesto, a personas con menor renta.
“Nuestro objetivo es garantizar vivienda, empleo y oportunidades para que la juventud pueda quedarse en Aragón y construir aquí su proyecto de vida”
En esta campaña se han producido episodios de acoso machista y violencia política, especialmente desde la ultraderecha. ¿Cómo se debe responder ante esta ofensiva y qué responsabilidad tienen las instituciones para proteger a las mujeres y a quienes defienden derechos para todes?
Las administraciones públicas tienen la máxima responsabilidad, por supuesto, pero es toda la sociedad, es decir, todas las personas, toda la ciudadanía, cada uno y cada una, quienes no debemos asistir impasibles ante casos de acoso o violencia ni en la calle ni en las aulas ni en los bares ni en el trabajo ni en las redes. Solo así, entre todas podremos acabar con esta lacra machista, intolerante y fascista que nos invade. Hay que defender los protocolos y exigir su cumplimiento frente a los políticos negacionistas que, de hecho, defienden a los agresores.
En CHA apostamos por ciudades seguras e inclusivas: calles bien iluminadas, líneas de autobús seguras y periódicas por la noche, servicios de transporte a demanda, aceras amplias y accesibles y entornos libres de acoso. Exigiremos que Aragón aplique esta obligación en sus municipios (planes de movilidad, vivienda, espacio público). Las ciudades y pueblos deben diseñarse pensando en las mujeres.
Desde CHA pedimos establecer límites de uso y filtros de contenido en dispositivos y redes sociales para menores y mujeres en situación de vulnerabilidad, denunciar y bloquear cualquier conducta de acoso, grooming o difusión de pornografía, y promover espacios de apoyo psicológico y redes seguras para mujeres y jóvenes vulnerables. También implantaremos obligatoriamente protocolos antiacoso en todos los centros educativos, respeto efectivo al nombre y a la identidad de género del alumnado, y promoción activa del lenguaje inclusivo y la diversidad afectivo-sexual y de género en el ámbito educativo.
“Las ciudades y pueblos deben diseñarse pensando en las mujeres”
CHA se presenta con el lema “A favor de Aragón” y con un discurso de defensa del territorio frente a la recentralización españolista y la ultraderecha. ¿Qué significa hoy ser aragonesista en términos de políticas concretas y cómo se traduce eso en el día a día de la gente?
Como dije cuando tomé posesión como diputado en el Congreso, “per Aragón, es suyos dreitos y llibertaz, paisaches y ríos y la cllase treballadora”. Así es el aragonesismo político que CHA representa, un nacionalismo cívico y progresista, porque nuestro país es la gente, las aragonesas y aragoneses, por cuyos derechos trabajamos, para garantizar su igualdad de oportunidades vivan donde vivan, vengan de donde vengan, charren como charren y amen como amen.
Un aragonesismo comprometido con los valores democráticos y el autogobierno, con el feminismo, con los derechos LGBTI, con el equilibrio territorial, con la defensa de los servicios públicos, del medio ambiente, de la paz y los derechos humanos, pero también comprometido contra el odio, la discriminación y el españolismo excluyente.
Has reclamado un tren digno y eficaz entre Uesca y Zaragoza y financiación estatal y europea para mejorar las comunicaciones. ¿Qué prioridades marcaría CHA en infraestructuras y transporte público para combatir la despoblación y vertebrar el territorio?
No se trata solo de ampliar el Cercanías de Zaragoza a Uesca, Se trata de cambiar todo el concepto. Queremos una ambiciosa red ferroviaria que vertebre Aragón, en la que el Gobierno de Aragón participe de forma directa en las decisiones y con una financiación estatal adecuada en el marco de los objetivos de la nueva Ley estatal de Movilidad Sostenible, como reciben otras muchas ciudades. Aprovechando las vías de tren que ya existen, se trata de crear una red de cercanías en torno a dos grandes nodos, Zaragoza y Uesca, que conecten con Gallur, Caspe, Cariñena y Calatayud y con Binéfar, Monzón y Sariñena.
“Queremos una ambiciosa red ferroviaria que vertebre Aragón”
Se trata de una propuesta realista y eficiente para mejorar la movilidad, vertebrar el territorio y aprovechar mejor las infraestructuras ferroviarias que ya tenemos. Y que contribuiría a la descarbonización. Esto se completa con la Línea 2 del tranvía de Zaragoza, que resolverá la movilidad Este-Oeste de la ciudad y se integrará en el sistema de cercanías de Aragón con una visión metropolitana, igual que la ampliación hasta el Aeropuerto, PLAZA y Arcosur.
Aspiramos a gestionar conjuntamente todos los servicios que circulen exclusivamente por Aragón, sean Media Distancia o Cercanías, mejorando los horarios, frecuencias y material rodante, por supuesto. Queremos llevar la mentalidad metropolitana a todo Aragón, para vertebrar el territorio y acercar los servicios básicos a toda la población aragonesa vivan donde vivan.
Te brindamos un “minuto de oro” —risas compartidas—. ¿Qué idea fuerza lanzas al electorado aragonés para el 8F?
Aragón se la juega el 8 de febrero. Siendo conscientes de ello, intentamos conseguir una unión de toda la izquierda aragonesa, pero no fue posible. Ahora lo que nos toca es conseguir ilusionar y movilizar al electorado progresista para que ningún voto de izquierdas se quede en casa, y articular una mayoría suficiente para acabar con los recortes del PP y Vox.
Para ello, estos días estamos incidiendo en tres cuestiones fundamentales. La privatización que está llevando a cabo el PP, contra la sanidad y la educación, que ataca a los derechos sociales. Además, acabar con la desposesión de la tierra que están sufriendo los aragoneses, con fondos de inversión comprando tierras agrícolas en Aragón.
Y, también, el extractivismo de Aragón, que sirve de granero energético al Estado español, produciendo tres veces más energía de la que consumimos. Azcón está desguazando y vendiendo Aragón a cachos y tenemos que decir que necesitamos mejores recursos para pagar mejor a los profesores, para tener mejores escuelas, mejores hospitales y mejores carreteras, que siguen siendo las peores del Estado y, por qué no, apostar de una vez por la segunda línea del tranvía.
Para todo eso, es imprescindible la Hacienda foral aragonesa y rechazar el modelo de financiación impuesto desde fuera. Todas estas cuestiones, y muchas más que incluimos en nuestro programa electoral, se resumen en nuestro lema, ‘A favor de Aragón’, que explica muy bien lo que queremos transmitir en esta campaña electoral: una defensa del territorio, de los servicios públicos, del equilibrio territorial y de los intereses de Aragón por encima de todo.
