Izquierda Unida exige garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública aragonesa

Su portavoz, Álvaro Sanz, defenderá en las Cortes de Aragón una iniciativa para garantizar el acceso real al aborto en la sanidad pública aragonesa ante los obstáculos que persisten, como la derivación de toda interrupción voluntaria a una única clínica en Zaragoza y las trabas administrativas

Foto: COF

Izquierda Unida presenta este miércoles en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón una Proposición no de Ley con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema sanitario público aragonés.

La iniciativa, defendida por su portavoz Álvaro Sanz, parte de la constatación de que, a pesar de los avances legislativos, el derecho al aborto sigue enfrentando múltiples obstáculos en Aragón. "La interrupción voluntaria del embarazo solo se lleva a cabo, para todo Aragón, en una única clínica concertada ubicada en Zaragoza, lo que refuerza el estigma y aleja este derecho de la atención sanitaria ordinaria", ha señalado el diputado.

La formación política y social reclama en esta iniciativa al Gobierno de Aragón la creación urgente del registro de personas objetoras de conciencia, tal y como exige la Ley Orgánica 1/2023 y el protocolo aprobado en el Consejo Interterritorial en diciembre de 2024. Cabe destacar que Aragón es uno de los cuatro territorios que aún no han habilitado este registro, junto a Asturies, Illes Balears y Madrid, lo que ha motivado un requerimiento formal del Gobierno español.

Además, Izquierda Unida denuncia que las mujeres migrantes siguen enfrentando trabas administrativas para acceder a la IVE, como la exigencia de tres meses de empadronamiento ininterrumpido, lo que "vulnera el principio de igualdad en el acceso a la sanidad pública", explica Sanz.

La iniciativa incluye cuatro medidas concretas: habilitar el registro de objetores de conciencia antes de que finalice 2025; garantizar la práctica del aborto en el hospital del sector sanitario correspondiente; eliminar las trabas burocráticas que dificultan el acceso a la IVE; instar al Gobierno español a incorporar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución como un derecho libre, informado, pleno y universal.

"Es momento de consolidar derechos y establecer los mecanismos necesarios para hacerlos efectivos. El aborto debe dejar de ser una excepción y pasar a formar parte de la atención sanitaria normalizada", ha concluido Sanz.