La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha denunciado ante el Ministerio de Sanidad el incumplimiento sistemático del derecho al aborto en Aragón, donde ningún hospital público realiza interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) de manera ordinaria.
La denuncia llega a través del diputado aragonés de Sumar, Jorge Pueyo, y coincide con el 28 de septiembre, Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, en el que las feministas recordaron que “los derechos no se conquistan en el BOE, se conquistan en las calles”.
Los datos oficiales son elocuentes: en 2023 se registraron 1.854 IVEs de mujeres aragonesas —1.468 en Zaragoza, 257 en Uesca y 129 en Teruel—. De ellas, 1.810 (97,6%) se practicaron en clínicas privadas extrahospitalarias, mientras que en la red pública solo se ofreció información y derivación. La Coordinadora denuncia que esto supone una externalización sistemática del derecho al aborto y una vulneración flagrante de la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023 para garantizar el acceso en el sistema público.
Desplazamientos forzados y brecha territorial
La carta remitida al Ministerio detalla que las mujeres de Uesca son derivadas obligatoriamente a Zaragoza, con trayectos de hasta tres horas. En el caso de Teruel, muchas son enviadas a Zaragoza y otras incluso a València, recorriendo más de 300 kilómetros para ejercer un derecho que debería estar garantizado en su hospital de referencia.
A la falta de recursos en la red pública se suma la ausencia de un registro público y vinculante de objetores de conciencia, lo que permite que la objeción se alegue de forma generalizada sin control alguno. Esta situación, según la Coordinadora de Organizaciones Feministas, impide organizar equipos médicos en cada sector sanitario y perpetúa la dependencia absoluta de la red privada.
Exigencias al Ministerio
Ante esta realidad, las feministas reclaman al Ministerio de Sanidad que integre la IVE en la red hospitalaria pública aragonesa, “con unidades de referencia en cada provincia”. También pide la creación de un “registro público y vinculante de objetores de conciencia”, que se garanticen los protocolos de información y acompañamiento en atención primaria, con formación obligatoria para el personal sanitario, que se supervise y evalúe el cumplimiento de la ley en Aragón, con publicación periódica de datos desagregados, y que se reduzca la brecha territorial, con recursos y apoyos especialmente para las mujeres de Teruel y Uesca.
“El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano fundamental, vinculado a la autonomía, la salud y la dignidad. No puede depender del código postal, de derivaciones privadas ni de la voluntad individual de profesionales sin regulación adecuada”, recuerda la Coordinadora en su misiva.
Un 28S de denuncia y memoria feminista
El manifiesto difundido por la Coordinadora con motivo del 28 de septiembre recordó que los derechos sexuales y reproductivos en Aragón y el Estado español son fruto de un siglo de luchas feministas, vecinales, estudiantiles y sindicales, y no de concesiones institucionales. “Los avances legislativos, si no hay voluntad política ni organización social que los exija, se quedan en papel mojado”, subrayan.
La baja menstrual, por ejemplo, reconocida en 2023 como primera en Europa, apenas ha beneficiado a 2.688 mujeres en año y medio, lo que revela la distancia entre la ley y la práctica. Con el aborto sucede lo mismo: la reforma de 2023 prometía eliminar obstáculos, pero la realidad —dicen— es “el caos y la externalización sistemática”.
Una lucha internacionalista
El manifiesto de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza sitúa la reivindicación en clave global: en países como Andorra, El Salvador, Filipinas, Honduras, Madagascar, Nicaragua, República Dominicana, Hungría y Malta el aborto sigue prohibido en todos los supuestos; en Polonia la ley apenas lo permite en casos de violación o peligro de muerte; en Austria y Alemania el aborto no es gratuito; en Croacia, Italia, Rumanía y Hungría es funcionalmente inaccesible; y en Estados Unidos la regresión tras la derogación de la protección federal en 2022 ha generado una enorme desigualdad territorial.
“La lucha feminista es la única vía para conquistar y defender los derechos sexuales y reproductivos. Una lucha que debe ser internacionalista, porque peligran en muchos lugares y son inexistentes en otros. Solo organizadas podremos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad en todos los rincones del mundo”, concluyen las feministas zaragozanas.
