IU exige al Gobierno aragonés que controle la morosidad que asfixia a pymes y autónomos

Izquierda Unida presentará en el Pleno de las Cortes una PNL con medidas para garantizar la viabilidad de pymes y autónomos, que representan el 95% del conjunto del tejido productivo en Aragón

Álvaro Sanz de IU en una sesión sobre la pobreza
Álvaro Sanz. Foto: IU Aragón.

Izquierda Unida Aragón defenderá en el Pleno de las Cortes una proposición no de ley para atender los problemas de morosidad que sufren pymes y autónomos ante la falta de liquidez que argumentan las grandes empresas para “no pagar en tiempo y forma” por los productos o servicios prestados.

Su Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha comparecido en rueda de prensa para explicar las propuestas de IU ante una situación que ha calificado de “preocupante”.

Y es que, según el Observatorio de Morosidad de Cepyme, la morosidad llega hasta casi los 280.000 millones de euros tras incrementarse más del 17% en el último año, lo que incide especialmente en las empresas de menor tamaño, “que son las que tienen dificultades para acceder al crédito y que sufren más la morosidad al ser proveedores de otras compañías más grandes”, ha explicado Sanz.

El periodo medio de pago de las empresas españolas se situó en 81,4 días, incrementándose más en las grandes empresas y llegando a los 200 días, en el caso de las cotizadas en bolsa. Asimismo, según ha denunciado la patronal de las PYMES, el coste de oportunidad financiero de la morosidad empresarial alcanzó los 1.411 millones de euros durante el tercer trimestre de 2021, lo que supone un aumento interanual del 15,8%.

“Asistimos atónitos e impotentes a la paradoja que supone que 2021 fue un año histórico para el Ibex 35, con un beneficio total histórico superior a los 50.000 millones de euros, y éstas pagan de media a sus proveedores a 191 días”, ha criticado el diputado de IU para quien es el momento de que, tanto el Gobierno de Aragón como el de la nación, apliquen nuevas medias para que ni pequeñas empresas ni autónomos “paguen el pato” y soporten los problemas de liquidez de las grandes empresas.

En cuanto al Gobierno español, Sanz ha recordado la aprobación del Real Decreto-ley 6/2022, por el que se adoptaron medidas urgentes de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, disponiendo créditos ICO por importe de 10.000 millones de euros de financiación de avales con el fin de paliar las tensiones de liquidez generadas por el incremento de los precios de la energía y de otras materias primas.

En cuanto a la legislación, la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, del 2004, ya establece un plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios para proceder al pago, salvo acuerdo entre partes que nunca podrá superar los 60 días naturales. “Pero, como vemos, esto no se cumple”, ha denunciado Sanz.

Además, en la actualidad, las Cortes Generales están tramitando el Proyecto de Ley de Creación y Crecimiento Empresarial que reconoce esta situación y para lo que propone medidas para la reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial, entre las que destaca que las empresas morosas no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

Para Sanz, “es necesario ser más ambiciosos en la garantía del cumplimiento de las normas y, a pesar de los importantes esfuerzos realizados desde el Gobierno con recursos públicos para hacer frente a esta coyuntura, son necesarias más medidas, de carácter estructural, que las Administraciones pueden y deben desarrollar”.

En este sentido, la iniciativa parlamentaria que IU presentará en el próximo pleno de las Cortes de Aragón propone medidas para garantizar la viabilidad de pymes y autónomos, que son más del 95% del conjunto de nuestro tejido productivo.

Así, IU reclama al Gobierno de Aragón que ponga en marcha todas las medidas legales para asegurar el cumplimiento de los periodos de pago entre empresas y de manera especial los que tienen que efectuar las adjudicatarias de contratos públicos y a incorporar el cumplimiento de los plazos de pago establecidos legalmente como una obligación esencial en los contratos del sector público aragonés.

Otro de los puntos de la PNL pide instar al Gobierno de España a la modificar la ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el objetivo de establecer un régimen sancionador para el incumplimiento de los periodos de pago entre empresas; incluir las actuaciones de comprobación y la imposición de penalidades en todos los contratos públicos, independientemente del importe del mismo o del grado de subcontratación; incorporar la obligación de cumplimiento de los plazos de pago establecidos legalmente para poder optar a la concesión de subvenciones y ayudas públicas y crear un órgano con capacidad sancionadora que persiga el incumplimiento del periodo de pago legal y persiga prácticas abusivas.

IU defiende estas propuestas en un momento en el que se están poniendo a disposición los Fondos europeos de recuperación y transformación. “Hay que recordar que los PERTEs están articulados a través de empresas “tractoras” de la economía que vehiculan las ayudas a través de grandes corporaciones empresariales y, por ello, es fundamental garantizar que fluya el apoyo público a la economía real, a la del día a día y la de cercanía que son las pymes y los autónomos”, ha concluido.

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