El Gobierno de Aragón ha anunciado este viernes la puesta en marcha de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), aprobado el pasado mes de mayo en las Cortes de Aragón, y que puede empezar a solicitarse desde el lunes 18 de octubre.
Tras el anuncio, Izquierda Unida de Aragón denuncia que el decreto de la PACIMV "llega tarde" y "restringe" la ley aragonesa que lo regula (Ley 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social). Su coordinador general y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, lamenta que el Gobierno de Aragón no haya "aprovechado la oportunidad" de mejorar el acceso a la prestación aragonesa complementaria del IMV e incluso haya reglamentado restricciones que no recoge la ley.
En el caso concreto de las personas mayores de 65 años, desde IU advierten que la ley no limita la edad pero el decreto señala un límite que lo "inhabilita de facto". El decreto señala como requisito "ser menor de 65 años, con la excepción del supuesto en que sean beneficiarios del complemento fijado para el IMV". Sin embargo, explica Sanz, para acceder al IMV "no se puede estar cobrando una pensión no contributiva por lo que dejan fuera a personas mayores con pensiones ridículas".
IU también denuncia que el Ejecutivo aragonés "deja fuera a muchas personas en situación de vulnerabilidad". La ley recoge que serán sujeto de la prestación las personas empadronadas y con residencia efectiva en Aragón, sin embargo, el decreto lo interpreta de forma "muy limitada", al señalar que, "en el caso de los extranjeros, este requisito se aplicará de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón".
El portavoz parlamentario de IU advierte que los artículos a los que se hace referencia lo limitan a personas extranjeras residentes, "a pesar de que las mismas leyes en otros apartados de los mismos artículos, 14.3 y 4.3, posibilita el acceso sin exigir la residencia". En su opinión, la consecuencia directa de esta restricción es que las víctimas de violencia de trata y explotación sexual "se quedan fuera" del acceso a la prestación "a pesar de reconocérsele como colectivo especial de cobertura". "Seguimos haciendo normas que limitan el acceso a las personas vulnerables", denuncia Sanz para advertir que el empadronamiento del titular desde hace un año "no reconoce la realidad de una población que migra", ya que "el derecho se pierde cuando te empadronas en otro lugar pero hasta dentro de un año no se puede solicitar en la nueva comunidad". "Esto es una incongruencia que no se adapta a la realidad y podemos entender la necesidad de un plazo, pero un año es demasiado tiempo", apunta.
Complemento de gastos de vivienda
En cuanto el complemento de gastos de vivienda que se añade a la cuantía de PACIMV o del complemento al IMV, Izquierda Unida denuncia que el Gobierno de Aragón no incluye en la cuantía de base (522€ para persona individual) el complemento de vivienda que se negoció en la ponencia en el trámite parlamentario del proyecto de ley y lo mantienen al margen, algo que, según Sanz, "reduce" el acceso a la prestación y "contradice" la vocación con la que se negoció. Además, critica que, para ser un reglamento, no explicita los medios válidos en derecho para la acreditación de requisitos en los que sea "difícil" recabar documentación oficial.
Asimismo, el diputado de IU informa que el reglamento "no incorpora" nuevos complementos que se podían incorporar, ni nuevas realidades, ni tampoco explicita cómo se hará. "No regula la subcomisión de seguimiento de implantación de la PACIMV, herramienta que se valoró para su adecuación a la realidad. Solo da carta blanca a la consejera para hacerlo pero ya sin plazo", reitera.
Este reglamento ha estado pendiente desde junio de 2020 y, tras la aprobación de la ley, en mayo de 2021, tuvo que ajustarse a la aprobación de está pero, para IU, debería haber contado con las alegaciones y aportaciones de las entidades por su relevancia dentro del sistema de prestaciones de Aragón.
