Las autoridades israelíes deben desmantelar el sistema de apartheid, causante de gran sufrimiento y derramamiento de sangre, ha manifestado Amnistía Internacional. Desde que la organización lanzara una gran campaña contra el apartheid hace un año, las fuerzas israelíes han matado a casi 220 personas palestinas, 35 de ellas sólo en enero de 2023. Los homicidios ilegítimos contribuyen a mantener el sistema de apartheid de Israel y constituyen crímenes de lesa humanidad, al igual que otras violaciones graves y continuas de derechos humanos por parte de las autoridades israelíes, como son la detención administrativa y los traslados forzosos.
“Los devastadores sucesos de las últimas semanas han sacado a relucir una vez más el mortífero coste asociado al sistema de apartheid. El hecho de que la comunidad internacional no obligue a las autoridades israelíes a rendir cuentas por el apartheid y otros crímenes les da vía libre para segregar, controlar y oprimir a la población palestina a diario y contribuye a perpetuar una violencia mortal. El apartheid es un crimen de lesa humanidad y, francamente, resulta escalofriante ver que sus autores eluden la justicia año tras año”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Desde hace tiempo, Israel trata de silenciar las conclusiones sobre el apartheid con campañas de difamación selectivas y la comunidad internacional se deja amedrentar con estas tácticas. Hasta que no se desmantele el apartheid, no habrá esperanzas de proteger la vida de la población civil ni de ofrecer justicia a las familias afligidas de Palestina e Israel.”
A la sombra del apartheid, las autoridades israelíes controlan prácticamente todos los aspectos de la vida del pueblo palestino y lo someten a opresión y discriminación a diario mediante la fragmentación territorial y la segregación legal. La población palestina que reside en los Territorios Palestinos Ocupados está segregada en enclaves separados; las personas que habitan en la Franja de Gaza están aisladas del resto del mundo bajo el bloqueo ilegal de Israel, que ha provocado una crisis humanitaria y es una forma de castigo colectivo.
Muestras de apartheid diarias
El 1 de febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se explica que Israel aplica un sistema institucionalizado de opresión y dominación contra la población palestina allá donde tiene control sobre sus derechos: en Israel, en los Territorios Palestinos Ocupados y contra las personas refugiadas desplazadas, al negarles su derecho a regresar. En él se exponía que las leyes, políticas y prácticas israelíes se concebían con el objetivo primordial de mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control de la tierra y los recursos para beneficiar a la población israelí judía en detrimento del pueblo palestino.
En el año 2022 se constató un elevado número de muertes entre la población palestina de Cisjordania, una de las cifras más altas desde al menos 2005. Las fuerzas israelíes mataron a unas 153 personas palestinas, incluidas decenas de menores, la mayoría en el contexto de un mayor número de asaltos militares y operaciones de detención. Una investigación de Amnistía Internacional reveló que 33 personas palestinas, entre ellas 17 civiles, habían muerto a manos de las fuerzas israelíes durante su ofensiva de agosto de 2022 contra Gaza y que los cohetes lanzados por grupos armados palestinos habían matado al menos a 7 civiles.
Al mismo tiempo, los incidentes de violencia de los colonos israelíes contra la población palestina aumentaron por sexto año consecutivo en 2022; los ataques incluyeron agresiones físicas, daños a la propiedad y olivares arrasados. Está ampliamente documentado que las autoridades israelíes consienten y facilitan esta violencia, en especial cuando detienen a personas palestinas que están siendo atacadas, cuando proporcionan escolta armada a los colonos o cuando simplemente se limitan a contemplar cómo se golpea al pueblo palestino y se destruyen sus propiedades. Esta cultura de impunidad ha engendrado aún más violencia, como demuestra la oleada de ataques que han protagonizado los colonos en los últimos días.
Reconocimiento creciente
En vista de estas violaciones de derechos humanos, crece el reconocimiento internacional de que las autoridades israelíes están cometiendo apartheid. La población palestina lleva largo tiempo exigiendo que el régimen de Israel se considere apartheid; varias organizaciones palestinas (como Al Haq, el Centro Palestino de Derechos Humanos y Al Mezan) se sitúan a la vanguardia de la acción en defensa de esta iniciativa ante la ONU.
El impulso a favor de dicho reconocimiento cobró fuerza en 2022, cuando dos relatores especiales de la ONU concluyeron que las autoridades israelíes estaban cometiendo apartheid. Se duplicó el número de Estados que hicieron referencia en el Consejo de Derechos Humanos al apartheid cometido por Israel: la cifra pasó de 9 en 2021 a 18 en 2022. En particular, Sudáfrica y Namibia se hallan entre los Estados que han expresado su preocupación ante la posibilidad de que el trato que dispensa Israel a la población palestina constituya apartheid. Varias organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes han pedido también el fin del apartheid, entre ellas Human Rights Watch, B'Tselem y Yesh Din.
Las autoridades israelíes han hecho todo lo posible por suprimir y desacreditar las conclusiones acerca del apartheid. Las consecuencias son especialmente graves para quienes defienden los derechos humanos en Palestina: en agosto del año pasado, las autoridades israelíes irrumpieron en las oficinas de siete destacadas organizaciones no gubernamentales palestinas, tras calificarlas de “entidades terroristas” y declararlas ilegales. En diciembre, Salah Hammouri, investigador de campo de Addameer (organización que defiende los derechos de las personas privadas de libertad), fue desposeído de su permiso de residencia en Jerusalén y deportado a Francia tras nueve meses de detención administrativa israelí.
“Derriben el apartheid, no las viviendas palestinas”
Los desalojos y las demoliciones de viviendas palestinas son la manifestación más tangente del apartheid. Actualmente millones de personas palestinas viven bajo el sistema de apartheid de Israel, y en el centro de este sistema discriminatorio se encuentra la negación de un hogar. La confiscación de propiedades y las leyes y políticas de planificación del gobierno israelí hacen imposible que los y las palestinas construyan viviendas, ya sea en la Cisjordania ocupada o en el propio Israel.
La población palestina de Israel soporta políticas de vivienda discriminatorias que en algunos casos desembocan en desalojos forzosos, sobre todo en el Néguev/Naqab, en el sur de Israel, pero también en Jerusalén Oriental. En Gaza, Israel ha destruido viviendas palestinas durante campañas de bombardeos o al llevar a cabo operaciones militares a lo largo de las fronteras de Gaza con Israel y Egipto.
Por todo ello, el Grupo de Uesca de Amnistía Internacional convoca el viernes, 5 de mayo, a una concentración contra la destrucción de viviendas palestinas. Será en plaza Zaragoza de Uesca a las 19.00 horas.
