Berta Zúñiga Cáceres y Camilo Bermúdez, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han visitado la capital de Aragón como parte de una gira internacional por varios países europeos en la que están dando a conocer los resultados de la investigación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) sobre el asesinato hace diez años de Berta Cáceres, lideresa indígena, reconocida luchadora medioambiental y representante del pueblo Lenca, así como para denunciar la situación actual en Honduras tras las recientes elecciones en las que ha sido patente la injerencia norteamericana y el fraude electoral.
La investigación presentada en Zaragoza de los expertos internacionales, que ha durado once meses, fue puesta en marcha por la pasividad del estado hondureño en buscar los verdaderos instigadores y promotores del asesinato de Berta. La rigurosidad del informe ha sido avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tal y como recoge el informe la responsabilidad del asesinato se extiende tanto a los organismos del estado hondureño, que conocían con más de dos meses de antelación los planes concretos para asesinar a Berta, por estar realizando escuchas telefónicas al grupo criminal que ejecutó el asesinato, y no hizo nada para impedirlo, como a los bancos Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) que financiaban las obras del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, dentro del territorio indígena de Rio Blanco contra el cual luchaba Berta y que permitieron el desvío de los fondos que ellos aportaban para el pago de los asesinos.
Según el informe del GIEI el asesinato de Berta Cáceres fue “previsible y prevenible”, precedido por múltiples operaciones de inteligencia ilegal, seguimiento sistemático y planificación logística.
El GIEI llegó a la conclusión de que el conflicto y la violencia asociados al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca tienen como causa estructural la persistente omisión del Estado hondureño en reconocer y garantizar el derecho del pueblo indígena lenca de Río Blanco a la propiedad colectiva de su territorio, y que la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca estuvo acompañada de una “obstaculización deliberada” de prácticas culturales y del acceso a lugares sagrados para la comunidad indígena lenca, con el propósito de “desmoralizar y debilitar la resistencia colectiva”.
Violaciones continuadas de los derechos del pueblo lenca de Río Blanco
El GIEI determinó también que el asesinato de Berta Cáceres produjo impactos devastadores y de largo alcance sobre su familia, el COPINH, la comunidad lenca de Río Blanco, y el movimiento de derechos humanos en Honduras y en la región, y constató que el Estado no ha adoptado medidas de cesación para poner fin a las violaciones continuadas de los derechos del pueblo lenca de Río Blanco, subrayando que “las garantías de no repetición requieren acciones estatales que trasciendan medidas formales”.
El Grupo Internacional de Expertos Independientes ha desarrollado una relación de medidas que deberían ser adoptadas por el estado y las entidades financieras para evitar la repetición de acciones como el asesinato de Berta Cáceres y para el desarrollo de un plan de reparación integral y de carácter colectivo para las víctimas del caso, en particular para las comunidades lencas impactadas por el extractivismo y la violencia derivadas de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
En esta visita por diferentes países europeos, además de en Aragón, han mantenido reuniones en Bruselas con representantes del Consejo y del Parlamento Europeo, en Holanda con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el mismo Banco FMO, al que se le entregó el informe, en Ginebra con relatorías especiales de Naciones Unidas, así como con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en Berlín con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Banco Deutsche Bank. En Madrid se han reunido con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y Diputadas.
En todos estos lugares han desarrollado actividades con organizaciones sociales y políticas. Con todo esto esperan que se presione al gobierno hondureño para que implemente las medidas necesarias para proteger a su población de la voracidad de las compañías transnacionales y que en Europa se dicten normas que controlen las inversiones de los bancos y compañías europeas.
Finalmente, Berta Zúñiga Cáceres y Camilo Bermúdez invitan a descargar y leer el informe del GIEI que está disponible en esta web.
