Entra las organizaciones integrantes de este movimiento encontramos a CGT, Intersindical, COBAS o Solidaridad Obrera. El manifiesto de esta plataforma convocando a la movilización clamaba "por un verdadero proceso de estabilización, acorde con las sentencias del TJUE".
En Aragón STEPA, CATA, ISTA, SOMOS y STEA, así como CGT, han promocionado esta movilización y participado de forma activa en la misma. Cientos de trabajadores y trabajadoras temporales de las administraciones públicas aragonesas han participado en la marcha.
STEPA-CATA, tercera fuerza sindical en la Administración General de Aragón, ha destacado la presencia de "los afectados aragoneses" en esta protesta, con salida de autobuses desde Teruel, Uesca y Zaragoza, "porque el Ejecutivo del PP con Jorge Azcón destaca como uno de los grandes infractores de la ley".
Desde el Sindicato de Administración Pública (SAP) de CGT de Zaragoza también valoran muy positivamente la participación en la movilización y señalan "que es otro paso más hasta conseguir la estabilización real de todo el personal en abuso de temporalidad y la readmisión de todos los cesados ilegalmente".
Con el lema "No somos plazas, somos personas", la manifestación pasó frente al Congreso de los Diputados para reclamar "al actual responsable del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, que se cumpla de manera efectiva la Directiva europea 1999/70/CE, que exige que las plazas para atender necesidades permanentes deben ser cubiertas con contratos fijos, y reconoce el derecho de los interinos que llevan más de tres años en su puesto a consolidar su plaza, la misma sanción para la empresa incumplidora que se aplica en el sector privado", según relata STEPA en la nota remitida a AraInfo.
Según los cálculos de la unión sindical convocante de la marcha, 755.000 personas trabajan en estatus de funcionario interino, un grupo que incluye, entre otros, docentes, personal administrativo, trabajadores y trabajadoras socioculturales, oficiales de mantenimiento, personal sanitario o bomberos y bomberas. "Muchos de ellos que han desempeñado sus funciones durante 20 o 30 años y ahora ven cómo su estabilidad laboral, su hogar y su futuro están en peligro", relatan desde STEPA. En opinión de esta organización la "la Ley 20/2021 de medidas para reducción de la temporalidad en el sector público y el Real Decreto Ley 5/2023 regularon una solución, aunque incompleta", estableciendo "la convocatoria de procesos de estabilización extraordinarios para los afectados". Pero añaden a continuación que "sin embargo, muchas administraciones autonómicas y locales se han saltado completamente esta disposición, como es el caso de Aragón, y no dejan de echarlos a la calle, sin darles posibilidad de estabilizar ni indemnizar el abuso".
Aragón a la cabeza de los incumplimientos
STEPA ha recalcado que dentro del panorama estatal, "Aragón está a la cabeza de los incumplidores". Así, frente al 30% de interinidad señalado por la plataforma para el conjunto del estado, el último dato oficial en Aragón ofrece una temporalidad de 50,1%, que llega al 56,2% en la Administración General.
Según los cálculos de STEPA, unos 17.000 trabajadores y trabajadoras de la DGA tienen derecho legal a la fijeza, pero el Gobierno de Aragón "ha convocado por este sistema menos de un 25% en Administración General, no ha ejecutado ninguna de las convocatorias extraordinarias y ni siquiera ha identificado las plazas que cumplen con los requisitos", apuntan. Así, denuncian, está incumpliendo incluso "su propia Ley de Presupuestos de 2023, que incluía como disposición transitoria la obligación de publicar "un listado de todas las plazas, de todos los cuerpos, escalas y especialidades, que cumplían con los requisitos de la Ley 20/2021, pese a que este proceso debe concluir antes del 31 de diciembre".
El sindicato denuncia que "la actuación de Azcón y los responsables de Función Pública se ha basado en despedir masivamente a los afectados, incluso a los que cuentan con sentencias judiciales favorables, en la mayoría de casos sin cubrir las plazas vacantes resultas de los ceses", por lo que se está provocando "un grave deterioro de los servicios públicos, con una plantilla cada vez más sobrecargada, en la que más del 16% de puestos de la Administración General se encuentran vacantes".
En esta misma línea se ha expresado el SAP de CGT de Zaragoza que adjetiva la situación de "absolutamente intolerable y vergonzosa", incidiendo también es que la administración aragonesa "se lleva la palma con una tasa del 50,1%, un porcentaje de plazas sin cubrir que llega al 20% y que consecuentemente conlleva una mayor carga de trabajo para los compañeros que siguen y un grave perjuicio para el conjunto de los servicios públicos y para la ciudadanía que los sufre".
STEPA ha recordado que este mes la Comisión Europea ha vuelto a abrir un procedimiento de infracción contra el Estado español por no brindar una protección suficiente contra el uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada a los trabajadores del sector público, "en un nuevo aviso de las sanciones y compensaciones a los afectados que van a terminar pagando todos los ciudadanos si los responsables políticos siguen desobedeciendo", y ha resaltado que no dejará de reivindicar "un servicio público de calidad, eficiente y que cuide a su personal".
Desde CGT también anuncian que no abandonarán la lucha contra el abuso de temporalidad en las administraciones públicas. "Que nadie dude que desde CGT se continuará luchando por un empleo digno, la salvaguarda de los servicios públicos y de su calidad", afirman.
