La Federación Sectorial estatal de Administración Pública de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) denuncia la que considera la "enésima maniobra" que "se inventa el Tribunal Supremo" para "desatender", tras la sentencia del TJUE del 22 de febrero, "el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del casi un millón de trabajadores y trabajadoras afectadas por el abuso de temporalidad en todas las administraciones y en el conjunto del sector público".
En una nota de prensa, FETAP-CGT critica que los magistrados integrantes del Tribunal Supremo "han evidenciado una vez más su absoluta falta de imparcialidad e independencia al responder a los estímulos emanados de determinadas fuerzas políticas parlamentarias en contra de la aplicación efectiva de la jurisprudencia comunitaria y del principio de supremacía del derecho de la UE, como ha quedado patente ya antes en innumerables ocasiones".
Para el sindicato, "lo que la Sala de lo Social de este órgano judicial pretende al eludir su responsabilidad jurisprudencial y elevar nuevas cuestiones prejudiciales respecto a la aplicación de la sentencia del TJUE del pasado 22/02/2024 es ganar tiempo, pese a la claridad de dicha sentencia. Dando así un balón de oxígeno a la conclusión de miles de convocatorias de empleo público de 'estabilización' que se amparan en la fraudulenta Ley 20/2021 derivada en su día del 'Icetazo", y que "están basadas en la mentira establecida en su preámbulo, según el cual, 'el TJUE comparte la postura (...) de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente". FETAP-CGT considera que el TJUE "nunca ha compartido en sus sentencias y autos dicha postura, que fundamenta falsamente esa ley".
Así, FETAP-CGT califica de "esperpéntico" que esa Sala Cuarta del TS manifieste ahora tener “dudas”, cuando ha recibido "la sentencia más clara y contundente que cabría imaginar, máxime cuando lleva lustros dando tremendos bandazos jurisprudenciales para no asumir la primacía del derecho europeo en este tema, llegando incluso a sentenciar durante años con una figura como la del 'indefinido no fijo' que es una invención propia que no se encuentra recogida ni prevista en ninguna norma de nuestro marco legal".
El sindicato considera, además, que quién no debería tener “dudas” sobre "cómo darle encaje en nuestro marco normativo a la sentencia del TJUE, aunque sea más de 25 años después de la aprobación de la nunca completamente transpuesta Directiva 1999/70/CE", es el ministro del ramo, José Luis Escrivá. "A él debería corresponder liderar la solución legislativa definitiva a esta problemática", afirma FETAPA-CGT que le emplaza a "tener valentía política para hacerlo". Consideran que "parece carecer por ahora de la voluntad necesaria, al defender que la sentencia afecta solo a algunos casos concretos". Dichos casos "tan concretos", para FETAP-CGT, son "nada más y nada menos que los de unos cuantos centenares de miles de personas en abuso de temporalidad en todo el sector público". Y alertan de que Escrivá "tal vez sea otro ministro de Función Pública al cual la cosa le venga grande y que pueda acabar siendo cesado antes de concluir su mandato por no estar a la altura que la solución a esta problemática exige".
FETAP-CGT hace referencia también a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la cual, a diferencia de “las dudas” que manifiesta la Sala de lo Social, "parece no tener duda alguna y continua sin quererse dar por aludida por las indicaciones jurisprudenciales que llegan desde Luxemburgo". En consecuencia, el sindicato considera que "continua obviando e ignorando directamente lo expuesto en la reciente sentencia del TJUE". "De hecho -señala la Federación-, hasta el día de hoy dicha Sala sigue haciendo prevalecer sobre el derecho comunitario su peculiar jurisprudencia, que consiste en reconocer el abuso, en el mejor de los casos, pero no sancionarlo".
En este sentido, FETAP-CGT apunta que "para continuar sosteniendo esta fuga impropia en la aplicación del derecho comunitario, tanto jueces como políticos tergiversan el problema, confundiendo de manera intencionada el acceso a la función pública con el efecto derivado del abuso de temporalidad". "Hablar en este caso del acceso de trabajadores y trabajadoras que accedieron a la función pública hace lustros, e incluso décadas, mediante procesos selectivos organizados por la propia administración, y que llevan prestando servicios durante todo ese tiempo es obsceno", recalcan en la nota.
Desde FETAP-CGT comunican que no van a renunciar a lo que consideran justo y "conforme a la norma y jurisprudencia europeas". Exigen al Gobierno español que "ejerza la potestad legislativa que le corresponde, transponiendo de una vez de forma completa la Directiva 1999/70/CE y asumiendo las consecuencias de la misma". Negociando para ello "con los afectados y afectadas del abuso, y no solamente con los sindicatos mayoritarios del sector con los que prefiere siempre interlocutar entre bambalinas". Trasladan que, en caso contrario, no escatimarán esfuerzos en "organizar y dar apoyo a todos los mecanismos de movilización que consideren necesarios", sin descartar el recurso a paros en todo el sector. También señalan que pronto habrá una causa abierta por este tema a nivel europeo, en un juzgado de otro Estado miembro, bajo el amparo de la Directiva “Whistleblower”.
La Federación Sectorial de Administración Pública de la CGT finaliza afirmando que "la huida hacia adelante en este asunto por parte del Gobierno está poniendo en serio riesgo la percepción de fondos europeos, influye en la ejecución de dos procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea, y está dañando seriamente tanto a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación de abuso como a la prestación de nuestros servicios públicos".
