El día en el que el Gobierno tiene previsto aprobar las nuevas ayudas a la compra de automóviles, varios escaladores y escaladoras de Greenpeace han desplegado en la plaza de Neptuno de Madrid, junto al Congreso de los Diputados español, una pancarta de más de 200 metros cuadrados a 50 metros de altura en la que se lee “No más dinero público a empresas contaminantes”, desde la organización aseguran que “todas las personas que han participado en la acción han respetado en todo momento el protocolo y las medidas de seguridad marcados por el estado de alarma”.
Coincidiendo con el debate de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica que se reúne hoy en el Congreso español, Greenpeace “denuncia que en el actual contexto de crisis económica, se sigan apoyando los combustibles fósiles con dinero público. Ayudas como las que hoy -martes 16 de junio- se aprueban apuntalan un sistema económico e industrial que se ha demostrado fallido e incompatible con los compromisos climáticos”.
Solo en el Estado español “ya se han aprobado más de mil millones de euros en avales a las aerolíneas, a los que se suma el paquete de hoy de ayudas por 1.050 millones de euros para la automoción -de un total de 4.000-, que reserva 250 millones para subvencionar la compra de vehículos particulares, incluyendo combustibles fósiles como el diésel, la gasolina o el gas”, indica Greenpeace.
“El Estado financia a industrias contaminantes con dinero público en el contexto del COVID-19, comprometiendo los objetivos de reducción de emisiones firmados por España”, ha declarado Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace, que pone como ejemplo a la industria de la automoción: “Mientras países como Alemania o Francia concentran sus ayudas en el desarrollo de vehículos eléctricos, España aprueba subvenciones millonarias para coches diésel y gasolina, perpetuando así nuestra dependencia de los combustibles fósiles. La llamada ‘neutralidad tecnológica’ es un eufemismo para justificar las ayudas a vehículos contaminantes”.
Greenpeace avisa del riesgo que supone para el Estado español “seguir basando las exportaciones en vehículos de combustión interna, mientras los países de las principales matrices (como Francia o Alemania) evolucionan rápidamente hacia nuevas tecnologías. Si esta situación se refuerza, además, con subvenciones públicas, podría condenar a la obsolescencia a un sector que supone el 10% del PIB estatal. Lo sucedido en Nissan podría repetirse si no se aborda la transformación del sector hacia vehículos de cero emisiones”, ha alertado Fernández.
La organización ecologista señala que “es el momento propicio para darle la vuelta al sistema y acometer cambios estructurales de calado que impulsen y fortalezcan al país, sobre todo para afrontar crisis como la climática, que ya lleva tiempo avisando de sus devastadores efectos”.
Greenpeace critica al plan de Sánchez para los vehículos de combustión
La acción de Greenpeace se produce el mismo día en que el Consejo de Ministros español tiene previsto aprobar el plan de rescate al motor, que contempla una inversión cercana a los 4.000 millones de euros para incentivar la venta de automóviles, incluidos los de combustión.
La organización ecologista critica “que el ejecutivo haya disfrazado esta ayuda multimillonaria como ‘verde’ cuando en realidad supone apuntalar un modelo de movilidad basado en el vehículo privado y contaminante”. Greenpeace denuncia que “este plan de ayuda se ha diseñado al dictado del lobby de la automoción, sin esperar a la recuperación de la actividad -los concesionarios han estado cerrados hasta hace apenas unos días- y sin evaluar el impacto que supondrá una mayor venta de vehículos diésel y gasolina. En lo relativo a gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 en los vehículos nuevos están subiendo al venderse modelos cada vez más grandes, como los SUV”.
En opinión de Greenpeace, el gobierno español “es plenamente consciente de que es posible conceder ayudas solo a coches cero emisiones, puesto que también se aprueba la ampliación a 100 millones de euros del Plan MOVES II y otros 300 para compra pública. La organización ecologista reconoce estas medidas y destaca que sólo apoyando una flota cero emisiones se podrá garantizar la viabilidad laboral y ambiental de la automoción”.
Además, Greenpeace “valora positivamente que se comiencen a vincular las ayudas a la renta de los compradores y pide mayor progresividad para evitar subvencionar la compra a las rentas altas”. Por último, desde la organización ecologista aseguran que “la Dirección General de Tráfico -DGT- finalmente va a acceder a revisar los criterios para el distintivo ambiental, una petición largamente demandada por las asociaciones ecologistas para evitar la intromisión con etiqueta ECO o CERO de vehículos de gran potencia o que queman algún tipo de combustible fósil”.
